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La meta son las pymes... pero falta mucho

Soy Diego, no Dieguito. Y no diseño programitas de computadora, sino software para grandes empresas”. De esta manera, el Régimen ha tratado de hacer “pensar en grande” a los micro y pequeños ejecutivos. Sin embargo, las cifras no dan mucho espacio para soñar.

Según el Censo Económico del 2010, realizado por el INEC, las grandes empresas suman una productividad laboral de 106 598 trabajadores, frente a las 38 829 personas de la microempresa y los 85 064 de la pequeña empresa.

A esto hay que sumar que la especialización de estas pymes se concentra en activar negocios de venta al por menor, actividades de restaurantes y reparación de vehículos. Es decir, el ‘business’ no genera rendimientos productivos, con generación de valor agregado.

Según la microempresaria Andrea Villegas, competir no es fácil cuando no hay las condiciones necesarias. “Invertir en tecnología de punta conlleva gastos enormes para un microempresario. En el país no se los encuentra. Entonces nos toca ser creativos, pero eso no necesariamente deriva en mayor competitividad”.

Pero desde el Gobierno la visión es distinta. Y el cambio de la matriz productiva apunta, principalmente, a impulsar a la economía popular y solidaria.

La ministra de Industrias y Productividad, Verónica Sión, señala que el proceso de transformación productiva del Ecuador avanza y que las políticas públicas que hoy se aplican en el campo de la producción generan resultados concretos: el sector industrial creció en un 6,8 % en el 2012 y la sustitución de importaciones ha permitido un ahorro de USD 618 millones entre 2007 y 2012.

“En el 2013, la orientación será el fomento de las denominadas industrias básicas”, aseguró la funcionaria.

Por esta razón, el Gobierno diseña un esquema para que quien quiera emprender habrá las facilidades, con cumplimiento de las reglas ambientales, sociales, tributarias y redistributivas.

No obstante, eso contrasta con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir donde se establece, entre otras cosas, una mayor carga fiscal, algo que desde los gremios productivos ha sido permanentemente criticado durante los seis años del actual Gobierno.