Esta semana es decisiva para conocer si entra en vigencia o no la décima reforma tributaria enviada por el Ejecutivo, cuyo objetivo es financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano desde el próximo año, y su principal fuente de financiamiento proviene de la banca privada. La Asamblea Nacional tiene previsto tratar este martes, en segundo debate, el proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución del Gasto Social.

Entre otras disposiciones, la norma establece un cambio en la fórmula de cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta de los bancos, considerando el 3% de sus ingresos gravados del ejercicio anterior. Además, se prevé una tarifa del 12% para los servicios financieros; se determina la obligatoriedad de remitir información de las instituciones del sistema financiero público y privado, y del sector financiero popular y solidario, directamente al Servicio de Rentas Internas sin necesidad de intermediación de autoridad alguna.

Las entidades financieras privadas han realizado pronunciamientos sobre las consecuencias de la aprobación de este proyecto, mientras que las autoridades gubernamentales y de control bancario han lanzado advertencias frente a esas reacciones. Todo ello, mientras otros sectores productivos miran con atención el desenlace de la ley, por los efectos que pudiera generar en el acceso al crédito.

En medio de esta situación están los clientes, quienes esperan que la ley no genere preocupaciones que puedan afectar la relación que mantienen con el sistema financiero.

Por ello, si bien el debate legislativo está caracterizado por matices de índole político, en estos momentos se demanda un análisis técnico y razonado del alcance de la ley.