A través de decretos ejecutivos y con base en la Ley Orgánica de Empresas Públicas se han creado 24 empresas, en los diferentes sectores productivos. Esas firmas, bajo el distintivo de EP, participan en los sectores del transporte aéreo y terrestre, generación de energía, hidrocarburos, telecomunicaciones, astilleros, almacenamiento, entre otros.

La más reciente creación del Gobierno es la denominada Empresa Pública de Importaciones (EPI). Entre los objetivos de esta nueva corporación están los de garantizar el abastecimiento de bienes que puedan estar restringidos, promover la transferencia de tecnología y conocimiento, ejecutar la política de sustitución selectiva de importaciones…, como las más importantes.

Al respecto, surgen algunas interrogantes sobre el alcance de su ámbito de acción. Por ejemplo, en el caso de la sustitución selectiva de importaciones, no es claro cómo aplicará la facultad de decidir cuándo y qué tipo de productos pudiera incluir en un plan de restricción y sobre la base de qué consideraciones las pondrá en marcha.

Al crear este tipo de empresas, genera dudas en el sector privado, por una aparente competencia desleal. Eso, porque, quienes se dedican a la actividad comercial, en este caso los importadores, deben cumplir obligaciones tributarias (aranceles, Impuesto a la Salida de Divisas, etc.), al contrario de una empresa pública. En este contexto, lo importante es que se muestren las reglas claras de cómo operará la EPI y los beneficios que dará al país.