Diego Álvarez, fundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de
Datos, analiza la importancia de que las empresas hagan un buen uso de la información personal de los consumidores. Un proyecto de Ley para cuidar de los usuarios se analiza en la Asamblea.

¿Qué es la protección de datos?
La protección de datos es una tendencia que se ha establecido en el mundo hace ya varias generaciones. Surge de la necesidad de que se maneje de forma correcta la información personal de los ciudadanos, que se encuentra en manos de otros. Para entender este concepto hay que poner el tema en contexto histórico.

¿A qué se refiere?
En Europa es altamente relevante la protección de datos. Cuando se dio la segunda guerra mundial, gran parte de los problemas derivados del holocausto se dieron, precisamente, porque el Gobierno tenía el control de bases de datos: nombres, apellidos, religión, domicilio, profesión, etc. Esa información, en manos equivocadas, generó una persecución. A raíz de eso, en dicho continente la gente se dio cuenta que tener información personal puede generar riesgos si es mal utilizada. Por eso inició una suerte de regulación en ese continente.

¿Cuál es la idea básica en torno a la protección de datos?
Que las personas no solo son dueñas de sus bienes, sino de su información personal. En Ecuador, desde el 2008, la nueva Constitución estableció en el artículo 66, numeral 19, el derecho a la protección de datos personales. Un punto importante es el del consentimiento. Como titulares de nuestros datos, los ciudadanos debemos generar el consentimiento para la recolección, utilización, transferencia, procesamiento y demás de nuestra información.

¿Se está aplicando?
Lastimosamente, no ha existido un desarrollo legal de este derecho. No hay leyes vinculadas al tema. Pero ya se comenzó a trabajar en ello.

¿Desde cuándo?
El antecedente está en el 2018, cuando la Unión Europea (UE) generó un reglamento de protección de datos, de aplicabilidad directa en todo su territorio. Se establecieron normas para manejar la información que usan gigantes tecnológicos. El reglamento europeo les pone un pare: multas que van hasta el 4% de su facturación mundial por el mal uso de la información personal. Esto catapultó la tendencia a que los países cuenten con normas similares. Ecuador no se quedó atrás.

¿Qué ha hecho el país?
A finales del 2018 comenzó a trabajar en un proyecto de Ley de protección de datos. Está liderado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), como una iniciativa del Ejecutivo. Se apoya con expertos de la sociedad civil. A finales del año pasado ya se presentó a la Asamblea y está en manos de la Comisión de Asuntos Internacionales.

¿Cómo ayuda esto a las personas y cómo impacta en las empresas?
Primero hay que hablar de cómo funciona el uso de la información. Los datos personales son la nueva materia prima de los negocios digitales. Por ejemplo, a raíz de la pandemia un emprendedor crea una ‘app’ de ‘delivery’ para el barrio. Para montar la estructura tecnológica, esa persona puede acceder a los servicios que da Google. Esa empresa, en sus registros, puede tener la base de datos de todos los usuarios de Android: a dónde nos movilizamos, a qué hora salimos, las rutas, dónde trabajamos, nuestro correo electrónico, etc.

¿Qué ganan las grandes empresas con la información personal?
Nosotros no pagamos nada por estar en redes o acceder a los servicios de las grandes empresas. Pagamos con la información que les proveemos: likes, fotos, interacciones con páginas, etc. Esa data es procesada por estas compañías y vendida en función de otros servicios. No es malo, no hay que satanizarlo. Pero los usuarios y titulares de los datos personales debemos saber qué se está haciendo con esa información y aceptar o no el uso que se le vaya a dar.

¿Cómo se maneja la información personal en Ecuador? Incluso, se conoce públicamente que se venden bases de datos en la calle o a través de Internet.
Como país estamos en deuda en cuanto a una ley. No solo porque a escala comercial internacional estamos en desventaja por no haber regulaciones, sino que en lo cultural no le damos importancia. Entregamos información en cualquier parte.

¿Qué tan legal es que diferentes empresas en el país tengan datos personales y llamen para vender productos o servicios?
Existe una resolución de la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel) de este año, que obliga a que las firmas que emiten llamadas comerciales se registren en la entidad. La idea es que el usuario pueda saber qué tipo de compañía es la que le está contactando: turismo, restaurantes, cobranza, etc. Es un paso intermedio, hasta que se cuente con una ley.

¿Cómo esas empresas tienen la información del ciudadano?
Actualmente, no se está atacando el problema verdadero, es decir cómo adquirieron la información y qué hacer ante eso. La nueva Ley nos va a poder otorgar, por ejemplo, el derecho a accesos: mediante una carta puedo pedir a una empresa que me diga qué data tiene de mi persona. También tengo el derecho de cancelar, solicitar que una compañía, con la que no tengo ningún contrato, no tenga mi información. Asimismo, la futura ley puede generar el derecho de oponerme a cómo determinada compañía está usando mi información. Por ejemplo, puede usarse para facturarme, pero no para venderme cosas.

A partir de la pandemia, la digitalización ha crecido y cada vez más negocios tienen información de las personas. ¿Qué hacer para proteger al usuario?
Primero, el ciudadano debe tener conciencia de a quién se entrega la información. Por ahora, no hay Ley. ¿Cuál es el llamado para las empresas que están usando los datos? Deben ser transparentes con los usuarios, indicarles en qué usan la información a los clientes y, sobre todo, no hacer mal uso de la misma. Los datos personales son una fuente importantísima de nuevos negocios.

¿Por qué?
Debemos pensar que los negocios tecnológicos también van a ser una de las herramientas principales para enfrentar la crisis y salir adelante. Permiten que nos conectemos y accedamos a servicios que no lo hacíamos. La tecnología nos permite adaptarnos a las nuevas condiciones de vida. Los negocios digitales van de la mano con el uso de datos personales.

¿Qué incluye el proyecto de ley?
Desarrolla el derecho a la protección de datos. Se recoge datos para fines específicos, se recoge datos limitados, etc. Asimismo, consta el derecho al olvido digital: pedir que los motores de búsqueda elimine información que ya no sea adecuada o actualizada.

HOJA DE VIDA
Formación.  Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Máster en Derecho de las telecomunicaciones, protección de datos, audiovisual y sociedad de la información de la Universidad Carlos III de Madrid (España).
Experiencia.  Miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos; Country Manager (Ecuador, Costa Rica, Guatemala y El Salvador) en Biz Latin Hub; Asociado en Corral Rosales; Paralegal en Ecija Law & Technology (Madrid), etc. Ha colaborado con su experiencia en el proceso de elaboración del proyecto de Ley de protección de datos.