La reforma al Código del Trabajo, que está en etapa de elaboración, es parte de las acciones o medidas que se tienen en cuenta para facilitar el desempeño de la empresa privada, en medio de la situación económica complicada.

Un paquete de cinco reformas laborales tiene previsto enviar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, en los próximos días. El objetivo es ‘mantener’ los puestos de trabajo durante un año complejo.

Esta propuesta y otras acciones ya enrumbadas llegan en medio de una desaceleración que se manifiesta con un desplome del precio del petróleo en el mercado internacional; caída en el crecimiento del Producto Interno Bruto (0,4% es la previsión del Régimen para el 2015); desempleo en alza (4,77% el 2015); retrasos en los pagos a proveedores del Estado. Estos hechos preocupan al Gobierno y los empresarios.

Para enfrentar la situación, autoridades del Estado y representantes de la empresa privada mantienen en los últimos meses reuniones constantes para buscar propuestas y soluciones. Consejos consultivos, mesas de atención al sector productivo, foros y seminarios son espacios en los que representantes de las carteras de la producción y voceros de gremios industriales se acercan para buscar oportunidades. Y allí se analizan las medidas que ya se aplican o decisiones en marcha.

Una de las más recientes acciones implementadas fue la Ley de Alianzas Público Privadas, vigente desde finales del 2015. El objetivo es posibilitar que el Estado pueda encomendar a los inversionistas, la ejecución y financiamiento (total o parcial) de una obra.

Con esto, los empresarios podrán intervenir en obras nuevas, trabajar en las existentes, etc. y contar con beneficios tributarios. 94 proyectos en áreas vinculadas a minería, electricidad, petróleo e industrias básicas son parte de las posibles inversiones privadas que busca el Gobierno.

A propósito de esta Ley, la semana pasada se cumplió en Quito el seminario Alianzas Público Privadas y su aplicación como alternativa de desarrollo, organizado por el Comité Empresarial Ecuatoriano. Para Francisco Alarcón, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, “se debe estructurar un marco regulatorio estable que garantice las inversiones de los sectores involucrados en los convenios”.

Otra medida reciente, adoptada el año pasado, permitió que la banca privada quede exenta del pago el impuesto a salida de divisas (ISD). En este caso, una resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera determinó que los pagos de créditos directos, líneas de crédito o depósitos que realicen las entidades del sistema financiero nacional al exterior quedaban exentos del ISD, tributo implementado en el 2008.

La liquidez es otra de las preocupaciones de las empresas. Ante esta situación la Corporación Financiera Nacional maneja desde septiembre del 2015 el programa de ‘factoring’, que permite que los proveedores del segmento empresarial y corporativo obtengan liquidez inmediata por las facturas que tienen por cobrar.

Hasta la semana pasada, las aprobaciones de este servicio financiero llegaron a USD 42 millones. Firmas como Atu, Edesa, El Ordeño y sus proveedores están entre los que accedieron a esta medida de la banca pública.

Otra acción, que se derivó de la Ley de Alianzas Público privadas, es la sustitución del registro sanitario por una notificación sanitaria; la medida involucra directamente al sector de los alimentos.

Antes, obtener un registro sanitario para alimentos procesados tomaba meses o años, pero ahora, con la nueva normativa el trámite se reduce a días, en determinados casos. Christian Wahli, presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, reconoce que el proceso era un vía crucis. “Era válido para un mercado de 10 empresas, pero colapsó cuando creció el tejido empresarial del sector de alimentos. Ahora se aliviana”. 

Otras medidas pensadas para dar una mano al sector privado en la actual coyuntura son, por ejemplo, la del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que permite a los empleadores acceder a descuentos en multas y recargos, una vez que cancelen el capital adeudado a la entidad estatal. Y una reciente resolución tomada por el Ministerio de Industrias, que permite a los importadores etiquetar y reetiquetar sus productos en el país.

Un mecanismo para buscar inversiones

Con el fin de atraer inversiones, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Asociaciones Público Privadas. El objetivo es posibilitar que el Estado pueda encomendar a los inversionistas la ejecución y financiamiento de una obra.

Con esto, los empresarios podrán intervenir en obras nuevas, trabajar en las existentes, etc., y contarán con beneficios tributarios. Se puede invertir en vialidad, puertos, aeropuertos, construcción de viviendas de interés social, entre otros.

La ley permite que se puedan aplicar las asociaciones público privadas. El Estado, de hecho, busca capitales por USD 37 153 millones para 94 proyectos en áreas vinculadas con minería, electricidad, petróleo e industrias básicas.

Los empresarios desarrollan acciones para impulsar esta ley. Uno de esos encuentros fue la semana pasada: el seminario con autoridades del Gobierno, analistas, banqueros, para analizar riesgos, beneficios y oportunidades.

Resoluciones para el sector financiero

La Junta de Regulación Monetaria y Financiera determinó, mediante una resolución, que los pagos de créditos directos, líneas de crédito o depósitos que realicen las entidades del sistema financiero nacional al exterior quedaban exentos del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

Las entidades del sistema financiero nacional pueden acogerse al beneficio, cuando los recursos provengan de entidades internacionales que otorguen financiamiento siempre que cumplan los requisitos fijados por las autoridades.

Andrés Vergara, analista económico, comenta que la idea de que la banca pueda levantar patrimonio desde el exterior sin el costo el ISD es una muy buena idea y nadie dirá lo contrario.

Pero agrega que se necesitan certezas de que será una medida de largo plazo que genere confianza en el sector. “Antes de la crisis había resoluciones constantes y cambios permanentes en las reglas del juego. Ojalá eso no se repita”.

Modificaciones en la jornada de trabajo

Un paquete de al menos cinco reformas laborales está en camino a la Asamblea Nacional. Su objetivo es mantener los puestos de trabajo durante un año económicamente complejo.
La figura del ‘paro parcial’ es parte de la reforma planteada y permitiría reducir la jornada laboral. Entre las empresas existe expectativa ante la falta de liquidez que sienten, según explica Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano.

Pero Fernando Ibarra, del Parlamento Laboral Ecuatoriano, asegura que esto representa un impacto para los trabajadores, debido a que con menos horas de trabajo habrá menos sueldo. De ahí que esta y otras organizaciones sindicales enviarían a las autoridades propuestas para reducir esta afectación.

Otras reformas que se proponen están vinculadas al no pago por pasantías y la creación de un seguro de desempleo, para todos los trabajadores y no solo a los afiliados al IESS.