De un momento a otro, la Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos alteró el panorama para el sistema financiero; para los sectores automotor e inmobiliario y, sobre todo, para los ciudadanos que quieren o estaban en trámite de adquirir una vivienda o un vehículo.

Con la presentación del proyecto surgieron las primeras inquietudes alrededor de la urgencia, con la que el Ejecutivo remitió su propuesta a la Asamblea. Eso, porque el país no vive situaciones como las que atraviesa España o vivió EE.UU., derivadas de una especulación en el mercado de los bienes raíces o problemas en el sistema financiero.

En el trámite del proyecto, en la Función Legislativa se incluyó a los créditos para vehículos y amplió la cobertura a un sector ajeno al inmobiliario y bancario. En la aprobación final se añadieron más ajustes, como la obligatoriedad del sistema financiero de mantener un saldo del 5% del patrimonio técnico de cada entidad, para actividades hipotecarias.

La ley se encuentra en manos del Ejecutivo para su pronunciamiento final, frente a los pedidos de veto total o parcial. Mientras eso sucede, los escenarios de sus eventuales consecuencias se han puesto sobre la mesa: la banca privada anticipa ajustes y una desaceleración en la entrega de créditos para vivienda y para autos; las concesionarias de vehículos analizan y, en algunos casos, ya aplican ajustes en sus sistemas de financiamiento; bancos que no han participado del crédito hipotecario, deberán hacerlo aún sin experiencia; y el cliente, expuesto a que se le cierren las fuentes de crédito para adquirir su casa o vehículo, o simplemente que asuma una actitud pasiva en sus obligaciones financieras.