Este abogado experto en temas de arbitraje, comercio, finanzas y con estudios diplomáticos analiza la denuncia de los tratados bilaterales de inversión (TBI). Asegura que lo que los inversionistas quieren, en casos de controversias, es imparcialidad.

¿Existen en el Ecuador antecedentes de denuncias de tratados bilaterales de inversión (TBI)?

En Ecuador hubo una denuncia hace algunos años de tratados de países que no generaban mucha inversión o no eran países que se asociaban con fuentes de inversión extranjera, sino mas bien eran receptores de inversiones. A escala internacional hay algunos precedentes como en Bolivia o Venezuela, hace cinco o seis años. También en otras latitudes como Sudáfrica, India, Indonesia, con casos particulares donde la finalidad era renegociar estos tratados.

¿Qué implica, en el mediano y largo plazos, una denuncia de un TBI?
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Todo tratado tiene cláusulas de supervivencia, es decir las inversiones mantienen su protección por un tiempo. Ese tiempo puede variar, pero normalmente son 10 años en los cuales se mantiene la protección. El problema es para las nuevas inversiones que se quieran traer. Esas no están protegidas durante ese plazo y es en esa etapa cuando se busca renegociar un tratado para lograr, justamente, ese efecto de atraer inversiones.

¿Por qué se denuncia un tratado bilateral de inversión?
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Por lo que he visto en medios se menciona que en los tratados normalmente se someten, a tribunales de arbitraje internacionales, controversias que surjan con relación a las inversiones. Y estas cláusulas son, al parecer, contrarias a una disposición de la Constitución. Por la tanto se busca enmendar o renegociar los tratados de manera que sean compatibles con las normas internas y con la política que se ha definido.

¿Cómo se puede definir a la denuncia de un tratado bilateral de inversiones?
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La denuncia es como una notificación de terminación. Como cuando uno tiene un contrato y decide darlo por terminado, se sigue un procedimiento. En este caso el procedimiento es la denuncia de un tratado.

¿Se da de manera unilateral?
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Es para terminarlo de manera unilateral. Es como un desahucio en el tema laboral. Esto se aplica a todo tratado internacional.

Usted menciona que un tratado tiene un período de protección de cerca de 10 años. ¿Ese período se establece desde un principio?

Normalmente dura 10 años, pero habría que ver cada tratado, puede variar. Y en el plazo de protección se establece un período de supervivencia de la protección, precisamente porque hay que darle un tiempo al inversionista para que decida si quiere permanecer en el país bajo las nuevas condiciones o si decide liquidar su inversión y salir. Obviamente, para lo último necesita un tiempo, no puede salir de un día para el otro porque entonces la protección no tendría sentido.

En el caso de los TBI ­denunciados por Ecuador, ¿ese período ya se cumplió?
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Ese proceso va desde el momento en que se notifica que se da por terminado el tratado. Todavía no empieza a correr. Además el proceso de denuncia tiene un proceso que cumplir. En Ecuador se requiere el pronunciamiento de la Corte Constitucional, la aprobación de la Asamblea y de allí la denuncia misma que hace el Ejecutivo. Con el proceso completo se notifica a los países signatarios que se denunció el tratado para que a partir de ese momento se cuente el tiempo de supervivencia. El tiempo, como digo, está señalado en cada tratado.

¿Qué efectos se pueden esperar en Ecuador?

Un inversionista invierte en un proyecto, no en un tratado. El tratado da una garantía adicional con lo cual ciertos proyectos tendrán menos riesgo. Lo que el tratado hace es volver más competitivos a los proyectos en Ecuador versus los proyectos en otros países en los que no hay un tratado o iguala las condiciones con los países que sí tienen el tratado. Lo importante es que sea rentable, calculando con la información que se tiene, como el riesgo país. Este indicador es mayor en algunos países y menor en otros. El tratado de inversión garantiza que no va a haber un cambio de reglas que afecten al proyecto. Esto da cierta tranquilidad y permite que ciertos proyectos se vuelvan viables. En este caso, el Gobierno alega que no ha llegado la inversión esperada. Si se quiere atraer inversión extranjera hay que generar confianza con estabilidad legal y desarrollar proyectos que sean interesantes, pero eso toma tiempo.

¿A quién le corresponde desarrollar esos proyectos?
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El Gobierno contribuye con las reglas de juego y de allí depende de cada sector, del mercado. Los acuerdos comerciales ayudan y mientras más tratados permitan sistemas para ampliar el mercado la inversión se favorece.

Ecuador firmó el acuerdo comercial con la Unión Europea y Pro Ecuador organizó hace poco un evento para atraer inversiones. ¿Esta decisión de denunciar los TBI es un freno a ese trabajo?
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Hay señales contradictorias en el mensaje. El proceso de denuncia empezó hace un par de años y los socios de Ecuador conocían del proceso. El problema es que se ha hecho a brincos y pausas. El tema pasó de la Corte Constitucional a la Asamblea y quedó suspendido un largo período; luego se reactivó a pocos días del cambio de Gobierno. Para un inversionista extranjero es difícil de interpretar cuál es la política que se va a sostener en el tiempo. Si la renegociación contempla los intereses de Ecuador y de los países de donde son los inversionistas el tema podría superarse. Todo depende de cómo se proceda.

¿Qué ocurrirá cuando la denuncia se completa?
A partir de allí se darán nuevos tratados de inversión. El problema es que no está claro el esquema en los nuevos tratados de inversión. ¿Los árbitros serán los mismos, serán distintos? ¿Tendrán experiencia en el tema de inversiones? En el tema de controversias en las inversiones lo que se desea, desde el lado de los inversionistas, es tener árbitros que actúen con imparcialidad.