Disolver y liquidar compañías requiere tiempo y dinero
En el primer semestre de este año, 48 compañías fueron liquidadas y 4 404 fueron disueltas. Los datos son de la Superintendencia de Compañías.
Y el año anterior, 150 compañías fueron liquidadas y 10 985 iniciaron sus trámites para disolverse.
La otra cara de la moneda son las compañías recién constituidas. En el 2010 se formaron 8 032 compañías en el Ecuador, un año más tarde aquella cifra decreció a las 7 926 firmas y el año pasado la cifra creció a 8 320. El dato más reciente señala que entre enero y junio de este año 4 180 firmas se constituyeron en el Ecuador.
El nacimiento y muerte de empresas, según los expertos, es un proceso que da dinamismo a la economía. La muerte empresarial, aunque parezca contradictorio, puede dar origen a emprendimientos con mayor potencial. Esto siempre que los procesos de disolución y liquidación no se alarguen.
Según el informe Haciendo Negocios (Doing Business, por su nombre en inglés) 2013, elaborado por el Banco Mundial y publicado la semana pasada, cerrar una empresa es un trámite largo y costoso. El estudio presenta indicadores sobre el marco regulatorio, pago de impuestos, protección de los inversores, resolución de insolvencia (cierre de la compañía), entre otros factores.
De un universo de 189 economías, el país se ubicó en el puesto 135, un sitio por debajo de la posición alcanzada hace un año. Esto, principalmente, debido a la dificultad de resolver la disolución (quiebra) de una firma. Según el estudio, en el país este proceso tarda 5,3 años, mientras que el promedio de la región es de 2,9 años y en países desarrollados, de 1,7 años (ver página 14).
El proceso en Ecuador también es costoso, según el informe. En promedio puede costarle a una empresa el 18% de sus bienes, un poco más alto que el promedio regional que es del 16% y el doble de los costos en países desarrollados (9%). En países como Colombia, que ocupa el puesto 25 en este aspecto, el proceso tarda 1,7 años y cuesta solo un 6% de los bienes de la compañía.
Paulina Guerrero, abogada experta en temas de compañías y seguros, señala que en todo el procedimiento para cerrar una empresa es necesaria la intervención de la Superintendencia de Compañías. En legislaciones de otros países, según Guerrero, aquello no sucede así y las empresas pueden quebrar automáticamente, por lo que el proceso es más acelerado.
La especialista asegura que no existe un tiempo definido de cuánto demora el cierre de una firma. Todo depende del tamaño, la complejidad de su ejercicio empresarial y segmento al que se dedica. Por ejemplo, en las empresas grandes como las petroleras el proceso podría tomar hasta una década. En el caso de medianas o pequeñas, de uno a cinco años.
Los cierres de compañías obedecen a situaciones externas, cambio en la estrategia de negocios, crisis internacionales, competencia desleal, demora en la toma de decisiones, entre otros factores. Empresarios como Juan Jáuregui o Fernando Moncayo, incluso consideran que es mejor dejar morir a la empresa para evitar mayores costos a los accionistas.
El trámite para obtener ambas partidas, la de 'nacimiento' o la de 'defunción' de una compañía, inicia en la Superintendencia. Allí se registran las voluntades de los socios, accionistas o demás interesados en poner fin a la empresa. Existen dos figuras para la disolución: la voluntaria y la de oficio. Esta última se contempla cuando el Superintendente de Compañías declara disuelta a una compañía sin capital, por la finalización de las actividades para la que se fundó, por no incrementar su capital social...
El proceso de disolución voluntaria es un trámite que puede resultar cansado y tedioso. Incluye una solicitud dirigida a la Superintendencia de Compañías, firmada por el representante legal y abogado, documenntos legales como escrituras y actas de la compañía, designación del liquidador, entre otros. Hay casos en los que el representante legal de la compañía en liquidación debe dejar en claro que no se mantienen contratos pendientes con el Estado ecuatoriano.
En cuanto a lo operativo, en el caso de la disolución voluntaria, es la Dirección de Disolución y liquidación de la Superintendencia la que da luz verde al proceso de extinción y remite las resoluciones a los directivos de la compañía que fenece. Luego hay ocho días laborales para que se publique por tres días consecutivos en uno de los diarios de mayor circulación un extracto de aquella escritura pública.
Todo este proceso se lo puede cumplir sin mayores problemas cuando una empresa no mantiene deudas a proveedores, bancos, organismos del Estado... Pero cuando existen estos pasivos el proceso puede ser más largo, según los expertos consultados. Puede ocurrir que el proceso de liquidación no se resuelva, generando un inconveniente mayor.
Según el informe Doing Business, uno de los problemas en el país es la falta de una ley de quiebras. En otros países como Colombia o Chile se aplican legislaciones que plantean ayudas para facilitar los procesos de cierre. Incluso se reglamenta una suerte de ayuda para empresarios con deudas.
Los procesos.
Los jurisprudentes. El acompañamiento necesario es el de un especialista legal sobre la materia. El desconocimiento de los códices puede crear malentendimientos en la exposición de la disolución fortuita o voluntaria.
El paso final. Con la resolución de la disolución aprobada por la Superintendencia, los representantes deben presentarse al Registro Mercantil y luego volver a la Super para finalizar el trámite.
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