El afán reformista del Gobierno contrarió al arraigado hábito del régimen escolar trimestral, al cambiarlo por el quimestral. Frente a esto habrá que esperar por los resultados. Sin embargo, la decisión, de trascendencia, se sustenta en tesis de discutible solidez.

Los argumentos técnicos no siempre justifican cambios que desacomodan rutinas, entendidas como ritmos sociales de hacer ciertas cosas. Desde luego, no se trata de dejarlo todo intacto, con la convicción de que nada es perfectible; simplemente los cambios deben justificarse. En el presente caso, la pregunta obligatoria es: ¿qué se mejora con esta decisión?

Es ilusorio pensar que las modificaciones de forma mejorarán el fondo, que los cambios pensados desde los escritorios darán un vuelco al sistema educativo.

De otra parte, los planteamientos pedagógicos utilizados son bastante relativos y débiles. Concretamente, no hay estadísticas comparativas sobre el rendimiento de los estudiantes de uno y otro régimen. No hay evidencias cuantitativas y cualitativas que demuestren que el cambio realizado era imprescindible.

Si la idea es la uniformidad, que no exista un sistema dual, también se pudo adoptar en la modalidad por trimestres de forma general. En suma, es una moneda lanzada al aire, con la esperanza de que caiga al lado deseado.

Mientras tanto, se comprometen asuntos prácticos, que alterarán la rutina familiar, que modificarán, con toda seguridad, el comercio, el tráfico turístico. Obligará a cambiar los calendarios de vacaciones establecidos por las empresas, pues muchísimos trabajadores sincronizaban su periodo de descanso con el de sus hijos.

Las leyes, normas, reglamentos, deben armonizar con el contexto, con la realidad, para que tengan arraigo y validez, para que los colectivos se sientan incluidos, responsables de su cumplimiento y no entes pasivos, que sufren las leyes.

Si las decisiones de los tecnócratas se basan estrictamente en divagaciones teóricas, si lo que quieren reinstituirlo todo, por el hecho de cambiar por cambiar, el fracaso está anunciado.

Los desacomodos que provocan los cambios resultan a veces positivos, pero también pueden generar impactos sustanciales en la población.

Toda acción orientada a apuntalar la fachada de una estructura seriamente comprometida, como en el caso de la educación ecuatoriana, solo aplaza lo inevitable: el colapso educativo.

Con los cambios al régimen escolar solo se alborotará la comarca; lo de fondo quedará tal cual.