El entorno legal que acompaña al desempeño empresarial del país está permanentemente sujeto a cambios y eso altera los planes corporativos de un momento a otro. Lo más reciente: desde el pasado 3 de julio, en la Asamblea se analiza un proyecto enviado por el Ejecutivo con el carácter de económico-urgente, llamado Ley para la Defensa de los Derechos Laborales.

Uno de los principales motivos que llevó al Régimen a proponer esta normativa tiene que ver con el propósito de asegurar el pago de las indemnizaciones a los ex trabajadores de casinos del país que perdieron su empleo. Sin embargo, el texto de la propuesta contiene disposiciones de otra índole y con un alcance mucho más amplio.

Entre esas consideraciones se determina una ampliación en el rol del Estado, para enfrentar los supuestos abusos de empleadores. Se amplían sus atribuciones para identificar y recaudar obligaciones patronales. Incluso, se extiende la jurisdicción coactiva de cualquier institución del Estado, para efectivizar el cobro de acreencias. Además, las medidas se podrán dirigir contra bienes de terceros.

En el proyecto oficial, también se propone limitar la jornada laboral de las madres lactantes a seis horas durante los nueve meses posteriores al parto, lo que incrementará el costo laboral de las mujeres en edad de maternidad.

El análisis de esta normativa está en manos de la Comisión de lo Económico y Tributario. De cara a su tratamiento se debe buscar un equilibrio que garantice los derechos de los trabajadores y que no debilite el desempeño empresarial. El proyecto llega en momentos en los cuales su aprobación, sin un profundo análisis, puede generar réditos electorales.