En el mercado local el cilindro de gas de uso doméstico cuesta USD 1,60, pero el precio real es de USD 22,27 dólares. La diferencia la paga el Estado y es lo que se conoce como subsidio.

Este rubro ha crecido los últimos años, aunque a menor ritmo que el destinado a las gasolinas.

Según datos de las Pro formas presupuestarias, el subsidio al gas pasó de USD 542,5 millones en el 2006 a USD 666,6 millones este año, con un ritmo de crecimiento anual del 5,2% anual. En tanto, el subsidio a la gasolina creció a un ritmo del 43,1% anual.

Al igual que el subsidio a los combustibles, el Fisco subvenciona el precio del gas a toda la población, aunque beneficia más a los hogares de mayores ingresos.

El estudio estima que los hogares más pobres (quintiles 1 y 2) se benefician sólo en un 23% de este subsidio.

Según el informe del Ministerio Coordinador de la Producción del 2010: "Los subsidios Energéticos en el Ecuador", esta política de precios subsidiados ha distorsionado los patrones de consumo de este producto. Aunque es de uso doméstico, se utiliza para consumo industrial, automotor, agrícola, restaurantes, servicios de hotelería e incluso calentamiento de piscinas.

Sin embargo, las refinerías del país apenas produjeron en el 2012 el 22,3% del total consumido en el país. La diferencia se importa.

Para corregir este problema, en agosto pasado, el mandatario Rafael Correa anunció que desde el 2016 se desmontará el subsidio al gas. Para que eso funcione, primero deberán entrar en operación las grandes centrales hidroeléctricas, lo cual permitirá sustituir ese combustible por electricidad en los hogares. Y con una energía más barata se prevé que aumente el uso de cocinas eléctricas.

Pero la implementación de este sistema no es un tema sencillo, opina el consultor energético Arturo Villavicencio.

Señala que se debe fortalecer los sistemas y redes de interconexión para evitar problemas de suministro en horas de mayor consumo. Cree que es una oportunidad para reducir el subsidio al gas, pero exige planificación. Para el experto, el cambio no solo se enmarca en la política energética sino también en el desarrollo tecnológico. Cree que tiene potencial si se fomenta la industria local de línea blanca. "Pero si al final se traen cocinas chinas, dónde está el beneficio".

Otra barrera es el costo de las cocinas eléctricas o de inducción.

Para utilizar las cocinas eléctricas también se deberán adecuar las viviendas para que tengan conexiones de 220 voltios y no de 110 que es la actual potencia de energía en los domicilios.

Ramiro González, ministro de Industrias, anunció en agosto pasado que planea entregar un bono de USD 370 para costear el cambio de cocinas e de instalaciones eléctricas. Para ello dijo que se firmaron convenios con universidades con miras a desarrollar empresas que elaboren partes y piezas. Añadió que hay ocho empresas interesadas en desarrollar este proyecto, que le costará al Fisco USD 200 millones y sustituiría 3,5 millones de cocinas a gas.

Sin embargo, Javier Mora, titular de la Cámara de Industriales de Línea Blanca, dijo que tras esos diálogos no han existido avances.