Fotos: Patricio Terán/LÍDERES
Mónica Orozco
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'El pago de jubilación en bonos no afecta derechos laborales'

La decisión del Gobierno de cancelar las jubilaciones de los servidores públicos con el 100% en bonos estatales, en lugar de hacerlo en efectivo, en caso de que el Presupuesto General del Estado no cuente con recursos suficientes, genera incertidumbre entre los trabajadores. Para el catedrático y experto en derecho laboral Gabriel Recalde, la medida no vulnera derechos adquiridos de los trabajadores, pero considera que la falta de planificación presupuestaria y el incremento desordenado de la masa salarial han obligado al Estado a tomar estas medidas.

¿El pago en bonos de la jubilación a los burócratas atenta derechos laborales adquiridos?

Hay que remitirse a lo que dice la Constitución. El artículo 326 de la Carta Magna, numeral 11, habla de que será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique la renuncia de derechos. Con el cambio al reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) en el tema de la compensación por jubilación no se le está diciendo al trabajador ue no se le va a pagar, por eso creo que en este caso no existe una afectación a los derechos. Es una medida dolorosa porque la gente no va a recibir sus recursos de inmediato, pero entiendo que las exigencias que hoy tiene el Estado por la enorme masa salarial requiere esta toma de decisiones. Hay que pensar también que estos recursos no se financian con deuda o petróleo, sino con impuestos.

Los servidores públicos creen que sí hay una afectación a sus derechos porque el pago en bonos podría implicar descuentos frente a lo que pudieran recibir en efectivo...

Aunque en efecto puedan verse afectados por un castigo en el mercado financiero, podría ocurrir lo contrario y beneficiarse, invertir estos papeles en otras actividades. El tema es que el Estado tiene un problema pragmático y es cómo reasignar recursos a estos trabajadores cuando requiero para obra pública, salud..., como lo fija en el Código de Finanzas. No se puede, hay que respetar esta preferencia.

Pero no es una afectación recibir menos de lo que realmente el patrono debe pagar...

Nadie ha negado el hecho de que podría pensarse en que en el castigo habría una reducción de los derechos, porque la misma Constitución establece que se puede transar siempre que no implique renuncia de derechos, pero de todos modos a diferencia de lo que ha ocurrido con otros gobiernos que simplemente han dicho a los trabajadores que tienen que esperar ahora hay un compromiso por hacer efectivo de alguna manera este derecho. La toma de decisión tiene que afectar a alguien, pero no creo que este cambio (pagar 100% en bonos si no dispone de recursos el Fisco) está afectando de manera sustancial a los derechos laborales de los trabajadores.

¿Están preparados los funcionarios para manejar estos instrumentos financieros?

Esto, ciertamente, es algo que se debe ir superando. Se ha dicho que el mercado financiero no es un tema sencillo, pero nunca vamos a terminar de aprender a manejar estos instrumentos sino los utilizamos. Yo creo que también parecería ser que le victimizamos al trabajador, cuando algunos incluso están familiarizados con este tipo de instrumentos.

Aún así los trabajadores consideran que los bonos estatales no son instrumentos atractivos en el mercado bursátil como lo son otros de carácter privado...

A diferencia del Estado de 1999, vemos hoy una solidez en las finanzas públicas independiente de cualquier postura ideológica. Por eso, los bonos estatales van a gozar de mucha más credibilidad y menos riesgo que hace una década atrás. Lo que sí preocuparía es que no se lleguen a cumplir las condiciones del Decreto para los bonos en cuanto a plazos y términos de cobro.

¿Podrían, de no estar de acuerdo, demandar al patrono, en este caso al Estado?

Ahí caemos en el juego de judicializar todo. Hay como dije un problema pragmático. Si el Decreto es demandado por inconstitucionalidad, lo cual no creo que sea posible, y digamos que esto se acepta, el Estado igual tiene un hueco presupuestario que cubrir y en ese contexto cómo va a cubrir el monto que se requiere para cancelar a los empleados públicos que hoy esperan la jubilación. Es un monto importante y en algún momento se habló en una sabatina de hasta USD 400 millones.

De todos modos es un tema que ha generado malestar entre trabajadores...

En materia judicial siempre se dice que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Una demanda laboral al Estado representaría tomar abogados, tardaría años y probablemente si obtiene un juicio a favor la relación costo beneficio probablemente sea negativa e incluso es posible que más rápido se hagan efectivo los bonos.

Pero al final los trabajadores están pagando por un problema presupuestario del Estado...

El Estado ha prometido mucho sin dimensionar el costo y eso ha hecho que el nivel de la inversión pública que requiere el tema de educación, salud, etc., sea inmenso. Mire lo que pasa hoy con el Yasuní y es porque el Estado requiere una cantidad ingente de recursos para cumplir lo que él mismo se impuso y de dónde vamos a sacar los recursos para financiar todo lo que plantea la Constitución… entonces se comienza a limitar la alimentación, los viáticos. La pregunta es por qué desde el principio no se tomaron medidas. El Estado creció exponencialmente, se crearon muchas instituciones. Este decreto forma parte de toda esa desarticulación y ahora se terminó sacrificando a los que ya no son productivos.

Pero los recortes eran necesarios

Si el Estado ya reconocía esos derechos, ya se volvían irrenunciables. Pero es coherente la argumentación de que el Estado ahora paga mejor y eso sí compensa en el sector público la pérdida de esos derechos. Lo que no ocurre en el sector privado donde es muy difícil acceder a incrementos salariales.

Hoja de vida

Investigación La formación. Abogado, con un Diplomado en Gestión de Política Pública en la Universidad de Argentina. Cursa una maestría en Derecho Administrativo.

El aporte académico. Director del Centro de Estudios de la Política Laboral. Catedrático de las universidades Indoamerica e Internacional.

"El Estado creció exponencialmente. Este decreto forma parte de esa desarticulación y ahora se sacrifica a los que ya no son productivos".

"Los bonos estatales van a gozar de mucha más credibilidad y menos riesgo que hace una década atrás"

"Hay un problema pragmático: cómo reasigno recursos a estos trabajadores cuando requiero para salud, obra pública".