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11:57 Jueves 29/11/2012

La filial argentina de la petrolera estadounidense Chevron advirtió hoy que el embargo que le trabó la Justicia en Buenos Aires por hasta USD 19000 millones debido a una causa por contaminación en la Amazonía de Ecuador afectará el progreso económico argentino y su autoabastecimiento energético.

"El embargo contra Chevron Argentina no tiene bases ni fundamentos legales. Chevron Argentina nunca tuvo operaciones en Ecuador y no tiene relación alguna con el juicio fraudulento de Ecuador. Pero más allá de ser punitivo, el embargo afectará el progreso económico en Argentina", sostiene un aviso publicado hoy por la empresa en los principales diarios locales.

La compañía Texaco operó en Ecuador entre 1964 y 1992. En 1993, un comité de "afectados por Texaco" entabló un juicio a la petrolera por daños ambientales y a la salud de poblaciones asentadas en la región de Lago Agrio de la Amazonía ecuatoriana, que tuvo que afrontar Chevron, al haberse fusionado con Texaco.

La contaminación afectó unas 500.000 hectáreas y a unos 30.000 habitantes de la región, en su mayoría comunidades indígenas. Luego de un juicio de casi veinte años, Chevron fue condenado por la Justicia de Ecuador a pagar un resarcimiento de 19.000 millones de dólares por el daño ambiental que causó Texaco, adquirida por la petrolera en 2001, durante la explotación de petróleo en la región de Lago Agrio en la Amazonía ecuatoriana.

El embargo en Argentina fue dictado el 6 de noviembre por el juez argentino Adrián Elcuj Miranda, en cumplimiento del fallo ecuatoriano por daño ambiental. El magistrado del Juzgado Civil Nro. 61 ordenó el embargo del 100% de las acciones, el 100% de los dividendos, el 14% de las acciones que Chevron posee en Oleoducto del Valle y el 40% de las ventas de petróleo a refinerías locales "hasta llegar a 19.000 millones de dólares".

Según los abogados locales, Chevron posee activos en la Argentina por 2.000 millones de dólares. La facturación registrada en 2010 por Chevron Argentina fue de unos 600 millones de dólares, según informaron los abogados a cargo del caso en Buenos Aires. Chevron Argentina solicitó el inmediato levantamiento de la orden de embargo, al considerarse "víctima de un fraude".

La filial local "ha operado concesiones en las provincias de Neuquén y Río Negro durante décadas y este año ha reinvertido la totalidad de sus ganancias en oportunidades de crecimiento, incluyendo el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, un elemento clave para que el país recupere el autoabastecimiento energético", sostuvo la empresa en su solicitada.

La compañía alertó que "el embargo judicial compromete la capacidad de Chevron Argentina de operar y reinvertir, ya que la orden afecta más del 90% de los ingresos por ventas de crudo".

Chevron Argentina, que emplea a más de 1.500 personas, alertó además que el embargo "afecta no sólo a la compañía, también congela las regalías y los impuestos que les corresponden a las provincias y al gobierno nacional". "Estamos solicitando el levantamiento de este embargo cuanto antes para evitar sus impactos negativos al país, al gobierno, a la compañía y al futuro energético de Argentina", afirmó la petrolera.

La posición de Chevron se conoce un día después de que el procurador general ecuatoriano, Diego García, denunciara ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya el "ataque implacable" al que Chevron somete a Ecuador con su aparato de relaciones públicas "en el foro político de los Estados Unidos".

García participó en la primera audiencia del caso conocido como "Chevron 3", entablado por la petrolera estadounidense, que acusa a Ecuador de haber incumplido un acuerdo de 1973 y que liberaría a Chevron de la sentencia que en otro juicio le siguen pobladores amazónicos por contaminación ambiental y atentados contra los derechos humanos.

El procurador indicó que la acusación de Chevron se basa en "obligaciones contractuales inexistentes", lo que no ha impedido que la compañía ataque a Ecuador como "un país que se rehúsa a cumplir" con sus contratos.

Anteriormente García denunció las gestiones realizadas por la petrolera en el Congreso de Estados Unidos para solicitar se retiren a Ecuador facilidades comerciales y no se renueve las ventajas que Washington da al país andino por su lucha contra el narcotráfico, en la ley de preferencias arancelarias andinas (ATPDEA).

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