Para los sectores de pesca y de acuicultura, el 2012 fue un año que trajo estabilidad y alentó su desempeño económico. Juntos generaron más de USD 2 000 millones en divisas de enero a octubre último e involucró a más de 632 000 trabajadores directos e indirectos, entre industriales y artesanales.

El último análisis del Banco Central del Ecuador (BCE) muestra que en el segundo trimestre, ambas actividades aportaron más al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), en un 4,7% respecto al trimestre anterior.

Los resultados se presentaron, a pesar de una serie de regulaciones que se fueron adaptando por disposición gubernamental. Entre ellas, el censo pesquero artesanal, la eliminación de la flota de arrastre (que entró en vigencia el pasado 15 de diciembre), la legalización de las piscinas camaroneras, así como la fijación de reglas para impulsar la maricultura.

En la industria camaronera, los índices de productividad por hectárea fueron mejores que otros años. Eso se debe a la mano de obra calificada que se está abriendo campo en el país, según explicó José Campozano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA). “Fue un año dinámico. Se ha vendido más, pero a un costo mayor en investigación y esfuerzos”, comentó.

En la provincia de El Oro, por ejemplo, ya existen camaroneras que el año pasado lograron un promedio de 3 800 libras por hectárea de camarón, frente a las 3 000 libras que antes eran referentes, dijo el titular del gremio.

En Guayas, la productividad se mantiene en las 1 800 libras y en Manabí la situación es similar. Según el viceministro de Pesca y Acuacultura, Guillermo Morán, de las 40 000 hectáreas (ha) de camaroneras estimadas se han regularizado aproximadamente 28 000.

Las restantes 12 000 no lo han hecho por diversos motivos, como la falta de conocimiento, caducidad en los permisos de concesión de playa y bahía o desinterés. “Con ellos debemos tomar una decisión. Una de ellas sería revertir la propiedad al Estado, para luego entregarles a las comunidades costeras”, afirmó Morán.

Un monitoreo preliminar determinó que la mayoría de esas 12 000 ha pertenece a pequeños productores (menos de 10 ha cada uno) y todas están en zonas de playa y bahía. Para operar en esos sitios, el Estado otorga permisos de concesión.

La pesca artesanal entró a un programa de ordenamiento, que incluyó el desarrollo de un censo. Esta medida no solo buscó conocer el número de personas que se dedican a esta actividad, sino para determinar su realidad socioeconómica. Los resultados preliminares muestran que, al momento, hay 66 000 pescadores censados. Sin embargo, el viceministro Morán cree que hasta febrero cuando culmine el proceso, estarán integrados unos 80 000.