La semana pasad se cumplió en Quito el showroom Artesanías y Alimentos. Actores de la economía popular y solidaria de doce provincias exhibieron sus productos. Foto: Vicente Costales / LÍDERES

La semana pasad se cumplió en Quito el showroom Artesanías y Alimentos. Actores de la economía popular y solidaria de doce provincias exhibieron sus productos. Foto: Vicente Costales / LÍDERES

La economía popular y solidaria suma 10 407 organizaciones

8 de mayo de 2017 09:37



Desde el 2012 hasta febrero de este año, las organizaciones que pertenecen a la economía popular y solidaria y están reguladas pasaron de 6 016 a 10 407, entre asociaciones, cooperativas financiera y no financieras.

Dentro de este sector se hallan asociaciones, cooperativas tanto de ahorro y crédito, como de economía popular y solidaria, cajas comunales, organismos de integración y comunitarios.
Allí están comunidades campesinas, artesanales y productores, de todas las provincias del país, y con una mayor concentración en Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Azuay. Su objetivo es trabajar en comunidad y cubrir las necesidades de sus socios.

Según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), el sector cooperativo contó con seis millones de socios a finales de 2016.

Las cifras de las cooperativas de ahorro y crédito de este sector muestran un crecimiento tanto en activos, como en pasivos y en su patrimonio. En activos el crecimiento fue del 7% al 11,2% entre 2013 y 2016, lo que supone USD 9 897 millones, con una cartera de crédito que suma USD 6 420 millones. Los pasivos crecieron del 7% al 12% alcanzando los USD 8 270 millones. Mientras que el patrimonio subió a USD 1 625,15 millones, según estadísticas de la Superintendencia.

Datos de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips), señalan que las organizaciones de la economía popular y solidaria generan el 50% de la mano de obra del país. Virgilio Hernández, asambleísta y ponente de la reforma a la ley del sector, asegura que la potencialidad de ingreso de nuevos actores en este sector podría alcanzar a 1,5 millones de trabajadoras no remuneradas del hogar, 25 000 productores artesanales y 777 000 familias productoras campesinas, lo que denota la importancia del sector en la economía del país. “Es un sector con muchísimas potencialidades”, dice Hernández al recordar que este sector produce la mayor cantidad de bienes y servicios que consume directamente la ciudadanía.

Para la Conafips existe una serie de temas que deben ser tomados en cuenta por parte de las nuevas autoridades que se posesionen en el Gobierno el próximo 24 de mayo, para que el sector siga en crecimiento. La Corporación también anota que es necesaria la creación de políticas y regulaciones que faciliten el desarrollo de la economía popular y solidaria y que la fortalezcan.

Entre los temas pendientes, anota que es necesario asegurar que los procesos del sector se gestionen con calidad, que se facilite el ingreso de los productos de la economía popular y solidaria con precios favorables y con la menor intermediación posible. También resalta que es importante incentivar a los actores del sector en la producción y comercialización, y en la aplicación de innovación tecnológica.

Hernández añade que un tema pendiente de revisar es el aseguramiento, ya que los socios de los emprendimientos a la vez son propietarios y trabajadores, lo que complica la afiliación al IESS.

La búsqueda de nuevos nichos es otra alternativa que se debe plantear, según el legislador, para ofrecer no solo bienes primarios, sino con valor agregado y que la rentabilidad que se genere sea democráticamente repartida entre los actores de la economía popular y solidaria que conformen la iniciativa.

De su parte, la Corporación enfatiza en que se requiere promover cadenas de valor para lograr el acceso a los mercados internacionales, además de fortalecer el marco legal para el financiamiento del sector.

El sector cuenta con una normativa desde el 2011. Los actores de la economía popular y solidaria reconocen que la ley implementada ha sido un apoyo para el sector, pero admiten que aún hay temas pendientes por mejorar, como los procesos de compras públicas, entre otros (ver página 13).

Los actores de la EPS buscan más espacio

Carolina Enríquez  (I)

La visibilización de los actores de la economía popular y solidaria se ha logrado a través del apoyo de instituciones públicas y privadas en la última década. Sin embargo, hay posibilidades para reforzar estos procesos.

Según la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, para consolidar las relaciones comerciales entre proveedores de Mipymes y empresas de la economía popular y solidaria con las grandes cadenas de provisión de alimentos y otros bienes se han realizado 51 rondas de negocios y 263 asambleas productivas.

Otros procesos también se han llevado a cabo por parte de entidades como el Instituto de la Economía Popular y Solidaria, del Gobierno, que creó un catálogo de productores dentro de las EPS.

En el lado privado un caso es el de la fundación Heifer. Rosa Rodríguez, su directora, explica que esta entidad detectó que a los productores de la EPS les hace falta reforzar detalles para la comercialización como el etiquetado, mejoramientos de los procesos productivos, entre otros.

Ella considera que para superar estas barreras es necesario un trabajo mancomunado entre actores públicos y privados. “Hay que reforzar la promoción para el consumo de productos nacionales. También sabemos que hay procedimientos que tienen trabas y que se pudiera acelerar eso”.

Como parte de las acciones de la fundación Heifer el pasado jueves se inauguró en el museo Mindalae un showroom con 284 productos de 90 emprendedores de la EPS.
Estos pertenecen a 12 provincias y representan a unas 16 000 familias que se dedican a la producción, la transformación y la comercialización de bienes.

En este proyecto, que se impulsó junto al apoyo de la fundación Sinchi Sacha, participó Francisco Toaquiza, de la Asociación Cotopaxi. Los 12 artesanos de la misma se dedican al desarrollo de máscaras, cruces, cuadros, bateas, entre otros productos pintados con la técnica del sector de Tigua.

Toaquiza asegura que se ha reducido la acogida de las artesanías por lo que es necesario visibilizarlas con más fuerza. Actualmente, se muestran en galerías en Quito y en Cotopaxi. Asimismo, han participado esporádicamente en ferias en distintas ciudades.

Entidades del Municipio de Quito como ConQuito, desarrollan programas de impulso a las EPS como PESI y Emprectec.

En este último participan los emprendedores de la comunidad Yunguilla, ubicado en el noroccidente de Quito, quienes recibieron capacitación para mejorar e impulsar el desarrollo turístico de esta zona de Distrito.

La capacitación tuvo una duración de seis días, en los cuales se abordaron temas como búsqueda de oportunidades e iniciativa, cumplimiento de compromisos, exigencias de eficiencia y calidad, toma de riesgos, etc.

La normativa ayudó, pero aún faltan cambios

Con avances legales, pero también con pendientes. Así se resume la situación jurídica de la economía popular y solidaria.

La semana pasada, durante la rendición de cuentas de este año de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el principal de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icored), Édgar Peñaherrera, señaló que un factor que aportó para el crecimiento del sector cooperativo fue la emisión de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), con la que fue posible fomentar el desarrollo de las entidades financieras además de dar protección a los socios.

“Por ese lado se ha avanzado mucho”, dijo Peñaherrera, al explicar que actualmente es necesario esperar que las condiciones económicas del país mejores.

Sin embargo, si bien la normativa, generada en el 2011, ha sido un apoyo para el sector, se pretendió ajustar la ley para cubrir varios de los temas que podrían ser de ayuda para el desarrollo de la economía popular y solidaria.

“Las dificultades de este sector inician por una desarticulación” a decir de Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional y ponente de la reforma a la ley. Esto, según el legislador, porque no ha existido la suficiente fuerza para que se consolide el sector cooperativo, que tuvo auge en las décadas de los 1970 y 1980, por lo que es necesaria una consolidación.

Entre los problemas que identifica Hernández está que si bien hay un avance en el acceso a las compras públicas para los actores de la economía popular y solidaria, también se podría ampliar este acceso en lo público y alcanzar al sector privado. En 2015 este sector logró colocar ventas por USD 125 millones de unos USD 6 800 millones, lo que muestra el potencial al que se podría aspirar.

Para lograr el acceso a las compras públicas y privadas hay procesos y trámites que se pueden simplificar, como por ejemplo la constitución de una ventanilla única para resolver los temas de registro, del cumplimiento de condiciones sanitarias, etc.

Sobre el acceso a recursos, además de las facilidades para obtener financiamiento, otra opción que plantea el legislador es el factoring, es decir el canje de facturas.

Además está la idea de la creación de una caja de compensación, con la que los actores de la economía popular y solidaria que, por ejemplo, le deban al IESS o al SRI y tengan cobros pendientes con el Estado, puedan hacer un cruce de cuentas.

El establecimiento de fondos concursables para emprendimientos relacionados a la innovación tecnológica podría ser otro mecanismo de financiamiento.

Estas situaciones se solventaban de cierta manera en el texto que se aprobó la Asamblea el 19 de enero de 2017, luego de cuatro años de tratamiento, pero la misma fue vetada en su totalidad por el Ejecutivo. Dentro de un año se podrá volver a considerar la reforma a la ley