Alrededor de USD 200 millones están en juego con la neuva Ley de Inquilinato, que se encuentra en manos del Presidente de la República para su aprobación o veto, decisión que deberá tomarla hasta en 30 días.

Ese monto de dinero está principalmente enfocado en la obligación que se crea de depositar dos cánones de arrendamiento mensuales en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF). Según explica el impulsor de estas reformas, el asambleísta Mauro Andino, "se determinó que la garantía se exija solamente cuando al arriendo supere el 50% de la remuneración básica del trabajador en general. Es decir, cuando el canon pase de USD 159. Solo ahí se determinará, máximo, dos cánones como garantía. Este valor ya no va a manos del propietario sino a una cuenta del BNF para precautelar el dinero que corresponde al inquilino como garantía y también para garantizar los derechos del propietario. Es decir, para las partes por igual".

Pero para el presidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha, Hermel Flores, en este punto radica, precisamente, la mayor preocupación de las reformas realizadas a la Ley de Inquilinato. El dirigente gremial se pregunta cómo se va a manejar ese dinero y si se devolverá los intereses que una cantidad de esa naturaleza generaría en dos años. "Como arrendatario, me gustaría que, al menos, me devuelvan 5% de intereses que hace años era una figura que se utilizaba".

Sin embargo, su análisis va más allá. Flores explica que la cantidad de personas que arrienda en el país es bastante grande y no está cuantificada ni establecida oficialmente. "Conforme el Censo del 2010, el 21,4% de las viviendas en Ecuador es arrendada, eso significa 816 664. Es una cantidad bastante grande, pero no hay estadísticas que muestren qué está pasando. Esto solo lo determinó el Censo, pero la mayoría de contratos no está registrada en los municipios. Allí se han registrado las edificaciones, las propiedades, pero no si está o no arrendada".

Con esta cifra (816 664 viviendas arrendadas), si la Ley pasa tal cual, significaría que cada uno de los propietarios debería destinar dos cánones mensuales de garantía hacia las cuentas del BNF. "A grosso modo, en nuestros cálculos estimamos que unos USD 200 millones pararían en manos públicas. ¿Qué se va a hacer con ese dinero?" se pregunta Flores.

Para el ingeniero Diego de la Torre, la tarea más engorrosa será levantar un catastro apegado a la realidad y lo más exacta posible. "Va a ser una tarea titánica y no sé si se van a tener los recursos suficientes para levantar esa información. Las oficinas de registro de arrendamientos tendrían que convertirse en una especie de 'policías de arriendos' para controlar si los contratos se están registrando o no. Actualmente, en el país se desconoce a ciencia exacta cuántas personas arriendan. Mucho es informal".

En la misma línea se pronuncia la corredora inmobiliaria Francisca Gutiérrez, para quien no solo es la falta de catastro sino que en las reformas a la Ley no se establece explicítamente qué sucederá con los locales comerciales, oficinas, galpones, terrenos, etc. "Un catastro de todo ello es aún más difícil de levantarlo. Pero la Ley misma no especifica nada acerca de este tipo de bienes inmuebles".

Andino también coincide en que será una ardua tarea, pero explica que es una obligación que deberá cumplirse. "Es difícil que se pueda controlar que todos los propietarios de los inmuebles inscriban sus bienes y contratos. Ahí hay una tarea para la oficina de Registro de los municipios. Algo importante: si un propietario no inscribe el contrato en la oficina municipal corre varios peligros: si quiere demandar al arrendatario, no lo podrá hacer ya que debe presentar el contrato inscrito y, adicionalmente, deberá presentar el certificado del canon de arrendamiento establecida por la oficina municipal".

Mientras esto se debate, otro sector también ha lanzado su alerta: el turístico. El empresario hotelero Gabriel Torres, por ejemplo, desconoce qupe sucederá con el tema de los arrendamientos por temporada que se realizan en varios sitios turíticos. "Si arrendamos por semanas o hasta unos pocos meses, ¿la garantía que solicitamos también deberá depositarse en el BNF? Me preocupa la ambigüedad de las reformas propuestas".

Las autoridades, sin embargo, siguen adelante y habrá que esperar el reglamento de la Ley.