Los subsidios son como una droga: no se pueden dejar, y cada vez se requieren en dosis superiores. Por ello, resulta preocupante que hay más programas que buscan falsear el costo de los bienes y servicios públicos. Resulta lógico que un Gobierno como el de Bogotá, de ideología populista, aplique un subsidio para estimular el consumo regalando agua.

Ahora se busca subsidiar el transporte público, luego el consumo de energía, el servicio telefónico y poco a poco, con argumentos demagógicos, se irá comprometiendo la estabilidad financiera de las empresas prestadoras de servicios públicos.

Subsidiar, como volverse adicto, es fácil en la etapa inicial, produce popularidad y permite elogiarse con discursos sobre el impacto popular de las supuestas políticas sociales. Pero la economía es implacable. Cuando se manipula el sistema de costos y precios reales con subsidios, se distorsionan los mecanismos de ajuste y los déficit presupuestales se agravan. Cada vez se requiere más recursos para cubrir faltantes. Hasta el día en que no es sostenible y es necesario desmontar el programa por inviable. Por lo general es un Gobierno diferente al que instituyó el subsidio el que tiene que corregir el desequilibrio y asumir el costo de impopularidad. Sería bueno que alguien recordara a quienes gobiernan que no todos los subsidios son buenos, que no todos los que los reciben los necesitan.