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El memo de la semana: Otra reforma tributaria

Los sectores productivos y gremios empresariales del país han expresado sus dudas respecto de las bondades del denominado proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social. Esta propuesta legal, que tiene un alto componente tributario, fue enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el carácter de económico y urgente, con el propósito de viabilizar el incremento del Bono de Desarrollo Humano en USD 15.

En síntesis, la propuesta busca la elevación del 1 al 3% del anticipo del Impuesto a la Renta, el tributo de 0,25% para los depósitos de la banca 'off shore' y la eliminación de las exenciones tributarias a los servicios financieros.

Desde la perspectiva empresarial, las afectaciones que generaría una eventual aplicación de la ley se concentran en una reducción del crédito productivo, debilidad institucional en el ámbito jurídico, desmotivación para invertir en el país e inconvenientes en las actividades y transacciones en el comercio internacional. A esto se añade la evidente preocupación de las entidades financieras privadas, frente a un debilitamiento del sector y del patrimonio bancario.

Entre los argumentos del Ejecutivo para canalizar su ofrecimiento está el profuso crecimiento económico alcanzado por el sistema financiero en los últimos dos años. Además, sostiene que es el momento de compartir las ganancias de un sector que, durante el 'crack' bancario de 1999, se benefició de los recursos de todos los depositantes.

El debate de este proyecto, que prevé arrancar esta semana en la Asamblea, amerita un profundo análisis, que marque distancias con el entorno electoral que comienza a tomar fuerza en el último bimestre del año.