Redacción Quito
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‘Las cooperativas de ahorro en el país necesitan una racionalización’, dice Hugo Jácome

Entrevista a Hugo Jácome, superintendente de la Economía Popular y Solidaria explica su agenda de trabajo. El proceso de transición con la Superintendencia de Bancos tardará al menos un año.

El nuevo Superintendente de Economía Popular y Solidaria (SEPS) suscribió un acuerdo con su similar de Bancos (SBS), para avanzar en el proceso de transición. De esta manera, arranca un largo camino para regular y supervisar a un gran universo de entidades.

¿Cuáles son las tres principales acciones que ejecutará en esta nueva Superintendencia?

La primera tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades técnicas y humanas, para llevar a cabo los procesos de supervisión. La segunda es la transición desde la Superintendencia de Bancos hacia esta Superintendencia, porque hay un grupo importante de cooperativas que están bajo su control. La tercera, es la transición con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), por las entidades que estaban bajo el control de la Dirección de Cooperativas.

¿A cuánto asciende el presupuesto de la SEPS?

Aún no se ha definido, porque se está aprobando en estos días la estructura institucional de la SEPS, en los ministerios de Relaciones Laborales y en Finanzas. A partir de eso presentaremos nuestro plan anual de política pública y ahí definiremos el presupuesto.

¿Cómo se hará la transición con la SBS?

La ley estipula que los funcionarios que han trabajando en el área de cooperativas de la SBS y del MIES podrán pasar a la SEPS previa nuestra evaluación. Entonces, primero vamos a hacer una evaluación del talento humano y el ‘know how’ que tiene la SBS; eso implica el traslado de los procesos de supervisión de las instituciones financieras, además del aspecto normativo y la transferencia del soporte tecnológico. El cumplimiento del proceso al menos tardará un año.

¿Se calcula un período similar con el MIES?

Es un proceso de manera paralela, pero a lo mejor sea una transición un poco más rápida. En el caso del MIES se espera una depuración del registro de cooperativas de ahorro y crédito y de otras no financieras que efectivamente estén funcionando. El reto que tiene el MIES es depurar bien esa información.

¿Cómo procesará la SEPS esa depuración?

Nuestra responsabilidad también es validar esa información y ese proceso es más fácil hacerlo con las cooperativas que están bajo la supervisión de la SBS, porque están bastante visibilizadas e insertas en procesos formales de supervisión. En el caso de las que vienen de la Dirección Nacional de Cooperativas, el proceso es más complejo, porque si bien nos pasaría un registro base, tendremos que depurarla y verificar si en la geografía están funcionando. Además, esas cooperativas tendrán que adaptar sus estatutos a la nueva ley y tendremos una base de datos depurada.

Frente a todo el universo de pequeñas entidades financieras que operan en el país, ¿qué es lo que más preocupa a la autoridad de control?

La mayor preocupación que uno tiene al asumir este reto es la heterogeneidad que tenemos en las organizaciones de economía popular y solidaria. Es decir, no solamente es un tema de cooperativas de crédito sino la SEPS tiene la obligación de controlar y supervisar a las asociaciones, las organizaciones comunales. Entonces es un ámbito bastante grande.

¿Cómo está el mapa de esas organizaciones?

Para señalar algunos datos: están 39 cooperativas bajo el control de la SBS, más una caja central; en el MIES, se estima que hay 900 cooperativas de ahorro y crédito. Sumado a eso, existen 12 000 bancos o cajas comunales. En el sector no financiero existen unas 2 500 cooperativas, sean de producción, servicios, vivienda... y más de 9 500 asociaciones y 2 700 comunas. Es decir, es un ámbito bastante grande, en términos de lo que significaría la supervisión y el control. Pero la economía popular y solidaria también incluye a las unidades económicas populares.

¿De qué se tratan estas unidades?

Es decir, todas las formas de producción, que se produce más a nivel micro, en el autoempleo, autosustento, microempresas, etc. De todas maneras, el ámbito de control se circunscribe a cooperativas, asociaciones y organizaciones comunales. Pero lo que más me preocupa es esta heterogeneidad de actores, del sector financiero y del no financiero.

Frente a este gran universo de organizaciones, ¿hay demasiadas cooperativas en el país?

Ecuador tiene una trayectoria de más de un siglo de cooperativismo vinculado a procesos económicos y sociales. Pero hoy, sí me parece que hay que racionalizar. Es decir, es importante que haya cooperativas en sitios donde no existe el acceso de servicios financieros y es ahí en donde se ha generado toda esta demanda de cajas o bancos comunales. Y es normal, sobre todo si no llega ni el sector público ni el privado.

¿Qué implica esa racionalización?

Hay que tratar de propender a tener sistemas cooperativos fuertes, sólidos y grandes. Tampoco se trata de tener una diversificación y que después comienzan a hacerse daño entre cooperativas. Hay lugares en donde la densidad de cooperativas es extremadamente grande. Hay ciudades en donde funcionan tres o cuatro cooperativas en la misma cuadra.