Pequeñas asociaciones productivas, cooperativas de ahorro y crédito, microempresarios, agricultores, bancos comunales, transportistas, etc. La lista de actores de la economía popular y solidaria (EPS) es extensa, lo que demuestra que en el Ecuador este sector se halla en evolución, en medio de retos y desafíos.

Las cifras que maneja la Superin­tendencia de Economía Popular y Solidaria muestran el desempeño. En el sector financiero de la EPS los activos se han duplicado entre el 2012 y este año. En cuanto al número de socios, hoy en día ya se cuentan 6,4 millones.

En el sector real también se registra una evolución favorable. Los activos, por ejemplo, han crecido hasta los 605 millones y el número de organizaciones pasó de
5 750 en el 2012 a 13 027 hasta abril de este año (ver gráfico).

El sector financiero de la EPS está integrado por las cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas. Allí están entidades consolidadas y fuertes desde el punto de vista económico. Por eso la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria las clasifica en cinco segmentos. Las más grandes tienen activos por más de USD 80 millones y las más pequeñas no superan el millón de dólares.

De su parte, el sector real incluye básicamente asociaciones, cooperativas de transporte, cooperativas de vivienda, de servicios y de producción. “El eje es la redistribución de riqueza y la asociación. Sus miembros son dueños y trabajadores a la vez”, explica Lucía Calderón, presidenta de la Confederación Nacional de Cámaras Provinciales de la Economía Popular y Solidaria. Ambos sectores buscan mayor presencia.

Para la titular de la Superintendencia, Margarita Hernández, las entidades de la EPS hoy en día son ya actores reconocidos y validados, fruto de un trabajo de un supervisor técnico. Las grandes cooperativas, por ejemplo, están obligadas a competir con los bancos. “Tienen que usar la normativa, los procedimientos adecuar su gestión y ser dignos competidores”.

Hernández añade que en este desarrollo, las cooperativas deben respetar el derecho de los socios, cuidando el vínculo que se ha fortalecido durante años. “El único que puede permitir que la esencia se pierda es el socio”.

Jardín Azuayo es una de las cooperativas de ahorro y crédito más grandes del Ecuador, con activos por USD 787 millones y 427 000 socios. Su titular, Juan Carlos Urgilés, destaca que la EPS es una realidad, un sistema económico alterno que convive con el sistema privado. Además, cree que se trata de un instrumento poderoso para incluir social y económicamente a las personas.

Pero también hay debilidades. “Le falta una estructura que permita aprovechar todo el valor que genera. Ese valor extra se pierde, se diluye porque no se integran las cadenas productivas”. Otro punto flaco es la comprensión teórica y práctica sobre el tema. “Es necesario formar a personas con esas competencias, pero es complicado”, dice Urgilés.

El vocero de Jardín Azuayo también advierte que el rápido crecimiento puede ser contraproducente, si no se lo sabe gestionar de manera técnica. Abrir una nueva oficina no es tan sencillo, dice, porque se requiere capacitar personal. “En nuestro caso recibimos
3 600 nuevos socios cada mes, pero la formación solo llega a cerca de 4 000 al año. Es un problema de política pública que puede solucionarse con una metodología adecuada”.

La vocera de la Superintendencia cree que ya es hora de dar mayor visibilidad a la actividad de los actores de la EPS. “El trabajo de regulación y control es el preámbulo para atar al sector financiero con el sector real de la economía popular y solidara”. Una de las acciones planificadas, explica Hernández, es aprovechar la ley económica urgente que está en la Asamblea y dejar claro el peso que tiene la EPS. “Hoy, la salud de la economía popular y solidaria es buena, pero puede ser mejor”.

13 407 organizaciones, en el sector real

Dentro del sector real de la economía popular y solidaria se contaban, hasta el 30 de abril pasado, 13 407 organizaciones. El segmento de producción es el que más abarca con el 53% del total.

Luego están las de servicios (26%), transporte (14%) y vivienda, pesca, consumo y minería, con el 7% restante. Estas organizaciones se reparten, principalmente, en Tungurahua, Chimborazo, Cañar, El Oro y Loja, según un mapa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Las asociaciones están categorizadas por su capacidad de entrega de productos a supermercados, estandarización de procesos, manejo de finanzas y crédito. 45 asociaciones están registradas en Pastaza, 85 en Tungurahua, 86 en Chimborazo y 75 en Cotopaxi, dice el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS).

Diego Hidalgo es socio de la Asociación de Confecciones Hidalgo Hermanos de la parroquia Huambaló, en Tungurahua. Junto con sus ocho hermanos, dos cuñados y padres formó la empresa de confección de ropa en tela jean y deportiva en el 2015. Sus productos son parte del catálogo digital del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Hidalgo explica que recibió, de parte del IEPS, asesoramiento técnico y seguimiento durante un año para aprender y evitar desacuerdos entre socios. Luego “no hubo un seguimiento o acompañamiento para saber si estamos haciendo bien las cosas. Nos ofrecieron crédito y maquinaria para la empresa pero no las hubo”.

Otra asociación es Maki Ruray Kuna. 11 mujeres son las encargadas de elaborar, comercializar y promocionar artesanías elaboradas a base de cáscara de naranja. Inés López es la representante legal y la encargada de gestionar la ayuda del IEPS. La asociación recibió capacitación, asesoramiento técnico y emprendimiento.

López explica que las debilidades están en temas como exportaciones, licencias de envíos, asesoramiento para créditos y mejoramiento del producto artesanal. “No contamos con un diseñador artesanal que nos explique la iconografía del país”.

Maki Ruray Kuna busca participar en la VI Feria de Artesanías del Mercosur que se realizará en Puerto Iguazú, Argentina, en octubre del 2018. Para eso necesitan crédito. “Nos indicaron de un asesor de Riobamba para realizar el préstamo en Ambato, pero ­todavía no tenemos respuesta”, se lamenta.

Juan Pablo Guerra, presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, resalta que la EPS ha experimentado un período de fortalecimiento desde el 2011, cuando se aprobó la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y posteriormente, cuando se creó la Superintendencia, en el 2012.

Según Guerra, el crecimiento de la cooperativa ecuatoriana es necesario y debe darse como respuesta a los cambios de la sociedad, por ejemplo, en el ámbito tecnológico y de facilidades para los socios. El cambio, no obstante, debe darse sin que las entidades pierdan su esencia, añade.

Lucía Calderón, presidenta de la Confederación Nacional de Cámaras Provinciales de la Economía Popular y Solidaria, piensa distinto. “Sentimos que la economía popular y solidaria no es una prioridad mayor en temas como la contratación o compra pública, por ejemplo. Entonces, eso frena de cierto modo la actividad de los actores del sector real. Lo bueno es que estamos agremiados”.