Ruth Guano (derecha) es una de las asesoras que tiene Banco Solidario. Ella visita a clientes en el sur de la ciudad a quienes asesora y explica detalles de los créditos de la entidad. Foto: Galo Paguay / LÍDERES

Ruth Guano (derecha) es una de las asesoras que tiene Banco Solidario. Ella visita a clientes en el sur de la ciudad a quienes asesora y explica detalles de los créditos de la entidad. Foto: Galo Paguay / LÍDERES

Seis millones de personas están excluidas de servicios financieros

7 de julio de 2017 20:24

El trabajo para mejorar los indicadores de inclusión financiera todavía es largo en el Ecuador. Eso lo saben entidades y asesores de crédito como Ruth Guano, quien lleva una carrera de casi 15 años en temas de crédito y microcrédito.

Guano es subgerente de Negocios Microempresa del Banco Solidario y cada día cumple una rutina: a las 08:30 se reúne con el gerente de la agencia, ubicada en el sur de Quito. En la reunión se traza la ruta de trabajo y luego, se dirige, con otras seis asesoras, a visitar clientes y a buscar nuevos.

El trabajo de esta mujer se concentra en sitios como el Centro comercial de Mayoristas y Negocios Andinos, en el sur de Quito. “Las visitas sirven para ver cómo va el negocio del cliente, recordarle pagos, hablar de la mora”, dice Guano que trabaja en la entidad financiera hace dos años.

Ella es parte de un equipo de 313 asesores de crédito que tiene hoy en día Banco Solidario. Entre sus tareas está sumar clientes que no acceden todavía a servicios financieros formales.

En Ecuador se calcula que cerca de seis millones de personas están excluidas de los servicios financieros. Así lo señala la ‘Propuesta para la construcción de una política nacional de inclusión financiera’, elaborada por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD).

El documento utiliza información de Findex, un sistema de medición de acceso a servicios financieros del Banco Mundial. El Findex señala, por ejemplo, que en Ecuador -en el 2014- el 46% de adultos tenía acceso a una cuenta de ahorros, que un 23% tomó un crédito y que un 5,7% tenía tarjeta de crédito. Estos datos revelan que el país tiene tarea por hacer para que la población acceda a servicios y productos financieros.

El documento de la RFD indica que las entidades del sector cubren hoy en día a un gran sector poblacional, pero se tiende a una concentración en ciertos tipos de cliente y áreas geográficas, lo que conlleva a un riesgo eventual de sobreendeudamiento. “El entorno para lograr mayor inclusión financiera puede mejorarse”, dice el informe de la RFD.

Para Fidel Durán, gerente General de Banco Solidario y Presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), es necesario reconocer que muchas personas aún no reciben productos y servicios del sistema financiero en general.

Este ejecutivo señala que los indicadores del país son todavía menores en comparación con otros países de la región. Por eso cree que el trabajo en favor de la inclusión financiera merece una acción coordinada entre el sector público y el privado.

Según Durán se requieren procesos legales más ágiles, reducir los costos, pero sobre todo darle cada vez mayores facilidades a los clientes. Bajo estas premisas, las entidades que son parte de la Asomif aplican estrategias como visitar a los clientes en sus negocios. “De esta manera el cliente está en su hábitat y es más fácil para ellos explicar sus necesidades financieras”, asegura Durán.

Conocer en detalle el entorno de los microempresarios es clave. La ‘Propuesta para la construcción de una política nacional de inclusión financiera’ revela que el acceso a una cuenta bancaria es mayor en hombres (52%) que en mujeres (41%), aunque en el género femenino se observa un avance: en el 2011 el porcentaje era 33%.

El estudio añade que tres de cada 10 personas mayores a 15 años y con acceso a cuentas bancarias tienen un nivel de instrucción primaria o menor. También indica que el acceso a servicios financieros desde zonas rurales es mayor en Ecuador en comparación con otros países de la región.

Para Javier Vaca, director ejecutivo de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, el tema de la inclusión financiera viene evolucionando. El proceso empieza con el acceso a cuentas de ahorro, pasa a los microseguros que ayudan a los pequeños empresarios y se proyecta a los servicios complementarios como las transferencias en línea.

Para Vaca la inclusión financiera tiene una serie de aristas y no basta con acceder a servicios, sino usarlos de manera adecuada. “Por eso la capacitación y la educación financiera es vital”.
Vaca advierte que en nombre de la inclusión las personas pueden acceder a más créditos, pero corren el riesgo de terminar sobreendeudadas. “También puede ocurrir que las personas accedan a nuevos canales transaccionales, pero si no saben manejar un presupuesto, no será efectivo”.

Los consultados coinciden en la obligación de ofrecer servicios específicos, consolidar los procesos de regulación y unir esfuerzos. “La experiencia en otras latitudes muestra que a mayor inclusión financiera mayor desarrollo registra un país”, resume Vaca.

Visitas y ‘apps’ son dos estrategias

Herselinda Yugsi tiene, desde hace una década, un puesto de ropa para niños en el Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos, en el sur de Quito. Ella se instala en su local a las 06:00 y se retira a las 17:00.

El negocio lo montó hace 14 años, luego de cerrar un puesto de legumbres que tenía en el Mercado Mayorista, en el mismo sector de la capital. “Dejé las legumbres y me fui por la ropa”, dice Yugsi, acompañada de su bisnieta.

Para arrancar con el negocio de la ropa, esta mujer de más de 60 años se apoyó en el Banco Solidario. En esta entidad ha recibido créditos que le permiten diversificar la mercadería. El préstamo más reciente fue de USD 6 000.

Yugsi es una microempresaria que aprovecha los servicios financieros en Ecuador. Ella recibe con frecuencia a una asesora del banco para hablar sobre cómo evoluciona el negocio y cuáles son sus necesidades.

Estas visitas personalizadas son parte de las acciones de Banco Solidario para sumar clientes. Hasta junio pasado, la entidad sumaba 84 708 clientes del segmento de microcrédito, entre los que se cuenta Yugsi.

En el centro del país, en Riobamba, también se desarrollan estrategias para reducir el número de personas que están excluidos de los servicios financieros.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba se enfoca en sectores sociales de menos recursos, en el campo y la ciudad. Pedro Morales, gerente de la entidad, dice que el objetivo es que las personas “sean sujetos activos del mejoramiento social y que aporten a la economía del país”.

La Cooperativa Riobamba tiene 12 oficinas: nueve en Chimborazo, dos en Azuay y una en Pichincha. Entre todas suma cerca de 100 000 familias o socios.

Su estrategia es simple. Los asesores de crédito visitan los negocios o los domicilios de los socios. “Llegamos a sus talleres, a sus tierras, a sus casas, para hablar con ellos. Nos preocupamos mucho de generar una cultura de ahorro, en que cuiden su patrimonio y que no caigan en manos de prestamistas informales. Así conocemos sus realidades”, dice Morales. El monto promedio de los créditos de esta cooperativa es de USD 7 000.

En la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) también se impulsan estrategias de inclusión. Este organismo agrupa a 48 instituciones entre cooperativas, bancos especializados y organizaciones no gubernamentales, que atienden a 1,2 millones de personas.

La RFD prioriza la educación financiera. Para esto se apela a recursos que van desde videos y gráficos hasta aplicaciones para dispositivos móviles. “Damos el material y la institución lo personaliza”, explica Javier Vaca, director ejecutivo de la RFD.

La capacitación es otra prioridad. Entre el 2012 y el 2015 la Red trabajó con 12 de sus instituciones miembros para desarrollar herramientas. En total se capacitó a cerca de 30 000 personas y estas a su vez formaron a clientes o socios de las entidades. “Esta tarea tiene un efecto multiplicador”.

Vaca mira con optimismo el futuro y asegura que las nuevas tecnologías facilitarán el trabajo. Menciona que las aplicaciones móviles sirven cada día más para educar y simular situaciones que viven los microempresarios.

“Esto permite bajar costos y sumar socios o clientes. El reto es utilizar las ‘fintech’ para informar, capacitar, canalizar reclamos...”.

En la RFD saben que existen retos como apuntar a segmentos excluidos como los jóvenes o los refugiados. También saben que, como dice Yugsi, la clave es “saber administrar” los recursos que brindan las entidades.

La diversidad, la innovación y la protección son determinantes

En el 2015 se contabilizaban 2 000 millones de adultos no bancarizados, a escala global, según un reporte del Banco Mundial. El documento señala que entre el 2011 y el 2014 el porcentaje de adultos que tenía una cuenta pasó del 51 % al 62 %, tendencia que se vio impulsada por el papel de la tecnología.

El mismo Banco Mundial (BM) se pregunta cuáles son las maneras más promisorias de mejorar el acceso y el uso de productos financieros adecuados entre las comunidades desatendidas.
Como respuesta, el organismo habla de tareas que son, según la entidad, claves para acelerar la inclusión financiera a escala global.

El primer paso es fomentar la diversidad de las instituciones financieras (cajas comunales, microfinancieras, cooperativas de crédito) que apliquen diversos modelos de negocios. “Es fundamental disponer de un marco legal y regulatorio que permita el ingreso de diversas instituciones y mediante el cual se apliquen reglamentos y controles proporcionados y adaptados a sus respectivos niveles de riesgo”.

Otra sugerencia es facilitar el uso de tecnologías innovadoras y el ingreso de instituciones no tradicionales basadas en la tecnología. Según el BM, en muchos países, los proveedores innovadores aprovechan la tecnología, las redes de clientes existentes, la infraestructura y la inteligencia de datos para reducir los costos de transacción y ofrecer productos financieros adecuados a las necesidades de los consumidores de ingreso bajo.

También se recomienda proteger a los consumidores estableciendo normas en materia de divulgación, trato justo y vías de recurso. “Es fundamental”, dice un informe del Banco Mundial.
Hay que poner énfasis en la necesidad de que los proveedores entreguen a los clientes información clara sobre los términos y condiciones de los productos. A esto se suma la obligación de ayudar a tomar decisiones financieras informadas y evitar riesgos como el sobreendeudamiento.