Si Alianza País fuera un partido político de verdad, lo sucedido el miércoles, con el trámite de la Ley de Comunicación, hubiese desatado una crisis interna. Que la única fuerza política del país (eso dicen los correístas) dependa de dos votos de oro, del de Scheznarda Fernández, quien sacó de la curul a su suplente, y del independiente Tomás Zevallos, quien mocionó la votación artículo por artículo en un papel escrito a mano, demuestra que el Ecuador sigue siendo un país sin instituciones.

Y como A. País no es una de ellas, resulta imposible que entre sus integrantes haya autocrítica ni interés por recuperar algo que está perdiendo: la confianza.

Diez años atrás, el veto de un Presidente era una herramienta esencial para garantizar gobernabilidad. Ahora, ese veto se ha convertido en la principal amenaza de un sistema democrático que necesita de un elemental equilibrio de poderes.

La oposición, más allá de sus intereses políticos y sus débiles estrategias legislativas, no exagera en su temor al posible veto a la ley de medios.

El de la Ley de Servicio Público encendió el 30-S y el del Código de la Democracia levantó críticas internacionales.

¿Qué pudiera pasar con esta ley, conociendo el desagrado que Correa tiene a los medios privados? Seguramente muy pocos, en Alianza País, se habrán hecho esta pregunta. Pero más allá de que esta ley se convierta o no en realidad, lo que la lista 35 debiera reflexionar es sobre el daño a la democracia que está causando la pasividad y sumisión de este bloque frente a la única voz que tiene peso: la del presidente Correa y sus vetos.