Redacción Quito
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El futuro de los burós de crédito es incierto

Después de una década, la salida de los burós de crédito en el país es casi un hecho. Esto, una vez que la Asamblea Nacional diera paso, el pasado 2 de octubre, al proyecto de Ley Derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia.

Allí se establece la eliminación de la Central de Riesgos, administrada por la Superintendencia de Bancos, y de los burós de crédito privados, y se da paso a la creación del Registro de Datos Crediticios, que, a su vez, estará bajo la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap).

El plazo para la transición es de un año, después de publicada la Ley en el Registro Oficial. Posterior a eso, el ciudadano será dueño de sus datos. Así, en el momento de requerir un crédito, este autorizaría a las instituciones financieras acceder a sus datos.

La ley también establece la condonación de deudas a quienes estén en la Central de Riesgos, por recursos obtenidos de los bancos quebrados -a finales de los noventa-; siempre y cuando alcancen hasta los USD 5 000.

Ahora, la última palabra la tiene el Ejecutivo, quien tiene un plazo de 30 días, desde que el Legislativo le remite el documento, para vetarlo o aprobarlo.

Pero, ¿qué son los burós de crédito? Son empresas que recopilan la información crediticia de las personas. Su principal fuente de consulta ha sido la Superintendencia de Bancos y Seguros. Con esos datos se creó la Central de Riesgo y esa información también se alimenta de las casas comerciales y de las entidades financieras de microcrédito.

Alfredo Vergara, ex superintendente de Bancos, evalúa como positiva la gestión de los burós, ya que la función principal de estas empresas es permitir que los medianos, pequeños y microempresarios accedan al crédito, sin necesidad de dar a cambio un bien o insumos por el dinero. Esto, porque entre los objetivos de su creación está el dar transparencia al sector financiero. Sin embargo, dice que sí hubo fallas. Una de ellas fue, en ciertos casos, no actualizar la cancelación de una deuda y entregar información errónea. “Son fallas humanas”, recalca.

Precisamente, ese fue uno de los argumentos que tuvo la Asamblea para aprobar el documento. Paco Velasco, asambleísta de Alianza País, explica que la Central de Riesgos “proveía información errónea a los burós y se estigmatizaba a los clientes”. El oficialista defiende el texto y señala que el Estado manejará de manera apropiada los datos.

Álvaro Andrade, gerente general de la Cooperativa 29 de Octubre, señala que si el problema es que los burós ganen dinero con la información que procesan, el Ejecutivo debería considerar regular los precios. Es decir, para quienes requieran información crediticia de una persona que pida un crédito de más de USD 1 millón, paguen un precio alto. Para quienes requieran datos de créditos que fluctúen entre USD 10 000 y 100 000 el costo sea menor y para quienes pidan créditos inferiores a los USD 10 000 no debieran pagar nada. “No se deberían eliminar, porque allí se maneja el historial de los deudores”, alega.

El historial de los burós arrancó en el 2002 con la participación de MultiBuró, CaltecBuró, Cinfocredit, Teletec, Acredita y Credit Report. Este último es el único sobreviviente. Según Carlos Díaz, su apoderado especial, no se trata de un monopolio, ya que la Superintendencia de Bancos no prohibió el ingreso de otro. “Nosotros, como buró, pagamos USD 75 000 anuales (a la Superintendencia), por la información”.

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