En 8 años,las inversiones fuera de Quito y Guayaquil variaron poco
Incrementar el número de inversiones y empresas en jurisdicciones fuera de los cantones Quito y Guayaquil fue el principal objetivo del Gobierno anterior, al establecer un incentivo tributario en dichos lugares. Tras ocho años de ello, los resultados no son alentadores.
En el 2010, el Código de la Producción estableció una exoneración en el pago del impuesto a la renta (IR) por cinco años, contados a partir del primer año en que se generen ingresos atribuibles a la inversión. El beneficio estuvo pensado en las sociedades que se constituyan a partir de la creación de la norma o las nuevas que surjan de aquellas existentes.
Esto, sin embargo, se estableció para las inversiones fuera de ambos cantones y únicamente para los 10 sectores priorizados por el Estado: producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; cadena forestal; metalmecánica; petroquímica; farmacéutica; turismo; energías renovables; servicios logísticos de comercio exterior; biotecnología; y software, así como sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones.
Junto a esta norma se establecieron otros incentivos para diferentes inversiones en el país.
Cinco años más tarde, en noviembre del 2015, el Gobierno reconoció que las regulaciones fueron poco exitosas. De 1 374 empresas que se crearon en zonas en las que podían recibir beneficios, apenas 7% se acogió a estos, indicó en ese entonces el viceministro de la Producción, Santiago León.
A la fecha, no hay un dato exacto del número de empresas que se han beneficiado de los incentivos tributarios ni de las inversiones nuevas. El pasado 28 de mayo, durante una explicación del actual proyecto de Ley de económico urgente por parte del frente económico y de la producción, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, dijo que cuentan con datos generales.
“Los números que tenemos son a escala país, macro. El año pasado, el total de inversiones que recibió el país estuvo en el orden de USD 603 millones. El año anterior a ese, el 2016, un total de USD 730 millones. Estamos hablando de flujo neto de inversión. En lo que va del año tenemos contratos de inversión por USD 879 millones”.
Este medio consultó también al Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre las inversiones fuera de Quito y Guayaquil durante la última década, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
Para Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), la norma pudo ser positiva, pero las empresas y las inversiones se vieron afectadas por el cambiante entorno político y económico de la época. “Con el Código, a la hora de la hora, no se generó mayor cosa”.
Cifras de la Superintendencia de Compañías sobre inversión, proporcionadas por la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), revelan que en las zonales que no corresponden a Quito y Guayaquil los montos bordearon en la última década USD 200 millones cada año. Los datos corresponden a inversiones para aumento de capital, constitución, domiciliación y aumento de capital con acta.
Solo dos años tuvieron cifras altas. “La inversión no reacciona de forma inmediata. Son procesos de mediano y largo plazo. Los datos de los mejores años reflejan la percepción empresarial del 2014, que fue el mejor año económico de la década. Buen precio del crudo, economía creciente. Cuando eso terminó, las cifras cambiaron”, explica David López, jefe técnico de la CCQ.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con cifras del Directorio de empresas, entre el 2012 y el 2016 las compañías de provincias que no corresponden a Guayas y Pichincha correspondieron al 54% del total. El resto se concentran en las dos.
En ese período, la mayor cantidad de negocios a escala nacional fueron microempresas; las grandes organizaciones no superan las 4 000. La mayoría se dedica al comercio, seguido de agricultura y actividades de alojamiento.
Empresas que aprovecharon beneficios
Pasar de cinco a 10 años la exoneración del impuesto a la renta para las nuevas inversiones en cantones fuera de Quito y Guayaquil es la propuesta que incluye el proyecto de Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.
La norma se remitió a la Asamblea Nacional con el carácter económico urgente el pasado 24 de mayo. De aprobarse, estaría profundizando los incentivos que ya se establecieron hace ocho años en el Código de la Producción.
Pese a los resultados generales, existen casos de empresas que hicieron inversiones nuevas en dichas jurisdicciones. Una de ellas es Agroalina, que asentó su planta de producción de alimentos a base de quinua en el cantón Pedro Moncayo, de Pichincha.
José Oleas, gerente de la compañía, explica que el incentivo de exoneración del IR fue una de las razones para operar en Tabacundo, cabecera cantonal de Pedro Moncayo. “Este año que voy a tener utilidades es un beneficio. Acceder al incentivo fue un proceso fácil e inmediato con el SRI”.
En la región Costa, Samborondón, Durán y Daule se han vuelto cantones productivamente más dinámicos tras los beneficios, cita un texto de la Asociación de Productores Ecuatorianos de Lubricantes. La referencia la atribuyen a Nathalie Cely, quien fue ministra coordinadora de la Producción en el 2010 y encargada de la elaboración del Código productivo.
En marzo del año pasado, el entonces ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, asistió al inicio de la construcción de la planta de alimento balanceado para camarón Cargill. Allí explicó que las inversoras, la multinacional de alimentos Cargill y la ecuatoriana Naturisa, se beneficiarían de los incentivos tributarios.
La inversión bordea USD 65 millones y se encuentra en un terreno ubicado en el kilómetro 6,5 de la vía Durán-Tambo. “La plataforma generará 180 plazas de empleo directo y 500 trabajos indirectos”.
Skretting-Ecuador también arrancó el año pasado la construcción de una planta de balanceados para camarón en Durán. La planta tendrá una capacidad anual de 470 000 toneladas y la inversión bordea los USD 65 millones, según informó la empresa en agosto del año pasado.
Otras empresas no se acogieron a los incentivos de nuevas inversiones por falta de información indica Patricio Alarcón, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio.
“Cuando se hicieron las reformas al Código de Producción no se comunicó de una manera efectiva porque el Servicio de Rentas Internas tenía una cultura netamente recaudatoria”, dijo el dirigente gremial.
Entre otras de las razones que dificultaron el acceso al paquete de incentivos estuvo la falta de reglamentaciones al Código y otros ajustes tributarios que motivaran el interés de las compañías por invertir fuera de las ciudades principales del país.
Ese fue el caso de la empresa Energy & Palma, que se dedica al cultivo de palma aceitera en San Lorenzo (Esmeraldas). Según su gerente, Flavio Paredes, los incentivos estaban limitados a pocos sectores productivos y no se incluyó a todos los puertos y aeropuertos para las beneficios tributarios e instalación de Zonas Especiales de Desarrollo.
Para el empresario también era importante que, junto con el Código, se normara la exención directa del impuesto a la salida de divisas (ISD) y se sustituya la actual figura del crédito tributario que se aplica para este impuesto.
La norma
Cambios. El nuevo proyecto de Ley incluye como beneficiarios de la exoneración del IR a Quito y Guayaquil. Sin embargo, el beneficio solo es por ocho años.
Beneficios. Otro de los incentivos que se agrega al documento es la exoneración del impuesto a la salida de divisas para las nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión. Esto se aplicará en los pagos por concepto de importaciones de bienes de capital y materias primas necesarias para el desarrollo de un proyecto, hasta
por los montos y plazos del contrato.
Norma. La regulación también se aplica en los pagos por conceptos de dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas
en el país.
