El nuevo año arranca con un flamante Código Penal que tiene varios capítulos dedicados a las actividades productivas de las empresas y de los agentes económicos. Sus efectos se irán viendo a lo largo del 2014, cuando también está previsto que la Asamblea Nacional debata y apruebe un paquete de leyes que incidirán en el aparato productivo.

El nuevo Código del Trabajo, la Ley de Aguas, la Ley de Tierras, la Ley de Mercado de Valores, entre otras, requerirá un amplio debate que armonice la visión política del Régimen, la realidad interna de las empresas y el escenario económico internacional.

La Asamblea Nacional, y específicamente la Comisión de Régimen Económico, se ha caracterizado en los últimos años por aprobar leyes sin mayor debate, muy apegados a la línea del Ejecutivo, donde los argumentos presentados por el sector privado han sido escuchados, pero en pocas ocasiones incorporados a los textos legales que finalmente se aprueban en el Pleno.

Este año pudiera ser diferente, si en verdad el Régimen quiere conseguir un cambio en la matriz productiva y firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea.

En ambos casos el principal actor es el sector privado, que recibirá directamente los impactos, positivos o negativos, de las leyes que se aprueben. Pero también definirá el marco regulatorio del país, un tema clave para la llegada de inversión extranjera, la cual ha permanecido alejada del Ecuador, justamente por falta de reglas claras.