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El Director Ejecutivo de la CCG en diálogo con medios de comunicación dio a conocer en qué se consiste la demanda que presentó la CCG contra el Senae. Foto: Twitter Cámara de Comercio de Guayaquil

El Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz-Granados, afirma que la tasa aduanera afecta a la competitividad. Foto: Twitter Cámara de Comercio de Guayaquil

La tasa aduanera enfrenta más críticas e incertidumbre

2 de mayo de 2018 11:17

El futuro de la tasa aduanera aplicada por la Aduana no es claro. La medida, que entró en vigencia en noviembre del año pasado, fue calificada como un gravamen -mediante una resolución- por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones; el mismo organismo dio un plazo de 10 días al Gobierno ecuatoriano para retirarla.

El tiempo pasa y esta semana será decisiva para el futuro de esta medida, que recibió críticas de parte de los sectores productivos. Las autoridades ecuatorianas han respondido y anuncian apelar la resolución de la CAN.

La tasa aduanera establece un cobro de USD 0,10 por artículo para todo el universo arancelario. Ese cobro generó la reacción de socios comerciales como Colombia y Perú que interpusieron sus reclamos ante la CAN, una vez que la medida entró en vigencia.

La CAN y la Organización Mundial de Comercio indican que se puede aplicar una tasa, siempre que sea el reflejo de un costo por un servicio prestado. La resolución de la CAN determina que la tasa no cumple esa condición.

El organismo determinó que el cobro “no corresponde a un servicio efectivamente prestado al importador; puesto que se ha evidenciado que el control aduanero no es una actividad directa y únicamente vinculada a las operaciones de importación” y que la Aduana no demostró que haya “implementado servicios con el objeto de facilitar las operaciones de importación”.

Según la Aduana, hasta el 20 de abril de este año se recaudaron en total USD 25,8 millones por la aplicación de la tasa. Por su parte, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) calcula que entre diciembre del 2017 y febrero de este año, la mayor cantidad de dinero recaudado corresponde a los rubros de bienes de consumo y materias primas.

Las importaciones que más han pagado por la tasa son aquellas provenientes de China, Colombia y Perú, según la CCQ. Un desa­gregado de esta entidad muestra que entre las partidas que más han pagado la tasa están vehículos automotores, remolques y semirremolques, productos refractarios y de arcilla, abonos y plaguicidas, prendas de vestir, productos de tocados, radiorreceptores de televisión, etc.

El Acuerdo de Cartagena fija la política de cero aranceles para los países del bloque (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia). El Gobierno ecuatoriano asegura que ha cumplido la norma, pues la tasa responde a la prestación, por parte de Aduana, del servicio de lucha contra el contrabando en el territorio. Pero los directivos de la CAN no opinan igual.

Ahora el Gobierno ecuatoriano evalúa los recursos procesales, tanto administrativos como judiciales, para la revisión de la resolución del organismo comunitario. “La referida resolución no constituye en modo alguno un acto en firme ni la etapa final del proceso, y por tanto Ecuador dispone de varios recursos legales. Entre estos están la reconsideración; y en el ámbito judicial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la acción de nulidad contra la citada resolución”, indica Aduana en un comunicado.

Los llamados de atención al Gobierno llegaron desde que se aplicó la medida. Analistas como Christian Espinosa indicaron que la Organización Mundial de Comercio establece que una tasa debe ser cobrada tanto a bienes nacionales como importados. Como esta no es una tasa por servicios prestados, sino un gravamen que se cobra para nacionalizar, tiene las características de un arancel.

Espinosa piensa que si Ecuador apela ante el Tribunal Andino de Justicia deberá esperar mucho tiempo. “Si se ratifica lo dispuesto por la Secretaría, a Ecuador le tocará levantar la medida, porque es una decisión regional de carácter obligatorio”.

Los gremios empresariales, por su parte, aplaudieron la decisión adoptada pues consideran que ha sido una medida eminentemente recaudatoria. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, cree que si se elimina la tasa se enviará un mensaje positivo al mundo y a los importadores. “Sería una señal para abrir puertas para seguir negociando un posible acuerdo comercial con Estados Unidos”.

Alarcón añade que mientras el tema no se resuelva, la relación con los socios comerciales corre el riesgo de estancarse y debilitarse. El Gobierno ecuatoriano, dice el dirigente gremial, viene manejando un discurso de apertura comercial y en medio de eso ahora se debate la tasa aduanera que es considerada como un tema irritante por el propio gobierno de Estados Unidos.

El desenlace implica análisis legal y tiempo

En noviembre del 2016, el entonces ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli viajó a Suiza para explicar, ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), las razones por las que se extendieron las salvaguardias arancelarias.

La medida, que fue implementada por el anterior gobierno en marzo del 2015 para enfrentar problemas en la balanza de pagos, se extendió tras el terremoto de abril del 2016 y se levantó por completo en junio del 2017. El proceso se cumplió con un cronograma y fue explicado a la OMC.

Cassinelli recuerda que la visita al organismo y las justificaciones presentadas fueron cruciales para que la comunidad internacional entendiera la razón de las salvaguardias y su posterior prórroga. “No hubo repercusión final, tanto que no afectó la firma del acuerdo multipartes con la Unión Europea”, que entró en vigencia en enero del año pasado.

El exministro de Comercio Exterior piensa que en el actual debate sobre la tasa aduanera se tiene que actuar de igual manera y justificar la medida. “Si uno toma una política de carácter arancelario tiene que estar listo para justificarla. Hay que ser consistente y explicar por qué, para qué y hasta cuándo” se aplicará la tasa.

Para Cassinelli aún falta esa explicación de parte de la actual autoridad aduanera. Mientras eso no ocurra, añade, se generará confusión y se creará desconfianza ante los socios comerciales del país, como Colombia o Perú.

El desenlace de la tasa aduanera también implica un análisis legal y tiempo. Christian Espinosa, experto en comercio exterior, dice que existen dos instancias jurídicas para resolver el tema.

La primera es pedir a la Secretaría de la CAN una revisión de la resolución emitida por ese mismo organismo. En ese escenario, Espinosa piensa que el país no tiene mayores argumentos.

La segunda instancia es presentar una apelación al Tribunal Andino. “Esto es un proceso más largo que puede durar hasta ocho meses”, según Espinosa. El experto añade que lo más probable es que el Tribunal le de la razón a la Secretaría de la CAN y, cuando ocurra ese posible dictamen de carácter obligatorio, el Ecuador tendrá que retirar la tasa.

Mientras ese desenlace jurídico llegué, Ecuador podrá seguir cobrando la tasa y eso preocupa a los consultados. Lo grave no está en las retaliaciones de los vecinos, sino en dañar la relación comercial, dice Espinosa. “¿Qué nos beneficia más -se pregunta- cobrar una tasa recaudatoria o mantener buenas relaciones?”.

Genaro Baldeón, exsecretario jurídico de la CAN, hace otra advertencia. En caso de que no se levante la medida, el país incurriría en una situación de incumplimiento frente a la Comunidad Andina. “Eso significaría que los gobiernos de los países miembros, la Secretaría General o las empresas y los interesados pueden exigir una declaratoria de incumplimiento que puede repercutir al final en sanciones comerciales al Ecuador”.

Para Baldeón, los fundamentos expuestos por la Secretaría General en su resolución son suficientemente sólidos y existen precedentes que difícilmente van a permitir un retroceso en la opinión ya emitida por la CAN hasta este momento.

En los gremios productivos existe inquietud. La Cámara de Comercio de Guayaquil manifestó su preocupación ante la negativa del Gobierno ecuatoriano de retirar la tasa aduanera. El director ejecutivo del gremio, Juan Carlos Díaz-Granados, alertó que no derogarse la medida aduanera se irrespetaría la seguridad jurídica de Ecuador, lo que dificultaría hacer negocios.