Tras la jornada de movilizaciones cumplida la semana anterior, cabe un profundo análisis sobre el desarrollo de la industria minera en el país, con base en la experiencia que ha dejado el petróleo.

Si bien se encuentra en marcha la ejecución de un contrato entre el Estado y la firma de origen chino Ecuacorriente, sobre la base de este compromiso se pueden despejar las dudas que aún existen de cara a la contaminación y destrucción del hábitat, frente a los intereses nacionales y a la generación de nuevos ingresos con esta industria extractivista.

Desde una perspectiva empresarial y económica, el desarrollo de la minería es una importante fuente de ingresos para cualquier economía, más allá de las líneas ideológicas que pueden caracterizar a los diferentes gobiernos. La explotación de minerales está en Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina... y, desde este año, Ecuador.

Por el lado de la afectación ambiental y el cumplimiento de los derechos de la naturaleza que consagra la Constitución es evidente que el proceso requiere un mayor acercamiento entre las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia de los grandes proyectos mineros, el Estado y las empresas que alistan sus proyectos de explotación.

Depender solo de los recursos naturales no renovables para el sustento de la economía no es la mejor receta. Es indispensable que a la par del debate minero se den los espacios necesarios para explorar las otras fuentes de ingresos que necesita el país. La producción con valor agregado, la ampliación de la oferta exportable, el desarrollo de alianzas estratégicas públicas y privadas, también deben ser parte de esa agenda en la que participen todos los involucrados.