Son ya cerca de 40 resoluciones y regulaciones que afectan a las instituciones financieras privadas ecuatorianas desde mediados del 2007. Estas medidas van desde reformas a leyes, regulaciones a tarifas, creaciones de impuestos como el de la Salida de Divisas (ISD), controles a los ingresos de divisas, entre otras.

En los últimos días, las miradas se dirigieron hacia el Banco Central del Ecuador (BCE), específicamente a la resolución 029. La norma establece, en sus principios generales, que las instituciones financieras nacionales están obligadas a ingresar al país todas las divisas (dólares, euros, yenes, etc.) que sus clientes les entregan en el extranjero. El Central llevará el control y registro de estos movimientos.

Los analistas mencionaron el concepto de incautación o retención de divisas. No obstante, las autoridades del Banco negaron esa posibilidad y hablan de que sus resoluciones apuntan a fortalecer y proteger la dolarización, un sistema que fue adoptado hace 12 años, tras el traumático ‘crack’ financiero que vivió el Ecuador entre 1998 y 1999.

Los indicadores del sistema financiero privado son sólidos. Los depósitos y las utilidades, por ejemplo, muestran un crecimiento sostenido en los últimos años, con excepción del 2009, año en el que la economía sintió los coletazos de la crisis internacional. Sin embargo, los recuerdos del colapso financiero que sufrió el país a finales del siglo XX no se borran de la memoria de los ecuatorianos.

Es una obligación, entonces, contar con señales claras de parte de las autoridades económicas del Gobierno. Estas ofrecerán tranquilidad tanto a la banca privada como a la economía ecuatoriana en general.