La Superintendencia de Compañías presentó las acciones realizadas contra lavado de activos
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La Superintendencia de Compañías implementó normas requeridas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos.
La entidad, a través de un comunicado, explicó las acciones tomadas por la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Control de Riesgos, creada el 28 de marzo del 2011, para cumplir el compromiso adquirido con los países integrantes del GAFI.
De acuerdo a la Superintendencia durante el 2011 se emitieron 136 resoluciones de sanción: 48 para compañías vinculadas al área de Mercado de Valores y 88 para el sector societario por no remitir la información sobre sus operaciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Asimismo, inspeccionaron 97 compañías dedicadas a los juegos de azar; de las cuales 45 fueron identificadas como legales y 52 como ilegales. Hasta el 17 de marzo del 2012 cuando los casinos dejaron de funcionar.
El organismo gubernamental también estableció que las remesadoras y 'couriers' deben registrar toda operación igual o superior a USD 3 000. Mientras las bolsas de valores, casas de valores y administradoras de fondos y fideicomisos deben reportar todas las operaciones iguales o superiores a USD 10 000.
Otra acción tomada por la Superintendencia fue solicitar a empresas de construcción, inversión e intermediación inmobiliaria informen sobre las operaciones económicas inusuales e injustificadas o sus tentativas; y las transacciones individuales y múltiples iguales o mayores a los USD 10 000, que se aplica desde 24 de mayo de este año.
En junio, las Intendencias Regionales se unieron a las inspecciones de empresas comercializadoras de vehículos, construcción e inmobiliarias, para verificar las operaciones que efectuaron y determinar si existen señales de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Finalmente, el Consejo Nacional de Valores, que preside la Superintendencia de Compañías, dispuso transparentar la información de quienes participan en la constitución de negocios fiduciarios.
