Los ecuatorianos acudieron a las urnas este 23 de febrero, para elegir a las nuevas autoridades seccionales. Una vez proclamados oficialmente los resultados viene un nuevo período en el cual se esperará que se concreten todos los ofrecimientos de quienes buscaron a toda costa los votos del electorado.

A partir de ahora, la oportunidad que se genera en las ciudades es avanzar hacia metas específicas. Por ello es esencial llegar a acuerdos entre autoridades locales, sociedad civil, sector privado y la academia, en torno a una visión y objetivos estratégicos comunes. El desarrollo urbano sostenible, la competitividad y productividad, las ciudades verdes y socialmente inclusivas no son procesos excluyentes, demandan del aporte de estos actores.

Esto requiere, a su vez, de un compromiso y un esfuerzo por coordinar y articular acciones interinstitucionales para generar economías de escala, en la implementación de programas y proyectos dirigidos a mejorar el hábitat.

La Constitución de la República, en sus artículos 30 y 31, marca una hoja de ruta por transitar y establece que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada y digna, a un disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos.

Consecuentemente, no existe ninguna justificación para que los actores involucrados y que habitan en una misma jurisdicción, no sean capaces de escucharse y ponerse de acuerdo sobre un conjunto de reglas básicas sobre cómo debe ser el desarrollo urbano.