El fallo que condenó a dos farmacias por colusión -con la máxima multa hasta la fecha, de USD 20 millones cada una- demuestra que nuestra institucionalidad de defensa de la libre competencia funciona bien, aunque, desde luego, puede perfeccionarse.

Una comisión designada por el Gobierno ha hecho propuestas en relación con el tratamiento de las fusiones y la posibilidad de una sanción penal en casos de colusión. Pero el de las farmacias, iniciado tres años atrás y llevado adelante por la Fiscalía Nacional Económica durante dos gobiernos diferentes, es ejemplarizadora señal de que en Chile impera y se protege la libre competencia. Esta es un ingrediente esencial de una estrategia que impulse el emprendimiento y la productividad.

La fiscalización de las conductas anticompetitivas es una pieza clave en la defensa de la libre competencia, pero tanto o más importante es la permanente vigilancia de la legislación, los reglamentos y la práctica regulatoria. Es frecuente que, con la mejor de las intenciones, normas o actos administrativos limiten la libre competencia, erigiendo barreras a la entrada de nuevos competidores o industrias.

El Gobierno debería mantenerse muy alerta al respecto y trabajar incansablemente en remover los obstáculos existentes y dar cuenta pública de sus esfuerzos, incluyendo los que han resultado infructuosos por intervención de intereses creados.

Abundan ejemplos de significativas barreras de entrada. Las existentes, por ejemplo, en el transporte marítimo y aéreo, así como en la burocracia en las aduanas, elevan costos y perjudican la competitividad.