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Empleados de McDonald's se movilizaron para reclamar mejores condiciones laborales. Foto: Archivo/LÍDERES.

Codacons, Movimiento Difesa del Cittadino y Cittadinanzattiva, apoyadas por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, consideran que McDonalds "abusa de su posición dominante en el mercado de la comida rápida en el continente europeo. Foto: Archivo/LÍDERES.

Consumidores denuncian a McDonald's por abuso de posición dominante

12 de enero de 2016 16:44

Una coalición de organizaciones de consumo italianas ha registrado ante la Comisión Europea una denuncia formal contra la cadena de comida rápida estadounidense McDonald's por presunto abuso de posición dominante en Europa, una queja que el Ejecutivo comunitario estudiará, según dijo el martes 12 de enero del 2016.

Las tres asociaciones, Codacons, Movimiento Difesa del Cittadino y Cittadinanzattiva, apoyadas por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, en inglés), consideran que McDonalds "abusa de su posición dominante en el mercado de la comida rápida en el continente, al distorsionar la competencia y perjudicar tanto a franquiciados como a consumidores".

En su denuncia, presentada hoy en una rueda de prensa, la coalición de organizaciones de consumidores insta a la Comisión Europea a tomar medidas contra los "contratos restrictivos e ilegales" que la multinacional presuntamente impone a sus franquiciados.

Ello afecta negativamente a la elección de los consumidores, los precios y la calidad del servicio y de los productos en Europa, señalan las asociaciones.

La queja alega que los acuerdos de franquicias de McDonald's dejan "atrapados" al franquiciado en el sistema de la cadena al exigirle "términos y alquileres onerosos".
Según los denunciantes, McDonald's carga a los franquiciados alquileres "excesivos" de hasta 10 veces los del mercado.

Señalan que la mayoría de los ingresos de la cadena (el 66 %) de sus franquicias en Europa procede de los alquileres, "a menudo mucho más elevados que los del mercado y que los que pagan otros competidores directos".

Explican que en Francia, por ejemplo, las franquicias de McDonald's pagan hasta un 84 % más que las de la cadena de hamburguesas Quick.

De acuerdo con las organizaciones, el margen que tiene McDonald's sobre los arrendamientos va desde el 63 % al 77 % en Francia, del 61 % al 77 % en Italia y del 65 % al 74 % en el Reino Unido.

Los contratos también exigen al franquiciado una relación de 20 años de duración, lo que supera ampliamente el estándar de acuerdos comerciales en Europa, afirman.

Indican asimismo que la cadena de comida rápida se reserva el derecho a abrir otros restaurantes en cualquier otra ubicación sin garantizar ninguna indemnización al franquiciado que opera en la misma zona, e incluye provisiones demasiado genéricas para rescindir un contrato sin que el empresario tenga derecho a compensación.

Las organizaciones de consumidores italianas asimismo afirman que McDonald's incluye cláusulas que limitan "gravemente" la capacidad de los franquiciados de cambiar a otras franquicias o marcas.

Los denunciantes creen que los acuerdos de franquicias violan las normas de competencia de la UE, que estipulan, afirman, que empresas dominantes tienen la responsabilidad de no abusar de su posición de mercado dominante al restringir la competencia.

Los términos de los contratos restrictivos resultan, añaden, en una elección limitada para los consumidores y conducen a precios más elevados, entre otras consecuencias.

Apuntan a un reciente estudio sobre los restaurantes de McDonald's en Europa en el que se indica que presuntamente la "gran mayoría de los productos del menú son más caros en las franquicias que en los restaurantes propiedad de la cadena".

La portavoz comunitaria Lucía Caudet confirmó en la rueda de prensa diaria de la CE que el Ejecutivo comunitario ha recibido la denuncia y que está "actualmente estudiándola".

De acuerdo con las organizaciones de consumidores, si la CE confirma el abuso de su posición dominante, en última instancia McDonald's podría tener que pagar una multa de hasta el 10 % de su facturación global anual, unos USD 9 000 millones en 2014, según los denunciantes, y tomar medidas adicionales para poner fin a esta presunta práctica.