Roberto Suárez

Roberto Suárez, secretario General adjunto de la Organización Internacional de Empleadores. Foto cortesía de la Cámara de Industrias y Producción (CIP)

Carolina Enríquez (I)
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Gobierno y empresa deben consensuar

4 de octubre de 2015 16:47

Roberto Suárez, secretario General adjunto de la Organización Internacional de Empleadores dice que la clase empresarial del país busca dinamizar la riqueza y el empleo. Habla de la necesidad de que el concepto de flexibilidad laboral se comprenda y se entienda bien.

¿Cómo analiza la situación empresarial ecuatoriana?

Ecuador es un país con futuro, con buenas infraestructuras, con una clase empresarial organizada y consciente de sus retos. Pero también es un país que afronta retos difíciles en términos de empleo y crecimiento económico. He podido constatar que Ecuador cuenta con una clase empresarial deseosa de contribuir constructivamente a dinamizar la generación de riqueza y empleo.

Tras más de una década de bonanza, ¿cree que los empresarios en el país supieron o no aprovechar el ‘boom’ petrolero de Ecuador?

Aprovechar los períodos de bonanza exige un esfuerzo, no solo de las empresas, sino del conjunto de poderes públicos y otros actores. Exige un sentido de la responsabilidad que no siempre se ha dado. Estamos a tiempo de afrontar con coraje y responsabilidad un escenario desafiante.

Si no se aprovechó como se debe, ¿cuál o cuáles fueron las razones de esta situación?

Una de las razones fundamentales es la falta de concienciación sobre la importancia de acometer reformas a medio y largo plazo, que sirvan para atraer inversiones y desarrollar el tejido productivo. En eso debemos trabajar todos.

El Gobierno ha tendido puentes con el sector empresarial en los últimos meses, para enfrentar la crisis y flexibilizar sus normativas. ¿Esta actitud puede ayudar a evitar los efectos de la crisis, tanto para el Gobierno como para los empresarios?

Se trata de un gesto de enorme valor, que debe ser aprovechado. La experiencia de otros países, que han pasado por períodos de complejidad económica, demuestra que se puede contar con elementos de flexibilidad consensuados como herramienta clave. Además, la apertura de un proceso de concertación, que identifique medidas urgentes, marcará la diferencia en los impactos de una potencial crisis en el empleo.

En el país se anunció el envío de dos proyectos de ley a la Asamblea para incrementar los impuestos de herencias y de plusvalía. ¿Por qué cree que decisiones en este sentido pueden llegar a generar tanta incomodidad en los empresarios y, como ellos dicen, afectar el clima de inversiones en Ecuador?

Cada país del mundo tiene su propio modelo tributario y debe encontrar un equilibrio justo entre la función distributiva de los ingresos públicos y el deber de generar un marco no confiscatorio que estimule el desarrollo empresarial y la libre iniciativa. Desconozco el detalle de dichas medidas, pero sin duda los legisladores deben prestar especial atención para que las mismas no dañen el potencial desarrollo empresarial en un momento muy delicado para Ecuador.

¿Por qué considera que, pese a las condiciones favorables de los últimos años, los empresarios de América Latina todavía siguen argumentando que los gobiernos no han aplicado las medidas correctas para mejorar la situación económica?

Los gobiernos de la región se enfrentan a retos de desigualdades muy intensas, mayores que las que pueden existir en países más desarrollados y, demasiado a menudo, se sienten tentados por intentar solventarlas acudiendo a medidas cortoplacistas, populares en su inicio. Pero que generan efectos perversos en el medio y largo plazo. Un liderazgo responsable puede ayudar a superar este enfoque, sin negar que una prioridad en la acción política es la reducción de las desigualdades.

En Ecuador, durante los últimos años, se han aplicado políticas para favorecer a los trabajadores. Ahora, ¿considera que dada la coyuntura es necesaria una flexibilización laboral para mantener el empleo y evitar impactos en el sector privado?

La flexibilidad es un concepto mal entendido y mal utilizado. Mal entendido, porque no equivale a desregulación o generar perjuicios y no es cierto que beneficie en exclusiva al empresario. Mal utilizado, porque también es cierto que si no se diseñan marcos inteligentes que la canalicen, se pueden producir y, de hecho se han producido, abusos.

Uno de los temas en materia laboral que más ha generado incomodidad en el país es el posible ajuste a la jubilación patronal. ¿Qué impacto puede generar esta situación?

Se trata de cuestiones difíciles que requieren un conocimiento adecuado del sistema ecuatoriano de protección social. Los sistemas de seguridad social son complejos y a menudo constituyen el resultado de procesos largos de acumulación histórica de distintos modelos, contributivos y solidarios.

¿Qué se debe hacer?

Lo coherente es que el Estado asuma las prestaciones no contributivas y los trabajadores y empresarios las prestaciones basadas en sus contribuciones. Es importante, además, que el principio de “contribuidad” sea preservado. Las expectativas que genera una contribución a lo largo de toda la vida laboral no deben ser frustradas, por razones de justicia social y porque el respeto a esa relación entre contribución es lo que mejor garantizará la viabilidad del sistema.

El hecho de que contribuya una empresa, ¿puede generar desincentivos al empleo?

Las contribuciones sociales no deben ser diseñadas de manera que se transformen en desincentivos a la creación de empleo y a la promoción salarial de los trabajadores. Está probado que un nivel de contribución muy elevado frena la capacidad del tejido empresarial, para acometer más contrataciones y cualquier medida que alivie en un momento como el presente la carga contributiva y aumente la liquidez puede ser también valiosa. En cualquier caso, solo los ecuatorianos pueden y deben decidir acerca del modelo que encuentre el mejor equilibrio. Existen numerosas experiencias en otros países.

HOJA DE VIDA

Trayectoria. 
Abogado; experiencia en Derecho Laboral europeo e internacional. Ha trabajado en programas de la Organización Internacional del Trabajo, miembro de la Organización Patronal Europea, etc. Enseñó Derecho Social europeo en la Universidad Complutense de Madrid, etc.

Sus funciones. Actualmente es Secretario General adjunto de la Organización Internacional de Empleadores.