La Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista emite y opera tarjetas de crédito desde el año pasado. Foto: Giovanni Astudillo / LÍDERES

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Redacción Cuenca
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El sector plantea nuevas normas para el desarrollo

10 de abril de 2017 11:09

La normativa que permite a las cooperativas de ahorro y crédito emitir y operar tarjetas de crédito es uno de los principales cambios regulatorios que se aplicaron para estas instituciones financieras del Ecuador. Desde octubre pasado, la Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP) fue la pionera con este servicio.

Una vez que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria entregó la autorización, esta cooperativa azuaya, que es considerada como la más grande del país por su nivel de activos, entrega a sus socios las tarjetas internacionales Visa y Mastercard.

La Cooperativa JEP tiene tres presentaciones. La primera es la denominada Clásica, que tiene un cupo límite de hasta USD 1 000. La Oro hasta USD 5 000 y la Signature hasta 20 000.

Según el director ejecutivo de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), Juan Pablo Guerra, es uno de los logros más relevantes para este sector y, en la actualidad, ya hay otras instituciones que realizan el proceso de calificación para también ofrecer este servicio a sus socios.

Guerra dice que las cooperativas no solo deben tener la voluntad de hacerlo sino, fundamentalmente, demostrar que cuentan con las condiciones técnicas e institucionales para emitir una tarjeta de crédito. “La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria garantiza el correcto funcionamiento de este servicio”.

Por otro lado, Guerra señala que a través de la Asociación de Organismos de Integración del sector Financiero Popular y Solidario han entregado propuestas de normativas para mejorar la regulación del sector y consolidar su crecimiento.

Entre otras, destaca, las políticas para el financiamiento de la vivienda de interés público. Además, entraron en vigencia las reformas para el fondo de liquidez del sector popular y solidario y una norma para el sostenimiento de las cooperativas relacionado con la constitución de las provisiones de los activos de riesgo.

Para el sector también rigen regulaciones que permiten analizar y canalizar las políticas de inversión del seguro de depósitos y gestión del riesgo del crédito.

“Estos lineamientos tienen el objetivo de motivar la prudencia financiera y, sobre todo, la calidad de las instituciones”, dice Guerra.

Para el representante cooperativo, eso no representa que la totalidad de las expectativas del sector se hayan cumplido porque hay tareas pendientes. Según él, han planteado propuestas para la capitalización del sector y el manejo de la prudencia financiera en términos de la entrega de información, “que fueron presentados a la Presidencia de la República”.

También, quieren tener más participación del sector popular y solidario dentro de las negociaciones que hace el Estado. Por ejemplo, plantearon la necesidad de que las inversiones que el Estado hace comúnmente en el sector tradicional también puedan ser canalizadas a través del sector popular y solidario.

Entre otras, Guerra menciona la cancelación de los sueldos a los servidores públicos y el pago del bono de desarrollo humano. “Son propuestas específicas porque el sector se encuentra listo y preparado para asumir esos desafíos”.