Revista Lideres.ec

El Ministerio de Telecomunicaciones presentó un nuevo Reglamento para los servicios de telecomunicaciones y de valor agregado.  El mismo que  fue aprobado por el Conatel, el 11 de julio del 2012, y que  establece mecanismos para que los derechos de los abonados/clientes-usuarios sean garantizados y satisfechos por los prestadores de servicios de telecomunicaciones e Internet.

Dentro de las principales líneas de acción de este Reglamento constan el principio de neutralidad de red; derecho a la libertad de elección y contratación; derecho de acceso a la información y a las Tecnologías de la Información y Comunicación sin restricciones; derecho de transparencia de la información; derecho a pagos justos por servicios contratados; derecho a servicios de calidad; entre otros.

Según señala el Ministerio a través de un comunicado, el  principio de neutralidad de red  prohíbe a los operadores y prestadores de servicios prácticas de bloqueo de contenidos o aplicaciones, priorización de tráfico o degradación intencional de la calidad del servicio y quedando los operadores y prestadores de servicios, tanto fijos como móviles, prohibidos de cobrar a los abonados tarifas adicionales para usar servicios como Youtube, Skype, WhatsApp, entre otros.

En cuanto a la prevalencia de los derechos de los clientes se incluyen condiciones para que, en caso de duda, en la interpretación de alguna normativa o cláusulas del contrato de prestación de servicios se aplique el sentido más favorable a los usuarios.

Asimismo, aplica un derecho explícito para que los usuarios puedan conocer en detalle las tarifas aplicadas, servicios consumidos y valores debitados o cobrados. Como también  cuál fue el valor debitado por la llamada, cuánto tiempo duró la llamada y cuál es el saldo remanente.

El abonado tiene derecho a contratar los  servicios sin sujeción a condiciones especiales o renovación automática y que los servicios que se activan cuenten con el consentimiento expreso de los mismos.  Además podrá escoger  el equipo en el que desea recibir los servicios.

Se incluyen también, disposiciones relativas a la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos, servicios y aplicaciones específicos para público adulto; aplicación de tarifas especiales de Ley; mecanismos de atención a personas con capacidades especiales; entre otras disposiciones.