El tema de las preferencias arancelarias andinas vuelve a escena y no con buenas perspectivas. La semana pasada, la jefa de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense, la republicana Ileana Ros-Lehtinen, llamó a no renovar las preferencias arancelarias que benefician a Ecuador. Su argumento: la inseguridad jurídica.

Según la congresista, bajo el actual Gobierno ecuatoriano las empresas e inversores estadounidenses “enfrentan condiciones de negocios que empeoran y amenazas de expropiación por parte del Régimen”.

Estas declaraciones merecen la atención de las autoridades ecuatorianas, en especial porque Ecuador batalla solo por la renovación de la Atpdea.

El programa se instauró en 1991 y permitía beneficios arancelarios para Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia por su lucha antidrogas. Colombia y Perú ya tienen sus propios tratados de libre comercio con EE.UU., y Bolivia fue suspendida del programa en diciembre del 2008.

La renovación de la Atpdea genera expectativa anual en el sector empresarial ecuatoriano desde el 2006. Cada vez que EE.UU., a través de congresistas o senadores, menciona una posible finalización de los beneficios, las alertas en el Gobierno se prenden, se inician cabildeos, etc. De hecho en el 2011 se perdieron por un lapso las preferencias.

No obstante, la preocupación es permanente entre los exportadores. Al fin y al cabo al mercado estadounidense se destina el 22% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. Con estos hechos, la política de comercio exterior ecuatoriana enfrenta un nuevo capítulo con EE.UU.