El Congreso argentino estudia la posibilidad de anular los 59 tratados bilaterales de inversión que el país ha suscrito y que establecen al Centro Internacional de Arreglos y Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial como la instancia arbitral entre el Estado y las multinacionales.

A la fecha, Argentina enfrenta 42 demandas ante el Ciadi de empresas que exigen indemnizaciones por unos USD 65 000 millones, y en cinco de esos casos, en los que se han emitido fallos finales contra Argentina, el Gobierno no las acató ni pagó dichas indemnizaciones.

Además, se plantea retirar al país de dicha institución, pues ésta favorece a los tenedores de bonos que no aceptaron la oferta del Gobierno para reestructurar esas deudas, y los voceros gubernamentales opinan que las disputas entre empresas extranjeras y el Gobierno deben dirimirse en juzgados nacionales o en un Centro Regional de Disputas, como el que propone Ecuador que se establezca en Suramérica.

En respuesta, EE.UU. anunció la suspensión temporal para Argentina del Sistema Generalizado de Preferencias que exonera del pago de aranceles las mercancías de países en vía de desarrollo.

En octubre pasado, autoridades judiciales retuvieron en Ghana al barco escuela argentino Libertad, en atención a la demanda que entabló American Task Force Argentina (Atfa), entidad que ayuda a los inversionistas a recuperar los dineros que perdieron, por la cesación de pagos de Argentina en el 2001.

Los tribunales calcularon en USD 1 300 millones el monto que el país debe pagar a los demandantes, y, aunque se dijo que el barco estaba protegido de incautación -porque contenía equipos militares-, una corte comercial rechazó este argumento y lo mantuvo anclado hasta el pago de una fianza de USD 20 millones. En años recientes, Tango, el avión presidencial argentino, también sufrió una incautación similar.

Simultáneamente, Panamá ha notificado a la OMC la petición de consultas con Argentina por supuesta discriminación comercial; y la UE, EE. UU., Japón, México y Colombia han planteado consultas en relación con las mencionadas restricciones al comercio.

Más controversias Quejas del FMI.   Otro litigio es la reclamación del FMI por la calidad de las cifras macroeconómicas argentinas, y al finalizar el 2012, la directora gerente, Christine Lagarde, remitió un informe al Directorio Ejecutivo, el cual será analizado en el transcurso de este año. La certificación de la cifras por el FMI es condición del Club de París, para negociar con las autoridades gauchas.

En el ámbito interno.  El juez federal civil y comercial Horacio Alfonso dictaminó, en diciembre pasado, la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios. A través de este se obliga a los grupos mediáticos a deshacerse de las licencias de radio y televisión.