Durante una entrevista que duró 50 minutos, la Ministra se refirió a tres temas: el proyecto de Ley de regulación de Créditos para Vivienda y Vehículos; la reestructuración de la banca pública y la elaboración de un nuevo Código Financiero; y la agenda del Ejecutivo para el segundo semestre, en la que se mira con atención la evolución del precio del crudo.

¿Por qué el Ejecutivo envió a la Asamblea el proyecto que regula los créditos para la vivienda con el carácter de urgente, si Ecuador no atraviesa situaciones similares a las de España o EE.UU.?

Es un tema que ha dado margen a confusión. La urgencia tiene que ver con la sensibilidad del Presidente (Rafael Correa) de constatar, en el caso español, el abuso excesivo de las garantías para los deudores con créditos hipotecarios y constatar que en el caso ecuatoriano ocurría lo mismo. No es porque hay una burbuja inmobiliaria o una crisis latente, no hay nada de eso, y ahí coincidimos todos los actores públicos y privados. No es del caso. Hay un mar de distancia entre el caso de la economía ecuatoriana y el de la española. Por ahí no va la cosa.

¿Sin embargo, en la Asamblea se aprobó otro texto en el cual se añadieron a los vehículos y además se obliga a bancos no especializados a incluir al crédito hipotecario?

Estamos analizando el contenido y es probable que esta semana (la semana anterior) el Presidente envíe sus observaciones a la Asamblea. El proyecto originalmente enviado ha sido modificado. La incorporación del tema de vehículos fue un tema analizado con el Gobierno, hay otros temas que salieron del debate en la Asamblea y eso es lo que se está revisando, como lo del 5%, que obliga a determinados bancos a otorgar créditos hipotecarios.

¿Por qué se incluyeron a los vehículos en el proyecto? ¿Qué le preocupa al Gobierno?

En el caso de los vehículos el razonamiento fue el siguiente: ¿cuál es el patrimonio más importante del hogar ecuatoriano promedio, a quien se quiere proteger? Salen, la vivienda y el vehículo. Normalmente, un hogar hace todo lo posible por adquirir en su vida un patrimonio tan preciado como lo es la casa y, por lo tanto, se dirigió hacia allá la medida, a la casa única, y prevenir los riesgos. En el caso del auto, el razonamiento es parecido y por eso se ha puesto un techo tanto en vivienda como en vehículos, porque el riesgo ya no para la banca sino para el ciudadano, es el mismo: el exceso del uso de garantías. En el caso de los autos todavía era más difundido. El hecho de que si alguien ha realizado su crédito prendario, para comprarse un vehículo y pagó puntualmente durante un año su contribución, le ocurre cualquier incidente, no por mala voluntad, y pierde lo que ya anticipó, pierde el vehículo, y aparte arriesga el resto de sus bienes. Esta es la situación que se quiere proteger. Lo que se quiere es compartir de mejor manera la responsabilidad del riesgo. Antes, lo que hacía la banca era protegerse muy bien del riesgo, pero recargando todo el riesgo al cliente. Entonces, ahora es un llamado a la banca a ser más eficiente, a mejorar sus propias calificaciones y estimaciones de riesgo; impone un mayor aumento de la eficiencia en los análisis que haga la banca. Nadie la está pidiendo que pierda ni que arriesgue demasiado; que se proteja, pero en base a ser más eficiente; en analizar el riesgo y no tener la seguridad de que, de todos modos, va a cobrar como sea.

¿Ha sido una ley dirigida a la banca?

Yo diría una ley dirigida a la protección de los ciudadanos respecto de sus bienes patrimoniales más importantes, sobre todo de aquellos sectores de mayor vulnerabilidad. Una ley que no es inventada a la ecuatoriana sino que es una ley (similar) vigente en los EE.UU., en donde se aplica exactamente la misma consideración en varios estados de ese país. Entonces, hay la legislación internacional referencial, que permite pensar que no es una medida arbitraria, es una medida totalmente razonable en donde la banca no pierde, no pierde nada. Lo único que tiene que hacer es adecuarse a las nuevas reglas y ser más eficiente en el análisis de sus riesgos.

¿Pero en las entidades que nunca han estado en el segmento de crédito hipotecario puede haber problemas por obligarles a entregar esos préstamos?

Eso es parte de lo que estamos discutiendo ahora. No fue una propuesta del Gobierno. Estamos debatiendo y en proceso de ajuste, para ver cuál será la posición final del Gobierno.

Fue un desliz del asambleísta Paco Velasco decir que también se pudiera legislar en función de los créditos para celulares, electrodomésticos... ¿El Gobierno piensa en una ley así?

Son casos diferentes y argumentaría que el pensamiento del Gobierno es claro y está dirigido a estos patrimonios especiales, que protegen a los hogares, y al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de proponer medidas que también mantengan el reparto justo del riesgo y mantener también un sistema financiero sólido como el que actualmente tenemos.

¿Pero el Ejecutivo piensa en otro tipo de leyes para proteger el patrimonio familiar?

No, no se ha pensado. Los otros son bienes de consumo y tienen otro tratamiento.

¿Un desliz del asambleísta Velasco?

No puedo decir eso, ni siquiera lo he escuchado.

La banca ha dicho que con esta ley, el ritmo de crecimiento de la entrega de créditos hipotecarios bajará, consecuentemente la actividad inmobiliaria también se reducirá y eso afectará a los indicadores de crecimiento de la economía. ¿Han considerado esa posibilidad?

No proyectamos una reducción mayor, hacemos un llamado al sistema financiero privado a seguir haciendo la apuesta a un sector de mercado tan importante, donde no han querido hacer apuestas. Si consideramos la distribución de ese mercado, más del 60% está en manos del Biess y el Biess entró a ese mercado, porque el sistema privado no daba respuesta. El mercado ecuatoriano -en el caso hipotecario- es uno de los más atrofiados de la región. Entonces, no es verdad que la banca haya hecho un esfuerzo muy importante en este nicho particular de mercado. Nunca han apostado adecuadamente por ese mercado; al contrario, yo le plantearía al revés, hacer un llamado a la banca a que entre en este mercado que es rentable, que tiene unas tasas de morosidad muy bajas y haciendo un correcto análisis, ellos están exigidos a hacerlo. La casa cubre bastante bien el riesgo que ellos estarían incurriendo cuando están financiando solo una parte del valor de la vivienda. Tienen que hacer un buen análisis y eso es todo. Por otra parte, la mayor parte del mercado, más del 60% lo está manejando el Biess, y la vivienda social jamás la ha ofertado la banca privada; ha estado en la clase media o en la clase media baja, pero en la vivienda social propiamente dicha, el único que ha dado respuesta es el Gobierno con el Biess y sus propios proyectos de vivienda social. Entonces, seguiremos muy activos en esa dirección para evitar cualquier impacto. Pero nuevamente, el llamado es a que los actores económicos apostemos al país y a que mejoremos y respetemos las reglas que serán para beneficio de todos. Porque incluso estas reglas, ahora que les preocupa el riesgo, más bien lo que están es previniendo cualquier dificultad, porque se entregarán los créditos adecuadamente a quien corresponda con corresponsabilidad en esa medición del riesgo y eso es positivo para todas las partes.

En la eventualidad en la que se produzca esta reducción en la entrega de los créditos hipotecarios en la banca privada, ¿qué van a hacer?

Seremos activos con el Biess y con las políticas públicas que hemos desarrollado en el tema de la vivienda.

¿Allí entraría a tener una mayor participación el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)?

El BEV no ha sido un banco que presta al cliente final sino a la oferta de vivienda, que es diferente. Seguiremos con políticas activas para financiar la oferta de vivienda social.

¿El BEV entrará en la etapa de reestructuración de la banca pública para este año, que usted anunció en la rendición de cuentas económicas del Gobierno?

En la reestructuración de la banca pública, en la parte referida a vivienda, estamos organizando de la siguiente manera: la parte que tiene que ver con el desarrollo urbano en general va a estar a cargo del Banco del Estado. Ellos dan financiamiento a los gobiernos seccionales; entonces, el Banco del Estado también pasará a considerar el apoyo a la oferta de vivienda social. En ese sentido, las actividades del BEV poco a poco serán asumidas por el Banco del Estado.

¿Se trata de una absorción institucional?

Buscamos el mecanismo más adecuado, pero en principio queremos optimizar el número de bancos de la banca pública y en este caso será una función que la asumirá el Banco del Estado y también la naciente Corporación Nacional de Finanzas Populares (CNFP). Con eso, la CNFP pasaría a apoyar como una banca de segundo piso, para vivienda social, a los clientes directos, a las redes de cooperativas; mientras que el Banco del Estado, hará sinergia con los municipios para desarrollar proyectos urbanos, para apoyar a la oferta de vivienda social.

¿Cuándo se concretará este proceso?

Intentamos hacerlo en este año y en el próximo. Necesitamos también un cambio de ley y estamos trabajando en la construcción de un Código más general para el sistema financiero y uno de los capítulos será el de la banca pública.

¿Qué pasará con el resto de entidades financieras públicas?

En la propuesta de reestructura hay tres grupos de bancos. En el primer grupo estarían la CFN, como una banca de segundo piso; el Banco del Pacífico, como banca de primer piso; y el Fondo Nacional de Garantías. Todo este grupo, sobre todo estará especializado en las apuestas productivas de vanguardia, para apoyar el cambio de la matriz productiva y avanzar en la sustitución inteligente de importaciones y la promoción de exportaciones; esto, en las partes donde falla el mercado privado. Que sean apuestas de largo plazo, de grandes escalas, en donde la banca privada no quiere apostar. Por ejemplo, una propuesta bioenergética o de software, en donde se puede notar que se puede percibir que hay riesgos o con una recuperación muy lenta de largo plazo, ahí la banca privada no quiere apostar, porque quiere rentabilidad en el menor plazo posible. Para eso está destinada esta especie de holding financiero público.

¿Cuáles entidades estarán en el segundo grupo?

Es un grupo más bien destinado a la inclusión financiera, nuevamente: en donde está fallando el mercado. En general, toda la nueva estructura de la banca pública será complementaria a la banca privada. No se pretende ir a competir en todo nicho, sino estar en estos nichos. Lo vanguardista, que permita mirar al Ecuador del futuro, en donde el sector privado no quiere hacer las apuestas, entonces hay que poner los incentivos financieros. Y un segundo punto, tiene que ver con la inclusión financiera, en donde están los sectores de campesinos y productores, percibidos de alto riesgo, en donde tampoco quiere apostar la banca privada o le resulta costoso, como las microfinanzas. Ahí estarán el Banco Nacional de Fomento (BNF), como banca de primer piso, y lo que será la CNFP, de segundo piso.

¿El tercer grupo?

Allí estarán el Banco del Estado, que hará una entrada más territorial, para procurar una sinergia adecuada en todo el paquete que signifique infraestructura y desarrollo urbano, tanto del lado municipal (agua, saneamiento, servicios...), para los gobiernos seccionales, como para la demanda privada, como la oferta de la vivienda social. Creemos que esa es la manera más óptima y racional de sacarle un mejor provecho a la estructura institucional. Porque hemos tenido una herencia de un montón de bancos y de fondos. Esos fondos también convergerán en sus respectivos grupos bancarios, ya no habrá esta dispersión de fondos que se han ido ocurriendo en el tiempo y lo que hacen es dispersar los recursos públicos y es poco efectivo en el logro de resultados y objetivos. Es mejor ir con gran escala a paquetes más integrados y que tengan un efecto mucho mayor con bancas especializadas.

¿Cuándo se concretará este nuevo mapa de la banca pública?

Hemos empezado ya, y de hecho estamos cumpliendo un cronograma de un compromiso que tenemos con el Presidente (Correa). La consolidación final va a provocarse todo este año. Ya las bancas han comenzado en sus andariveles; lo que no requiere reforma legal ya ha comenzado por definición política a considerar estos nichos, a especializarse en estos temas; aquellos que tienen que transferir competencias y funciones lo están haciendo, y lo que tiene que ser cambiado por ley será en el transcurso del próximo año, porque implica toda una reforma legal.

¿Esta reforma apunta a una reforma integral de la Ley general de Instituciones del Sistema Financiero o cómo se llamará este nuevo Código Financiero?

Esa Ley general de Instituciones del Sistema Financiero va a ser un Código, como se ha hecho con otros grupos de leyes, va a ser un Código más macro. En este nuevo Código va a estar la parte pública, la parte privada... todo este sinnúmero de leyes pequeñitas, la del cheque, etc.; entonces, todo se agrupará en un solo Código para evitar la dispersión y la maraña de leyes.

¿Se trata de un nuevo Código orgánico del Sistema Financiero?

Sí, se trata de un Código orgánico y esto lo vamos a trabajar con el Banco Central, pues será una actualización de la ley, más un ordenamiento de los temas referidos al sistema financiero e irán en un solo Código con distintos capítulos.

¿Cuando se enviará el nuevo Código a la Asamblea?

Este es un trabajo que recién está comenzando y a lo mejor no se alcance a terminar este año.

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Desde esa perspectiva, ¿cuál es la agenda que desarrollará el Ejecutivo en materia económica para el segundo semestre?

Este año tenemos desafíos. Nuestro primer objetivo es consolidar nuestro crecimiento económico en un año a nivel internacional difícil y con mucho ruido.

¿Cuál es el ruido que más les llama la atención?

Los temas de mercado internacional; de la demanda internacional.

¿Por los TLC de los países vecinos?

Más que los temas de los tratados, los temas de la modificación de la demanda internacional. Pero no solo es un problema para Ecuador sino para toda la región. Estamos atentos a lo que está pasando en la demanda de los mercados; lo que está pasando con los precios también.

A propósito de lo que pasa en el mercado, los reportes de los futuros de petróleo advierten que el precio del barril se ubicará en USD 81,24 para fin de año...

Todo eso está ahora en debate. Los expertos están justo en esa discusión. Antes, había escenarios más optimistas; de todas maneras, todavía nada está dicho, es un mercado bastante difícil de predecir, pero estamos atentos a los análisis internacionales en esa materia. De todos modos, hemos tomado todas las precauciones y hemos puesto escenarios de estrés para el manejo fiscal con caídas del precio del petróleo hasta los USD 73, que fue lo del 2008. Estamos manejando una liquidez en caja en el Ministerio de Finanzas de alrededor de USD 900 millones, lo cual nos coloca en una situación de manejo. Además, nuestro portafolio de inversiones es tan grande y ante cualquier eventualidad tenemos un colchón bastante grande. Hay muchas acciones que estamos considerando para protegernos ante cualquier contingencia. También tenemos estrategias de financiamiento con líneas de crédito de contingencia.

La contratación de un seguro petrolero es un tema que se menciona cuando en el escenario hay riesgos de problemas en el mercado internacional. ¿Está previsto contratar este tipo de seguro?

Estamos atentos a todos los cambios de coyuntura. Por lo pronto, no lo hemos considerado; de todos modos, siempre estamos en continuo debate, porque cambian los escenarios y pueden tomarse medidas. Siempre estaremos precautelando el interés nacional. Para nosotros, mantener la estabilidad macroeconómica es muy importante en este segundo semestre; aunque los índices económicos se encuentran en un buen nivel, el endeudamiento, el déficit fiscal... Entonces, todo eso nos da holgura y tranquilidad para enfrentar bien esa situación. De todas maneras, tengan la seguridad de que estamos atentos ante cualquier coyuntura. Los escenarios mundiales son cada vez más volátiles y por lo tanto hay políticas que se pueden ir rápidamente ajustando. Pero lo más profundo y en el mediano plazo están todas las consideraciones de reacción ante los casos de cualquier contingencia.

En el escenario del segundo semestre, ¿lo que más preocupa es el precio del petróleo o también lo que pudiera pasar con Grecia o el futuro de la Zona Euro?

Por supuesto. Seguimos atentos a lo que pasa en Europa, lo que pasa con Grecia y España, y todo lo que significará en el impacto en la demanda tanto de la UE como de China; de todas maneras los países emergentes han apostado en la UE. Estamos manejando esos escenarios, pero aspiramos, como en todo el mundo, que Europa vaya buscando un canal de solución. Estamos atentos a lo que suceda y por eso estaremos planteando próximamente medidas al Sr. Presidente para ser mucho más proactivos en todas nuestras políticas comerciales y de balanza de pagos, para justamente evitar estas dependencias de mercados demasiado volátiles, con la diversificación de mercados, ser muy activos en posicionar nuestros productos. También queremos hacer un llamado al sector privado para ser mucho más activos y creativos en la oferta de productos para no seguir con productos tradicionales, que ahora enfrentan mercados tremendamente volátiles. Estamos moviendo varias cartas al mismo tiempo. Tendremos un largo taller con el Presidente para analizar estos temas, desde el lado de la sustitución de importaciones, desde el lado de promoción de exportaciones, de temas de manejo de servicios, analizar las posibilidades en las balanzas de capital y de financiamiento, para ser mucho más creativos con las políticas económicas. Como ustedes conocen tenemos la imposibilidad de tener políticas cambiarias y esa es una rigidez que nos permite ser mucho más creativos en términos de políticas económicas alternativas.

¿Al concluir el primer semestre se revisarán los indicadores económicos proyectados para el 2012?

Estamos justamente ahora trabajando en eso. Para el próximo mes tendremos las previsiones ajustadas hasta el 2015. Estamos justamente en ese trabajo con el Banco Central.

En cuanto a las decisiones que se han adoptado en el ámbito financiero, con la aprobación del proyecto de Ley de regulación de los Créditos para la Vivienda y los Vehículos, y el nuevo rol de la banca pública, ¿se corre el riesgo de que la banca privada oriente más su política crediticia hacia el consumo y eso pueda ocasionar una burbuja?

En ese sentido, tengo que decir lo siguiente: la banca como estrategia, incluso en el manejo de sus riesgos, debe cuidar su portafolio y tiene que diversificarlo. Entonces, la banca tiene sus niveles de especialización, pero a la vez sabe diversificar el riesgo. Pero, por supuesto, lo que menos le interesa a la banca es estar en problemas en circunstancias de crisis y, por lo tanto, la cordura, más la regulación, más los incentivos que pone el Estado desde la Junta Bancaria y también de sus medidas de control evitarán que ocurran temas como estos que pretendamos irnos a un solo nicho de mercado, que puede vulnerar a todos en conjunto, a la misma banca y a todos los ciudadanos. Entonces, creo que eso no puede pasar, de todas maneras nosotros estamos para poner las regulaciones y los topes.

Cuál es la lectura que tiene sobre el nivel del consumo en el país, con un mayor nivel de emisión de tarjetas de crédito o cuando los clientes del sistema financiero reciben llamadas en las que se les informa de aprobaciones de créditos o emisiones de nuevas tarjetas...

Hay elementos que son normales y otros que hay que regular. Entre los elementos normales y necesarios está la profundización financiera. Ecuador está bajo el promedio de América Latina en términos de profundización financiera. ¿Qué significa profundización financiera? Es como los ciudadanos acceden al sistema financiero, sea vía depósitos o vía créditos, básicamente. Entonces a nosotros como país todavía nos hace falta mucho más para avanzar en esa dirección. En ese sentido es positivo el avance que hemos tenido en estos años. En efecto, la banca privada también ha hecho un rol positivo, el sistema financiero público también ha hecho un rol positivo, en términos de acercar a la ciudadanía los servicios financieros. Eso es normal y eso está ocurriendo. Lo que hay que ver es que eso sea sostenible, que sea adecuadamente manejado y eso es lo que hay que ir mirando. Ahora, en momentos de un ciclo alto de la economía, donde el Ecuador ha crecido a un ritmo importante, donde hay liquidez, el consumo y la demanda agregada se expresan, además de la inversión, han permitido la reactivación económica. Entonces, ese es un hecho económico positivo. Por eso hemos crecido en empleo, hemos crecido en el PIB, y todos estamos en una situación mejor, mejora la calidad de vida. Este es un ciclo positivo. Lo que hay que precautelar es que no haya sobrecalentamiento, que no se nos compliquen las cosas y, sobre todo, hacer las cosas adecuadamente. En los temas de consumo estamos sobre la picada, en términos de regulación, sobre todo en el lado crediticio, para evitar los excesos. Las tarjetas de crédito no es que han explotado ahora, explotaron en realidad a mediados de la década, cuando llegan al Ecuador. No es que crecen ahora, sino que viene un crecimiento constante desde el segundo quinquenio de la década pasada. El uso de la tarjeta se vuelve un medio de pago, no solo como un mecanismo para comprar a plazos. Esta es una primera consideración, porque puede haber una sobreestimación de lo que es el crédito propiamente dicho. Ahora, en cuanto al control, la Superintendencia de Bancos juega un papel muy importante en mirar que el manejo de esa cartera de crédito de consumo, tanto de tarjeta como también de los bancos, se maneje adecuadamente y para eso los indicadores y las reglas de prudencia que establece la Superintendencia. Siempre los estamos revisando y la Superintendencia siempre actualiza sus estudios y tomaremos las medidas que sean necesarias, cuando corresponda. Pero es la Superintendencia de Bancos la que tiene la responsabilidad de precautelar y controlar que esas carteras estén manejadas saludablemente. Hasta la fecha, hemos revisado los indicadores relevantes sobre la salud del sistema financiero y encontramos que no existen morosidades que nos alarmen. Están en los promedios estándares en la región; y el consumo siempre tiene una tasa un poco mayor frente a otros sectores. En fin, estamos con tasas aceptables dentro de lo que son las referencias que nos pide la instancia de control.

¿El proyecto de la nueva ley de Mercado de Valores entra en la agenda del Gobierno para el segundo semestre?

Sí, esa es otra prioridad para nosotros. Es más, esta semana puede ir a la Asamblea; es otra ley que consideramos importantísima. No la hemos dejado de lado, lo que se ha hecho es mejorarla, discutirla con los propios actores, pero esa ley está lista. El Presidente, desde su Secretaría Jurídica, hará el envío. No me atrevo a decir si será con el carácter de ordinaria o urgente. Es una ley que consideramos muy importante, porque entre otras razones, ofrece otro mecanismo u otra posibilidad para canalizar los ahorros, a través de la adquisición de las acciones, como también para financiar las inversiones. Esto nos parece sumamente importante, porque –otra vez- nos parece un mercado atrofiado, en el caso ecuatoriano. La ley actual tiene casi 20 años, por lo que es muy necesario hacer una actualización y lo que se busca es desarrollar y profundizar este mercado, para que los ciudadanos tengan otra alternativa. Para que se democratice el capital, con los paquetes accionarios más diversificados. En esta nueva ley se crea una Junta Regulatoria; además, está la Superintendencia de Compañías para el control y también se permite acelerar la constitución de empresas.

Acerca de Jeannette Sánchez

DESDE EL 2007 HA OCUPADO MINISTERIOS EN EL GOBIERNO

La formación. Doctorante en Desarrollo por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica; Máster en Planificación Comunitaria (U. de Texas; Máster en Economía (Flacso)
Los cargos. Ministra de Inclusión Económica y Social; Min. Coordinadora de Desarrollo Social y hoy, en la Coordinación Económica.

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