El proyecto de Ley Orgánica de Aduanas llegó al Ejecutivo y espera su aceptación para pasar a la Asamblea Nacional. Una particularidad del proyecto es su espíritu sancionador. Santiago León, presidente del Directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), dice que el castigo fuerte es necesario para evitar la evasión tributaria.

El proyecto de Ley Orgánica de Aduanas tiene un tinte prevalentemente sancionador, ¿por qué fue pensado y planteado así?

Es una ley en la que queremos combatir el contrabando, pero no solo mediante sanciones. Es una ley sancionadora, pero a la vez facilita los trámites. Esta administración quiere hacer más fácil el trabajo al contribuyente que paga sus impuestos, está al día y es localizable.

¿Cuáles contribuyentes, por ejemplo?

El proyecto recoge la posibilidad de que haya importaciones que no presenten documentos físicos, sino electrónicos. Es el caso de importadores con perfil de riesgo bajo.

¿La sanción es parte de esa facilitación?

Cuando hay esas facilidades se las debe acompañar de sanciones fuertes para desincentivar la evasión, como multas por ejemplo. Damos las facilidades a los sectores importador y exportador, pero ellos tienen la responsabilidad de no equivocarse, ni tratar de evadir impuestos. Porque el rato que se detecta algo hay sanciones muy fuertes y ejemplarizadoras.

¿La meta es aumentar las recaudaciones?

No, la recaudación es una consecuencia del movimiento de comercio exterior en condiciones normales. Pero en un país como el nuestro, donde la evasión ha sido un deporte nacional, ahí sí el objetivo es recaudar más. Pero no con la idea de tener más ingresos, sino para que paguen los que nunca han pagado.

¿A cuánto ascendieron las recaudaciones aduaneras durante el año pasado?

En 2009 se recaudaron USD 2 500 millones, es decir volvimos a los niveles de 2007, pero hubo restricciones y las importaciones se redujeron en un 19%, pero la recaudación solo cayó 11%.

¿Cuáles son las proyecciones para este año, con un proceso para desmontar las salvaguardias y un proyecto legal en camino?

El desmontaje es paulatino, pero calculamos que estará por los USD 2 700 millones.

De ese rubro y bajo las condiciones actuales de infracción, ¿cuánto corresponde a multas y sanciones?

Es marginal, unos USD 10 millones. El objetivo no es recaudar más por multas y sanciones, sino incentivar a los contribuyentes a que no evadan los impuestos.

Una falencia histórica de la Aduana es la corrupción interna, ¿cómo contribuirá esta nueva ley a frenarla?
En esta Ley proponemos un artículo puntual que se llama Responsabilidades del Funcionario Aduanero. Si hay algún funcionario, o la institución como tal, se demora en despachar un trámite sin razones justificadas deberá asumir los costos adicionales de bodegaje, movimiento de contenedores, etc. Esto busca generar en el funcionario un mayor sentido de obligación con el usuario y eliminamos un foco de corrupción.

¿Qué otros beneficios traerá esa nueva ley al desarrollo del comercio exterior?

Más allá de la ley, que es buena, hay dos proyectos que los vamos a emprender este año. El primero es un nuevo sistema de software para la Aduana. Queremos un sistema adecuado, que acepte las transacciones cero papeles y con firma digital, que los trámites se puedan hacer desde cualquier sitio con acceso a Internet.

La idea no es recaudar más dinero por multas, sino incentivar que no se evada el pago de impuestos

Integrar ese sistema con Inen, Agrocalidad y otros organismos del Estado que deben dar certificaciones. El mecanismo es crear una Ventanilla Única de Comercio Exterior, donde se hagan todos lo trámites. Esta iniciativa ya fue aprobada por la Presidencia de la República.

¿Cómo se podrán evaluar los resultados con la nueva ley y estos dos proyectos?

La Aduana se mide por cuánto tiempo se tarda en salir la mercadería. Queremos pasar de 10 días a 48 horas, desde que llega el buque hasta que sale el contenedor. Por otro lado, está la recaudación. Aspiramos que solo por la implementación del sistema y la nueva ley crezca entre un 10 y 15% anual hasta que se normalice.

El proyecto está en el Ejecutivo, ¿para cuándo está previsto que entre en vigencia?

Para junio o julio de este año.

¿Por qué en el proyecto se elimina la figura del Directorio (de la CAE) y se entrega el control al Secretario Nacional de Aduanas?

Hay una mala concepción sobre el Directorio y es que este controlaba al gerente general. Fue una especie de intento de corporativizar la institución. Creo que en ese momento se pensó que una corporación tenía la potestad de hacer políticas aduaneras e implementarlas. El sistema crea muchas trabas y le quita agilidad a la institución.

¿Cuál será el papel del Secretario General?

El Secretario General es un ejecutor de la política aduanera que se emana desde el Gobierno en conjunto con los ministerios, porque una institución pública no puede crear sus propias políticas y ejecutarlas. Esta ley estaría eliminando mi cargo, pero ese modelo es el más idóneo.

Una de las observaciones que ha realizado el sector privado sobre el nuevo proyecto es que prácticamente lo margina...

Sería una marginación si eliminamos solo al sector privado del Directorio. Estamos eliminando todo el Directorio, porque creemos que la figura no es correcta para administrar la institución. El Secretario General es miembro de los consejos, como el de la Producción, y allí se escucha al sector privado. Las instituciones deben escuchar al sector privado y así lo hemos hecho. No en el Directorio, porque de hecho allí la participación del sector privado es mínima.

¿Sería correcto que los empresarios hagan, por lo menos, las veces de consultores?

No, porque la Aduana no va a crear políticas no tendría mucho sentido un Consejo Consultivo. ¿Para consultarles qué? Simplemente debemos ejecutar las políticas y no podemos consultar si sancionamos a no al alguien. La Aduana no crea ni elimina impuestos ni tasas. Lo que sí se puede generar es mesas de discusión respecto a procedimientos engorrosos o innecesarios.

¿Pero más de las mitad de las 126 observaciones que planteó el sector durante la socialización del proyecto se rechazaron?

Hay sectores privados que están opuestos a esta ley y otros que están de acuerdo. Los que se oponen cuestiona el régimen sancionatorio. No vamos a bajar las sanciones, porque si lo hacemos el sistema se va a corromper. Conceptualmente discrepamos con esas ideas.

¿Provinieron de un sector específico?

Sí, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que aunque recoja las inquietudes de otras cámaras representa solo al sector comercial, que es solo un componente del sector privado.

¿Influyeron motivos políticos?

Puede ser, o el interés de defender a un sector inmaduro, que no quiere una aduana facilitadora pero estricta si me equivoco o trato de evadir al Fisco. Si una empresa cumple con sus obligaciones no debe preocuparse de las sanciones.