Marco Naranjo, catedrático, considera que las normas macrofiscales que propone el Gobierno son un buen norte para alcanzar estabilidad. Sin embargo, enfatiza que en relación al recorte de gasto urge focalizar las subvenciones que el Estado destina a los combustibles

El Ministro de Finanzas reconoce que el déficit y el agresivo endeudamiento son graves problemas para el Fisco, por ello plantea reglas macrofiscales en la Ley de Fomento Productivo que se debate esta semana en el Pleno. ¿Son apropiadas estas medidas fiscales o pudieron ser pulidas?

Las normas son adecuadas. El país no puede sostenerse en el tiempo con un déficit de casi ocho puntos del PIB. El planteamiento de ir bajando el déficit hasta llegar al equilibrio fiscal es positivo, pero implica una cantidad importante de medidas de finanzas públicas. Volver al techo razonable de deuda, del 40% del PIB, es necesario, y eso se puede lograr reduciendo la deuda o con un mayor crecimiento del PIB.

Una de las críticas a la Ley es que no plantea metas periódicas de reducción del gasto ni especifica cuáles se reducirán. ¿Dónde cree que quedan espacios para mermar los gastos del Estado?

Debiéramos reducir principalmente el gasto corriente y eso tiene que ver principalmente con los salarios, pero en esa área hay márgenes estrechos, porque no se puede reducir personal en el área de salud, de educación o de seguridad. Por eso es que entra un elemento fundamental, la revisión de los subsidios para reducir los egresos del Estado.

Ahora que la discusión ha vuelto a plantearse. ¿Qué propone la academia en torno a este tema?

Este año, más o menos son USD 3 400 millones que el Estado va a gastar en subsidios y el problema es que los más costosos, el subsidio al gas y a las gasolinas, no están focalizados. Hay estudios que determinan que el quintil más adinerado de la población es el que más se beneficia de estas dos subvenciones y no deberían recibirlas. Una familia rica gasta USD 300 al mes en combustibles y de eso, USD 200 le subsidia el Estado. Eso es totalmente ineficiente. Los subsidios son buenos cuando van a un destinatario claro que lo necesita.

¿Cómo se podría llevar a cabo una focalización?

Supongamos que un ciudadano pertenece al quintil más rico y es fácil saberlo porque el SRI sabe el nivel de ingreso de todos los ecuatorianos y obvio de los que más contribuyen. Si se conoce eso, y que tiene uno o varios autos, al momento de poner gasolina se le puede cobrar, por ejemplo USD 6 por galón, independientemente de la gasolina que pongan. Se puede hacer con una fórmula matemática, con una herramienta tecnológica que puede desarrollar la misma academia.

¿Qué problemas se presentarían si se decide directamente quitar la subvención a la gasolina súper?

No sé cuántos taxistas ponen súper o cuántas personas de clase media tienen un carro al que cuidan y solo le ponen súper. Por eso proponemos diferenciar el subsidio, cruzarlo. Por ejemplo, a los que más ingresos tienen, cobrarles USD 12, a otros USD 8, a otros USD 6, y así de acuerdo con sus ingresos. Se puede generar una diferenciación de precios completa. Con esa diferencia de precios puedo cubrir el subsidio al diésel sin tener que usar el dinero del fisco. Eso es lo que se conoce como cruce de subsidios. A uno le quito y al otro le doy.

¿Eliminar progresivamente en el tiempo el subsidio a los combustibles no sería también una alternativa?

Eso ya se dio en la década de los noventa. El precio de la gasolina variaba cada mes y la gente hacía fila el 31 de cada mes para poner gasolina antes de que suba. El gradualismo en las medidas genera mayor impopularidad al Gobierno. ¿Por qué no generamos un planteamiento en el que le cobramos al ciudadano conforme a su ingreso?

¿Cuál sería el alivio fiscal que se generaría de implementar esta medida?

Si se elimina el subsidio en diésel y gasolina nos evitamos USD 2 000 millones en gastos, eso es el 2% del PIB.

¿Por qué recién ahora vuelve el tema a la mesa de debate si el problema del déficit fiscal y la necesidad de cortar gastos está presente desde hace tiempo?

Trabajé para Naciones Unidas como asesor de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea y ahí propusimos crear una unidad de control de ejecución del presupuesto, pero no se hizo, porque el planteamiento era no tocar cosas sensibles que pudieran perjudicar la popularidad del anterior Gobierno. No se podía hablar de gasolina o gas. Lo que importaba era la popularidad e ir pateando hacia adelante el problema.

En el debate el tema más delicado es el del subsidio al gas. ¿Es intocable?

Sí, el gas es un tema sensible. La gente teme que los almuerzos suban de precio, pero en los restaurantes por ley no se puede usar gas subsidiado, así que no deberían subir los almuerzos. Los académicos podríamos investigar cuánto afectaría a los distintos quintiles de la población una elevación del precio del gas y comprometernos a generar una alternativa para que el gas doméstico para los más pobres sea entregado directamente. Los camiones que van distintas zonas ya pueden ir con precios marcados. Este es un proceso que tomará más tiempo que la gasolina.

Tomando en cuenta las complicaciones del país para cubrir sus necesidades de financiamiento este año. ¿Urge tomar la decisión en torno a las gasolinas antes de que se termine el 2018?

Hay que hacer un estudio y ahí lanzar la propuesta, pero sí, se puede tomar este año la decisión. En la academia solo necesitamos la propuesta del Ministro de Finanzas.

Por el lado de los ingresos en el Presupuesto, ¿qué opciones se deben tomar en cuenta?

La única forma es con crecimiento económico. Es imposible querer más ingresos y tributos si la economía no crece. El crecimiento no se dará sin inversiones. En eso puede contribuir la Ley de Fomento Productivo.

Hoja de vida
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Estudios. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Tiene un PhD en Economía por la Universidad de Alcalá de Madrid, además cuenta con una maestría por la Universidad de Torcuato Di Tella, de Argentina.

Trayectoria. Fue funcionario de carrera del Banco Central del Ecuador desde 1985 hasta el 2008, en donde ocupó cargos como asesor del Directorio y director general de estudios. También trabajó como consultor para Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras instituciones.

Docencia.  Es profesor principal de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y en Escuela Politécnica Nacional.