El proyecto minero Loma Larga se desarrolla en los cantones Cuenca, San Fernando y Girón y se encuentra en la fase de exploración avanzada. Imagen cortesía del antiguo propietario IVN Metals.

El proyecto minero Loma Larga se desarrolla en los cantones Cuenca, San Fernando y Girón y se encuentra en la fase de exploración avanzada. Imagen cortesía del antiguo propietario IVN Metals.

Dos decretos están en debate por la minería a gran escala en Ecuador

23 de julio de 2022 11:37

El sector minero tiene dos decretos: el 151 y el 468 para la regulación de las actividades de esta industria.

El segundo fue emitido el 30 de junio de 2022 por el presidente Guillermo Lasso, tras la firma del acta de diálogo con el movimiento indígena.

Los empresarios mineros creen que este nuevo documento no es una buena señal para los inversionistas y las empresas que desarrollan los proyectos.

Según Rebeca Illescas, exministra y exviceministra de Minas, hay confusión, desconocimiento y falta de información sobre la industria. Está de acuerdo con la lucha del movimiento indígena, porque sus condiciones de vida son las peores y son los más pobres. “Tienen razón y hay que entender sus necesidades y resolver los problemas”.

Pero, considera que hay oenegés que tienen otro tipo de interés, que provoca que las comunidades entren en disputas con el Estado.

Illescas, experta legal en minería, explica que el decreto 468 no deroga las disposiciones del decreto 151. Este se encuentra en vigencia desde el 5 de agosto de 2021, tras la firma del presidente Laso. En ese segundo documento (468), de dos artículos y una disposición general, se decreta que el Presidente de la República no ejercerá su facultad excepcional, prevista en la Constitución, que permite solicitar la actividad extractiva de los recursos naturales no renovables en áreas protegidas, en zonas declaradas como intangibles, en territorios ancestrales y zonas arqueológicas.

Los indígenas demandaron durante el paro que se realizaran las consultas previas para los proyectos mineros. Illescas enfatiza que ese tema está considerado en el decreto 151, en el literal b del artículo 4. Este establece “impulsar y promover la generación de normativa sobre los procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas para los casos en que las decisiones o autorizaciones gubernamentales puedan influir en sus territorios (...)”.

Illescas comenta que, durante la paralización, la minería ilegal tomó más fuerza en Buenos Aires (Imbabura). Esa actividad irregular ha provocado inseguridad, pérdida de empleo y destrucción ambiental en las áreas donde se practica. Observa una falta de institucionalidad y de inversión del Estado para hacer una fuerte regulación.

La posición del sector

Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Azuay, considera que no hay un panorama favorable para hacer minería. Menciona que el proyecto Loma Larga en Cuenca está en riesgo. Esta misa está en manos de la canadiense Dundee Precious Metals.

Lauro Sigcha, dirigente de la Federación de Organizaciones del Azuay; y el excandidato presidencial, Yaku Pérez, demandaron al Ministerio del Ambiente para detener ese proyecto minero.

El juez, Juan Carlos Cárdenas, debía -hasta el viernes 15 de julio de 2022 - notificar el fallo por escrito a todas las partes, luego de que el martes último anunciara su decisión de forma verbal.
Vargas analiza que estas decisiones crean inseguridad jurídica. Además, ve más discursos políticos e ideológicos que técnicos sobre la realidad de los proyectos.

El manejo ha sido más político y hay contradicciones en el mismo Gobierno, asegura Vargas. Debido a todas estas condiciones -dice- se mantiene la minería ilegal, como sucede en el cantón Camilo Ponce Enríquez y en el proyecto Río Blanco, en Molleturo. La empresa concesionaria no puede actuar en esa zona, sin embargo, se practica la minería ilegal que destruye la naturaleza.

Freddy Salazar, CEO de Salazar Resources, también ve una falta de definición del Estado sobre cuáles son las reglas claras para el sector.

Destaca que, las empresas que tienen a cargo los proyectos mineros, cumplen con las regulaciones del Estado. En su caso lo hace con Curipamba, una de las cinco minas estratégicas del Gobierno. Salazar cuenta que su proyecto en Las Naves (Bolívar) espera la entrega de la licencia ambiental para comenzar la construcción de la mina. Esa inversión será de USD 280 millones.

Desde la Cámara de Minería de Ecuador hay pronunciamiento. Su presidenta, María Eulalia Silva, comenta que el gremio espera que ese proceso se realice de manera técnica. Su posición es que la minería es una oportunidad de desarrollo y las autoridades invitaron a los inversionistas en Canadá a mirar al Ecuador para generar divisas, a través de la minería responsable.
El país fue visto en ese foro, que se hizo del 11 al 13 de junio de 2022, como un lugar para invertir en esa feria de tres días.