La emisión de la tarjeta amarilla a Ecuador por parte de la Unión Europea (UE), en octubre del 2019, como llamado de atención por supuestas deficiencias en sus controles, aceleró el trabajo conjunto entre el sector público y privado para impulsar y mejorar la trazabilidad en la industria acuícola y pesquera.

En abril del 2020 fue emitida la nueva Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, que incluye entre sus principios la trazabilidad de los recursos hidrobiológicos, la sostenibilidad y la gobernanza.

La normativa define la trazabilidad como un “conjunto de medidas, acciones y procedimientos que permiten registrar e identificar cada producto o un lote del mismo y sus características, desde su origen hasta su destino final”. Aún se espera por la publicación de un reglamento de ley.

Sin embargo, se ha ido avanzando en materia de trazabilidad, acorde con lo que determina la ley. El pasado 7 de abril, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca inauguró el Centro de Monitoreo de Inspectores del Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca (SIAP).

“El SIAP permitirá sistematizar y automatizar la trazabilidad en toda la cadena productiva de acuicultura y pesca en el país, dentro de un modelo de calidad y mejora continua de gestión por procesos y monitoreo espacial”, explica el Ministerio de Producción mediante un comunicado.

En el acto de inauguración, en Manta, el ministro Iván Ontaneda subrayó que el SIAP velará por el cumplimiento de las normas y reglamentos nacionales e internacionales, mediante la automatización de procedimientos y con una tecnología de respaldo “auditable, interoperable y fortalecida”.

Este sistema, añade la Cartera, ayudará a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Para el control de la pesca ilegal, el Gobierno lanzó en febrero del 2020 el proyecto de Inversión de mejora de la competitividad del sector acuícola y pesquero, con un presupuesto de USD 26 millones.

Gustavo Núñez, gerente general de la empresa atunera Asiservy, subraya que la transparencia en la trazabilidad garantiza sostenibilidad, calidad e inocuidad del producto. Núñez, quien ha participado en las mesas técnicas del SIAP, prevé que en el plazo de un año se logre la implementación del sistema en la industria pesquera.

En Asiservy han avanzado en la automatización de la trazabilidad de sus productos, por lo menos en un 75%, detalla Núñez. En el transcurso de este año esperan lanzar una aplicación que permita al cliente acceder a la trazabilidad.

Mónica Maldonado, directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (Ceipa), alerta sobre la demora en la emisión del reglamento de la nueva ley que, según las disposiciones transitorias, debió expedirse en un plazo de seis meses. “Esto es parte importante para el ejecútese de esta ley, que es potente y da una imagen muy buena del sector al mundo”.

La representante del gremio recalcó que la trazabilidad dejó de ser un elemento diferenciador, como lo fue hace 10 años, para ser un requisito para permanecer en el mercado y ser la elección del consumidor en las perchas.

En la misma línea de fortalecer la trazabilidad, Ceipa ha venido trabajando desde el 2013 en el Esquema de Certificación de Sostenibilidad Ecuatoriana Atunera -SEA, bajo el estándar GSSI, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Este esquema, que está en etapa de preevaluación, abarca cinco módulos: cumplimiento sobre la pesquería del atún, buenas prácticas a bordo, buenas prácticas sociales a bordo, cadena de custodia y buenas prácticas de manufactura.

Las exportaciones impulsan al sector y generan divisas

El atún y el camarón se constituyeron en productos de exportación claves durante el año pasado. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda, ha reconocido que gracias a las ventas externas de ambos rubros, el país obtuvo USD 15 000 millones en el 2020.
La oferta exportable de atún se compone principalmente de conservas y lomos de atún.

La industria atunera es una de las actividades más importantes para el ingreso de divisas, tanto del sector pesquero como de las exportaciones no petroleras.

De cara al crecimiento de las exportaciones, Gustavo Núñez, presidente del Directorio de Asiservy S.A. y Presidente del Directorio de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (Ceipa), señala algunas estrategias. Entre ellas, la mayor apertura de mercados a través de acuerdos comerciales, la internacionalización de marcas ecuatorianas, la especialización de productos con mayor valor agregado, y la promoción y difusión del compromiso con la pesca regulada y sostenible.

Actualmente, los principales mercados de la industria atunera del Ecuador se sitúan en Europa y América Latina, que representan el 72% y 18% respectivamente, seguido de EE.UU. con el 10%. “Esta dependencia de Ecuador en dos grandes mercados (Europa y Latam) responde principalmente a la falta de acuerdos comerciales. Existen países importadores de conservas de atún como Japón, Arabia Saudí, Australia, o Canadá, donde la presencia de Ecuador es prácticamente inexistente, con lo que se está dejando de atender cerca del 35% del mercado mundial de atún”, señala Núñez.

En cuanto a la internacionalización, el Presidente de Ceipa explica que muchas de las principales plantas atuneras en Ecuador, cuentan con su propia marca en el mercado local, pero no todas han podido llevarla fuera de las fronteras nacionales. “El principal caso de éxito es Nirsa con su marca Real, que se comercializa en varios países de América Latina. Expandir este segmento implica una mayor rentabilidad, aunque viene acompañado de una inversión importante en canales de distribución y marketing”.

La llegada de un nuevo Gobierno también es una oportunidad para posicionar mejor a uno de los productos de mayor crecimiento en la oferta exportable no petrolera. “La acción más concreta es la aplicación de la nueva Ley de Pesca y la implementación de su respectivo reglamento. Esto va a permitir que las reglas sean en igualdad de condiciones para todos los sectores. Así también, la nueva autoridad debe rodearse de profesionales competentes designados de manera transparente y sin compromisos”, indica Núñez.