La Ley de Fomento Productivo, vigente desde agosto del 2018, fue uno de los hitos del Gobierno de Lenín Moreno para dar impulso al sector industrial del país.

La norma estableció incentivos para nuevas inversiones, como la exoneración del pago del impuesto a la renta o del impuesto a la salida de divisas en importación de insumos y bienes de capital.

Esto impulsó la suscripción de 155 contratos de inversión, hasta el pasado 20 de mayo, que suman USD 3 235 millones, según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

La reducción de aranceles para importar materias primas, insumos y bienes de capital fueron medidas tomadas por el Gobierno para impulsar a los sectores industrial, agrícola, pesquero y acuícola, principalmente. En octubre del 2019, el Comité de Comercio Exterior (Comex) aprobó la reducción o eliminación de aranceles en 265 subpartidas. Recientemente, el 20 de mayo, resolvió bajar a cero el arancel de importación para 128 subpartidas. 

En la misma línea de reducción de cargas tributarias, con el proyecto Camioneta Popular, lanzado en octubre del 2020, productores agrícolas, ganaderos y pesqueros pueden acceder a vehículos de trabajo exonerados del impuesto a los consumos especiales. Unas 1 400 camionetas ya están aprobadas en el programa.

“La iniciativa tiene mucho potencial, alienta al sistema productivo. Pero hace falta una articulación con la banca pública para el financiamiento de los vehículos”, explica David Molina, director de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae).

La Ley para el Emprendimiento y la Innovación, que entró en vigencia en febrero del 2020, sentó las bases para brindar apoyo al sector en temas como el financiamiento. En junio de ese año, el Ministerio de Producción lanzó el Fondo Emprende para otorgar capital semilla y riesgo a emprendimientos y mipymes, con el que se ha atendido a unos 100 proyectos.

Con esta ley, además, se crearon las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), una nueva modalidad de empresas que ha dado impulso a la constitución de nuevas compañías durante el último año.

Para la competitividad del sector acuícola y pesquero fue clave la publicación de la nueva ley en abril del 2020, que pone énfasis en la sostenibilidad y trazabilidad de los recursos hidrobiológicos.

La reactivación económica en el contexto de la pandemia se ha impulsado a través de programas como la línea de crédito Reactívate Ecuador, lanzada en mayo del 2020, con una tasa preferencial del 5%. Hasta el 13 de abril se desembolsaron USD 99 millones.

Sin embargo, el exviceministro de Industrias y Producción, Jackson Torres, admitió en la rendición de cuentas que no se alcanzaron los resultados que se esperaban con el plan: “La calificación crediticia afectó mucho”. El Ejecutivo también lanzó el plan Resurgimos Ecuador, para ofrecer créditos de hasta USD 500 000 a mipymes.

De cara al Gobierno entrante, las Cámara de Industrias y Producción (CIP) y la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) coin­ciden en que la prioridad para la reactivación del sector es generar un programa de vacunación “eficiente, expedito y transparente”.

En materia de competitividad, Pablo Zambrano, presidente de la CIP, considera importante analizar la estructura de costos financieros, arancelarios y de producción. “La dinamización del campo laboral también es fundamental”.

La CIG añade que es necesaria una revisión de los procesos burocráticos, especialmente en materia de comercio exterior.

Julio José Prado, designado Ministro de Producción, ha señalado que su gestión se centrará en tres ejes: competitividad y desarrollo industrial; oportunidades para las empresas ecuatorianas en mercados internacionales, y atracción de inversiones al país. “Trabajaremos por la reactivación productiva y generar oportunidades de crecimiento sostenible para todos los sectores”, dijo el 20 de mayo.

   Las inversiones se concentraron en tres sectores

Manufactura, turismo y transporte son los tres sectores que  concentraron el 78% de las inversiones en los últimos cuatro años. Un indicador que muestra esta realidad es la firma de contratos de inversión.

Los documentos, que comprometen la inyección de recursos de empresas privadas y extranjeras, se firmaron por el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

De hecho, estas tres actividades fueron las que aprovecharon los beneficios de la Ley de Fomento Productivo, que tiene como objetivo atraer nuevo capital al país. 

 
Los principales destinos de las nuevas inversiones fueron para ampliar plantas industriales, desarrollar otras líneas de producción, modernizar fábricas y construir espacios ecoeficientes.

En el caso de otros sectores, como el turístico, se firmaron contratos para masificar la operación de los negocios. En junio del 2020, por ejemplo, el Hotel Le Parc, en Quito, informó que firmó un contrato por USD 26 millones para ampliar el negocio hacia un nuevo modelo de servicios de hotelería.

Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), considera que los alcances en materia de inversión que se dieron en los últimos cuatro años se mantendrán a una intensidad similar en la actividad manufacturera durante este año.

Sin embargo, destaca, también podrían empezar a materializarse inversiones, todavía a menor escala, en sectores relacionados con telecomunicaciones; y dependiendo del esquema normativo por levantarse, incluso en actividades mineras.

Desde la Cartera de Producción se espera que, durante el 2021, se concrete la firma de 61 nuevos contratos de inversión, los cuales suman un monto total a invertir de USD 1 843 millones y un compromiso de generar 6 553 nuevas plazas de empleo en el país. Los sectores a los que se destinaría el nuevo capital serían, principalmente, a manufactura, acuicultura, turismo y energías renovables.

La expectativa que se genera desde el Ministerio se da gracias a que, en agosto del 2020, se extendieron por 24 meses las exoneraciones de impuestos para nuevas inversiones en el Ecuador.

El presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano explica que entre los elementos que se debe trabajar para evitar que se frene la llegada de un mayor monto en inversiones en las diferentes actividades económicas es contar con herramientas para garantizar la seguridad jurídica, respetar los contratos y honrar laudos arbitrales.

Otro elemento por resolver es el exceso de tramitología. Los industriales creen que el nuevo Gobierno debe trabajar para devolver la confianza a los inversores con un buen esquema normativo.

Añaden que es necesario que las inversiones extranjeras cuenten con instrumentos que les garanticen procesos de arbitraje imparciales, como ocurre con los Tratados Bilaterales de Inversión.