Los plazos para la adopción del certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el sector alimenticio comienzan a cumplirse.

Un reglamento obligaba a las empresas de alimentos en el país a obtener esta certificación desde el 2002, pero esto no se había cumplido. Las BPM son condiciones básicas y prácticas en la producción de alimentos que garantizan que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas.

El Comité Interministerial de la Calidad (que incluye a los ministerios de Salud e Industrias) decidió poner plazos para obtener esta certificación según el tipo de producto y tamaño de la firma.

Así se resolvió dar un plazo de un año que se cumplió el pasado 27 de noviembre para las firmas grandes y medianas categorizadas como tipo A de cárnicos, lácteos, bebidas no alcohólicas, alimentos dietéticos y ovoproductos (huevos y sus derivados). Empresas tipo A son las que requieren mayor atención en los procesos. En tanto, las pequeñas y microfirmas de esta categoría tendrán hasta noviembre del próximo año.

Y el resto de empresas entre las que se cuentan las que procesan cereales, conservas, aceites, gelatinas y otras categorizadas como tipos B y C, tiene entre tres y cinco años para lograr la certificación.

Una vez cumplido el plazo, el certificado de BPM se convierte en un requisito para que las empresas de alimentos obtengan el permiso de funcionamiento.

El proceso de implementación incluye la adecuación de infraestructura, capacitación al personal, maquinaria con especificaciones técnicas especiales, etc.

Christian Wahly, presidente de la Asociación de Alimentos y Bebidas (Anfab), señaló que el reglamento del 2002 se consideró un incentivo para que las empresas que obtengan BPM puedan acceder de forma más rápida al Registro Sanitario. Pero como esto no ocurría no había incentivo para las empresas. Wahly explica que muchas firmas cuentan con BPM aunque no aprobadas por la autoridad estatal, sino por certificadoras privadas. Otras, en cambio, tienen certificaciones ISO que desde la década de los años noventa incluyen las BPM.

El proceso de certificación ha resultado más fácil para estas últimas y más complejo para las mipymes. "Es una inversión fuerte y para industrias que ni siquiera cuentan con terreno propio donde ubicar su planta es más complicado", asegura Édison Romo, vicepresidente del sector alimenticio de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha (Capeipi).

Hasta el 13 de noviembre, 41 empresas de diferentes categorías habían obtenido el certificado BPM que otorga la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). En la primera etapa, según el ente de control sanitario, 93 plantas procesadoras de alimentos debían certificarse.

Ana Cox, subsecretaria de Calidad del Ministerio de Industrias, explicó que esta Cartera ha apoyado a la industria con asistencia técnica. "En el tema de capital ellos son los que tienen que poner una contraparte de inversión y con adecuaciones apropiadas para las BPM que son algo exigentes".

La Arcsa anunció que los controles empezarían desde el 28 de noviembre.