Giovanni Astudillo- Editor de la Regional Cuenca de EL COMERCIO
La asignación de recursos del Gobierno a los organismos seccionales está en el centro de la polémica. No es para menos, que un Alcalde o Prefecto de una urbe o provincia “de primera” se quede con menos dinero de lo que preveía, no solo le frenará las obras planificadas sino le afectaría políticamente.
Desde hace tres años la disputa entre el Municipio de Guayaquil y la Presidencia de la República es constante. Por ello, perder recursos (unos USD 17 millones) para Guayaquil le significará menos obras que apuntalen la imagen del Alcalde.
Al Régimen le dejará un espacio para cubrir esas necesidades y ganar réditos políticos en una ciudad donde tiene un opositor de peso y no tiene mayoría.
La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, anunció que el presupuesto para los gobiernos autónomos descentralizados será de USD 2 176 millones este año, un 21% más que en 2009. Señaló que el cálculo para las asignaciones es similar al de períodos anteriores. Es decir, población, necesidades, extensión territorial, entre otros factores.
Pero qué ocurre con los otros municipios o prefecturas que tienen menor relevancia. El presidente de la AME nacional, Paúl Granda, dijo que la actual repartición servirá para lograr una equidad en las zonas abandonadas del país. En primera instancia puede sonar justo, pero lo importante sería que estos gobiernos seccionales, incluidas parroquias (recibirán USD 106 millones, 76 millones más que el año pasado), tengan listos los proyectos para satisfacer las necesidades.
Lo malo sería que estos recursos adicionales se destinen a gastos corrientes. Por ello, debe mejorar el control del destino de los fondos, porque si eso ocurre sí se castigaría a las grandes ciudades, que han mostrado eficiencia en el manejo de los recursos.
Ahora, lo importante es que el Ministerio de Finanzas transparente las cifras de cuánto recibirá cada organismo para saber si se entrega a dedo, como dice el alcalde, Jaime Nebot. También es necesario que municipios y prefecturas informen a sus poblaciones qué obras se dejarán de ejecutar por el recorte a las previsiones o cuáles se harán por las mayores asignaciones.