Con un año entero por delante, el sector empresarial ecuatoriano afronta cuatro grandes desafíos: las nuevas leyes que tramitará la Asamblea Nacional, el cambio de la matriz productiva, el Código Orgánico Penal Integral y el déficit de la balanza comercial.

De los cuatro puntos en mención, los tres primeros tienen el sello del Gobierno y sus autoridades, e implican un nuevo marco de acción para los sectores productivos. Pero a diferencia de otros años, el 2014 inicia con un diálogo entre Gobierno y empresarios, que evoluciona favorablemente. A finales de noviembre pasado, en un acto público, el ministro de Industrias, Ramiro González, y el titular de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Dávila, intercambiaban halagos.

El funcionario estatal señalaba que sin los empresarios no puede haber un cambio de la matriz productiva. "Ellos saben lo que se requiere para desarrollar una política industrial eficiente". Dávila añadía que los industriales confían en el Ministerio de Industrias y que están dispuestos a seguir trabajando con las autoridades.

La mirada del empresariado ecuatoriano también estará atenta de lo que ocurra en la Asamblea Nacional. Allí están pendientes, por ejemplo, la reforma a la Ley de Mercado de Valores que se encuentra en segundo debate y lista para ser tratada por el Pleno; también están a la espera las reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria, de Recursos Hídricos, entre otras.

Para María Rosa Fabara, presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, algunos de estos cambios pueden ser positivos, pero no dejan de generar incertidumbre. "Los cambios legales, sean buenos o malos, generan una inseguridad y estos son mal valorados en el momento de invertir".

La preocupación inmediata para el sector empresarial es el Código Orgánico Integral Penal (COIP), tras su aprobación en segundo debate en la Asamblea el pasado 17 de diciembre.

El Ejecutivo tiene que pronunciarse hasta mediados de enero y nuevamente el texto regresará al Pleno del Legislativo, para su aprobación definitiva.

Los temas que más inquietan tienen que ver con las secciones llamadas Delitos contra el derecho al trabajo y a la Seguridad Social, y contra el Régimen de Desarrollo. El documento endurece los delitos tributarios al establecer hasta 10 años de pena privativa de la libertad. Hoy, el Código Orgánico Tributario establece penas de hasta seis años. También plantea hasta siete días de prisión a los empleadores que no afilien a sus trabajadores.

Sobre los cambios al tema laboral, Xavier Sisa, director jurídico de la Cámara de Industrias y la Producción (CIP), señala que deben definirse temas como los derechos de los trabajadores, las obligaciones de empleadores y las modificaciones a figuras como la jubilación patronal o la sindicalización por ramas de actividad. En los otros temas, como leyes de Tierras y Aguas, deben definirse -dice- derechos de propiedad privada, fortalecimiento de actividades productivas y los permisos de aprovechamiento de los recursos.

La balanza comercial es otro de los desafíos. La paralización de la Refinería de Esmeraldas, prevista para abril, obligará al país a importar más combustibles y lubricantes; además, la previsión del crecimiento de las exportaciones no supera el 5%, según Fedexpor.

El mismo Gobierno reconoció hace un par de semanas que se está llegando a una situación difícil por el déficit de la balanza comercial y la de pagos. El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, señaló días atrás que el déficit de la balanza comercial es la principal debilidad de la economía del Ecuador.

En general, la economía ecuatoriana, si no hay cambios abruptos en los precios del petróleo y de las materias primas agrícolas, podría presentar un crecimiento similar al del 2013, es decir, alrededor del 4% anual. Así lo asegura Santiago García, docente de la Universidad Central del Ecuador.

En un análisis, este investigador sostiene que el crecimiento previsto obedecería a que la inversión pública mantendría similares niveles al año precedente; además, el precio del barril de petróleo podría ser menor a los USD 86,4 presupuestado en la Pro forma presentada para este año; porque la balanza comercial continuará siendo deficitaria; y porque la inversión extranjera directa no variará mayormente manteniéndose en niveles muy modestos.

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