Más de 100 jurisdicciones internacionales reclaman autoridad antimonopolio para examinar acuerdos, adoptando diversos métodos para evaluar si una fusión podría perjudicar a los consumidores. Algunas también consideran factores adicionales, como el impacto de un acuerdo en el desarrollo económico interno.

La proliferación de reguladores de competencia plantea desafíos para las multinacionales que buscan fusionarse, al aumentar los costos y prolongar los plazos para completar una transacción.

Los gigantes cementeros Holcim Ltd. y Lafarge SA podrían tener que esperar un año o más para obtener el visto bueno para su fusión de USD 50 000 millones en unas 20 jurisdicciones. El fabricante de aparatos médicos Medtronic Inc. está solicitando autorización de los reguladores para comprar Covidien PLC por USD 43 000 millones en China, Corea del Sur, Israel, Japón, Rusia y Turquía.

En casos recientes, las compañías han aceptado hacer concesiones en países en particular para obtener aprobación. Microsoft Corp., por ejemplo, se comprometió a licenciar ciertas patentes a fabricantes de celulares chinos para lograr que Pekín aprobara la compra del negocio de teléfonos móviles de Nokia Corp.

El crecimiento de la regulación internacional sobre las fusiones proviene de un conjunto de factores, entre ellos el deseo de países emergentes de proteger a sus consumidores conforme ingresan a los mercados globales. La supervisión de las fusiones es también una forma que tienen algunas jurisdicciones de obtener tarifas y concesiones de las empresas, dicen observadores. El brazo de competencia de Comesa, una comisión que representa a 19 países del este y sur de África, puede cobrar hasta USD 500 000 por someter acuerdos a aprobación, casi el doble de las tarifas más altas en EE.UU.

Las fusiones no necesitan recibir la aprobación de todos los países, pero varias transacciones pendientes ilustran los esfuerzos de las empresas para conseguir el visto bueno de más jurisdicciones alrededor del mundo.

Abogados antimonopolio señalan la adquisición de Nokia por parte de Microsoft como un ejemplo de los posibles desafíos. Las empresas solicitaron autorización en 17 jurisdicciones y les llevó ocho meses completar la operación, pese a que la mayoría de los observadores no veía grandes problemas.

Además de comprometerse a conceder patentes en China, Microsoft encaró obstáculos en Corea del Sur. Las autoridades antimonopolio buscaron concesiones de propiedad intelectual que iban más allá de los pedidos de China, según fuentes. El gigante tecnológico estadounidense modificó la transacción para excluir una fábrica de Nokia en Corea del Sur y luego cerró el acuerdo en abril, tras decidir que no necesitaba la aprobación de este país. Seúl aún investiga la operación y las partes están en conversaciones de conciliación.

Uno de los grandes desafíos de las empresas es determinar qué gobiernos pueden reclamar autoridad sobre determinada transacción, una tarea complicada debido a que las directrices varían mucho. "Todas las firmas de abogados importantes tienen una lista, que suele ir de Albania a Zimbabue, y uno tiene que pasar jurisdicción por jurisdicción", comenta William Blumenthal, exabogado general de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU.

Stephen Axinn, de Axinn, Veltrop & Harkrider LLP, recuerda una transacción de miles de millones de dólares en la que las empresas estaban preocupadas por posibles demoras en el caso de que tuviera que ser examinada por Guinea Ecuatorial. Al final, no tuvieron que solicitar permiso en ese país y la operación siguió en marcha.

La cantidad de regímenes antimonopolio en el mundo "es sorprendente", opina Axinn. Añade: "Hace 15 años, no estaríamos teniendo esta conversación. La mayor parte de esto ha ocurrido en los últimos 10 años".