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Una resolución que trajo incertidumbre

La disposición de la Junta Bancaria para que los bancos vendan sus participaciones donde no hagan intermediación financiera regirá desde el 13 de julio. La medida aún trae reacciones.

Ulises Alvear, presidente del Directorio de la Asociación de Casas de Valores, explica que con la resolución salieron del mercado 10 casas de valores vinculadas a entidades financieras. La elevada oferta hizo que empresas de seguros y de fondos de inversión se vendieran en precios bajos.

Eso, según Alvear, se tradujo en una pérdida patrimonial del mercado de valores. Él explica que este año existió incertidumbre, porque la gente que quería emitir papeles comerciales no sabía con quién tratar. Por ejemplo, si en marzo alguien quería hacer una emisión de obligaciones no sabía a qué casa de valores contratar y eso se tradujo en incertidumbre para el mercado.

Alvear dice que con la resolución se abrió un mercado de competencia de precios y servicios a menor valor.

Patricio Peña, presidente del Directorio de la Bolsa de Valores Quito, cree que con la resolución ocurre una fractura entre el mercado de valores y el de dinero.

A Peña le resulta difícil entender las motivaciones de la autoridades para tomar estas normas en contra de la banca. “Es una fractura entre el mercado de valores y el mercado de dinero, que siempre se han complementado. La consecuencia es que se puede contraer el mercado de valores”.

La resolución de la Junta Bancaria se comenta en los mercados internacionales. La empresa de medición de riesgo Fitch auguró que debido a esta norma el sector “se enfrentará al desafío de mantener a largo plazo las mejoras en rentabilidad logradas en el 2011”.

Según Fitch, el efecto a corto plazo de la venta obligada de los activos será“débil” para los grandes bancos, porque se prevé que la mayoría obtenga al menos su valor nominal y porque el volumen de esas operaciones es pequeño.

La Asociación de Bancos Privados de Ecuador (ABPE) ha garantizado la solidez del sistema bancario del país, pero ha advertido de que el cambio legal debilitará la base patrimonial de las entidades y ralentizarán la expansión del crédito.