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El orden internacional coloca al paraíso fiscal contra la pared
| La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presiona por un mayor equilibrio financiero mundial. En Ecuador también se adoptan resoluciones. |
 | | Ilustración KRT |
La semana anterior en la ciudad de L’Aquila (Italia) se realizó la Cumbre del G-8, con el objetivo de analizar las convulsiones económicas y políticas del planeta.
En la cita, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, y el primer ministro de Reino Unido, Gordon Brown, pidieron que se apliquen sanciones contra los paraísos fiscales. Los gobernantes coincidieron en que estos paraísos han hecho daño a la economía y por ello se debe sancionarlos.
Pero las críticas a los paraísos fiscales no solo provienen del G-8 (Alemania, Canadá, EE.UU., Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia). Otros grupos como el G-20 (al G-8 se suman Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, República de Corea, Sudáfrica y Turquía, y un representante de la Unión Europea), también presiona para que se sancione a este grupo de países.
Pero, ¿qué es un paraíso fiscal? Para César Montaño, director del Área de Derecho de la Universidad Andina (Sede Ecuador) y presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, los paraísos fiscales son territorios o jurisdicciones de tributación benigna. “Allí se exige poca o ninguna información sobre las operaciones o el origen de los capitales y las inversiones, así como baja o nula tributación sobre la renta”. Añade que no siempre cuentan con un control en el cambio de monedas, y han adecuado sus sistemas jurídicos para facilitar la creación local de múltiples tipos de sociedades, frecuentemente denominadas ‘off shore’, ‘holdings’, ‘trusts’, filiales, entre otras.
Los paraísos fiscales usualmente no tienen una red de tratados tributarios, que permitan luchar contra la evasión y elusión fiscal internacional, así como intercambiar información sustancial para los fiscos. Por ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mantiene la denominada ‘lista negra’ (ver gráfico), con los países, territorios, jurisdicciones o estados denominados paraísos fiscales y que debieran aplicar reglas internacionales sobre tratados tributarios e intercambio de datos.
El jefe de la División de Mercados de Capitales e Instituciones Financieras del Banco Interamericano de Desarrollo, Kurt Focke, asegura que este momento los paraísos fiscales están bajo fuerte presión internacional, para que se adapten a un nuevo orden financiero internacional. “En la última cita del G-20 se acordó aplicar más sanciones a los paraísos”.
Los paraísos fiscales funcionan con sistemas financieros y tributarios desregulados total o parcialmente, con esquemas permisivos y de alta reserva (riguroso secreto bancario), que pueden beneficiar a las personas naturales o jurídicas situadas en el extranjero. El secretismo puede cobijar por igual capitales tanto de origen lícito como ilícito, explica Montaño.
El jurista y catedrático experto en temas tributarios Mario Prado, añade que para aquellos países que no tienen Impuesto a la Renta o tienen tarifa reducida es bueno ser un paraíso fiscal, porque atraen inversión extranjera y le convierten a su economía en una economía de servicios.
La preocupación por este tema también copa la agenda del Gobierno ecuatoriano, a raíz de la decisión del presidente Rafael Correa. Tras establecer el vínculo accionarial de su hermano Fabricio con empresas domiciliadas en el exterior, el Mandatario prohibió las contrataciones públicas con empresas que tengan domicilio en países considerados “paraísos fiscales”.
Por ello, el Presidente emitió el Decreto Ejecutivo 1793 para regular la relación contractual del sector público con las empresas domiciliadas en el exterior. Una publicación de EL COMERCIO del pasado 7 de julio estableció que el 70,5% de los grupos económicos que operan en el mercado local tiene accionistas en el exterior. Reportes del Servicio de Rentas Internas señalan que de 51 consorcios empresariales, 36 registran como accionistas a empresas radicadas en otros países.
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