Los astilleros son una industria básica contemplada en el catálogo de inversiones del gobierno.Foto: Enrique Pesantes / LÍDERES

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Redacción Quito (I)
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Reformas aún no incentivan la transformación productiva

17 de agosto de 2015 06:19

Los cambios al Código de la Producción y sus incentivos todavía no generan masivas inversiones en minería e industrias básicas.

Ocho meses han transcurrido desde que entraron en vigencia los cambios al Código de la Producción, a través de la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, y el sector privado no tiene una buena evaluación sobre las modificaciones.

El cuerpo legal introdujo seis artículos a través de los cuales se definen incentivos de carácter tributario para las empresas que buscan el cambio de la matriz productiva. También promueven el desarrollo de industrias básicas y el impulso de las inversiones mineras.

El Código de la Producción original, según los empresarios, no cumplió con los objetivos debido a que los incentivos tributarios que proponía estaban orientados a inversiones en zonas deprimidas o a inversiones nuevas. Además, las empresas que ya estaban en marcha o que se asentaban en Quito y Guayaquil, donde se concentra la mayor cantidad de negocios, quedaban fuera.

Esta y otras situaciones llevaron a que surjan críticas al interior del mismo Gobierno. Funcionarios de diferentes entidades, a finales del 2014, indicaron que los lineamientos dentro de la Ley habían sido insuficientes para la transformación productiva del país.

Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), indicó que hasta donde conoce los incentivos planteados no han generado resultados. “El sector minero está esperando una reforma a la Ley Minera, que mejore las condiciones en términos de participación de la inversión privada frente a las regalías y los beneficios que recibe el Estado. Pero no se ha dado”.

Ante ello, dice Aspiazu, no existen los atractivos suficientes para lograr que incrementen el número de proyectos mineros en el país.

En cuanto a las industrias básicas el catálogo de inversiones del Ministerio de Sectores Estratégicos (2015-2017) muestra la posibilidad de proyectos en este sector por USD 11 955 millones. Entre los proyectos se encuentran plantas de petroquímica, de acero plano, plantas de pulpa, astilleros, entre otros.

Allí se establece que Ecuador está buscando socios estratégicos, nacionales o extranjeros, para participar en el desarrollo de distintas industrias consideradas estratégicas. Precisamente, como incentivos establecen las exoneraciones tributarias en la normativa.
Aspiazu asegura que desde que inició el Gobierno se viene hablando sobre estos proyectos y que en las condiciones económicas actuales es complicado. Explica que dichas inversiones requieren importantes montos y, los empresarios al buscar créditos tendrán que enfrentar altas tasas de interés debido al riesgo que representan los proyectos.

La ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, respeta las posiciones críticas con relación a la inversión, pero asegura que sí hay interesados en hacerlo y que las cifras lo muestran.

Según Cely, entre el 2012 y el 2015 se firmaron 44 contratos de inversiones por USD 4 565 millones. La funcionaria no detalló cuánto se ha ejecutado del total a la fecha. También indicó que la inversión de firmas ecuatorianas el año pasado, sin contar petróleo y minas, fue de USD 5 180 millones.

¿Por qué no fue suficiente el Código con los incentivos iniciales? Según el Ministerio Coordinador de la Producción, los incentivos del Código siempre fueron y son atractivos. La decisión de crear nuevos beneficios no fue tomada por alguna insuficiencia, sino que fueron resultado de un diálogo abierto con cámaras industriales, grupos empresariales y representantes del sector privado. “Siempre encontraremos nuevas maneras de apoyar a la industria nacional y de fomentar la nueva inversión. Estas reformas son una muestra de nuestro compromiso como Estado de seguir mejorando nuestras políticas a favor del crecimiento de la industria”.

La inversión destinada a promoción disminuyó

La Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, aprobada en diciembre del 2014, tiene como objetivo generar inversiones por unos USD 200 millones en el sector de la producción. Pero el sector empresarial y exportador considera que la medida tuvo, sobre todo, fines recaudatorios.

Entre las medidas tributarias que más ingresos generaron al Fisco está la no deducibilidad de los gastos en publicidad de productos hiperprocesados para la declaración del Impuesto a la Renta. Como consecuencia de esto los recursos para promocionar marcas, productos y servicios, tuvieron una caída en su crecimiento; pasando del 10% al 5% anual, indica un estudio de Infomedia Ibopetime del 2015.

El gasto en medios de comunicación pasó de USD 346 millones en el 2014 a USD 173 millones en el período comprendido entre enero y junio de cada año. Carolina Arcos, analista económica de la Universidad Andina, señala que esto se debe principalmente por la falta de ingresos que percibe el mercado.

Así también la tarifa para el consumo de cigarrillos y licores se modificó. El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de cigarrillos aumentó de USD 0,0925 a 0,1310 por unidad. El crecimiento en la recaudación fue del 15,7% en comparación con el 2014 .

Para el segmento de licores, en cambio, se modificó el método del cálculo del ICE. Como consecuencia, por consumo de cerveza nacional, este impuesto tuvo un crecimiento del 12,9% desde el año pasado.

Para los licores como vodka, whisky, ron, entre otros, se registró una caída del 8,3% al comparar el primer semestre del 2014 con el del 2015. “Esto es por el incremento del contrabando desde Colombia y Perú”, asegura Jorge Tálbot, de la Asociación de Productores de Licores.

Sectores productivos siguen a la espera de los beneficios ofrecidos

La Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal pretende beneficiar a las firmas que inviertan en proyectos que aporten al cambio de la matriz productiva. Estas inversiones deben sobrepasar los USD 100 millones por proyecto.

El Ministerio Coordinador de la Producción señala que en la reforma realizada al Código de la Producción en diciembre del 2014, se creó un beneficio adicional para las empresas existentes antes de la puesta en vigencia del Código: la doble deducibilidad del gasto de depreciación de los activos productivos por cinco años. “El efecto de este incentivo, es una reducción del pago del impuesto a la renta”.

Esto permitiría a las empresas lograr una estabilidad tributaria. Según el artículo 28 de la Ley, el impuesto a la renta se fijará en un 22% para las empresas que desarrollen proyectos de minería a gran escala, mientras que en otras inversiones para sectores productivos el impuesto queda en 25%.

Pero esta iniciativa no ha tomado mayor impulso en el sector minero. Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Azuay, menciona que las 40 empresas afiliadas al gremio todavía no tienen proyectos a gran escala que les permita beneficiarse. Las reformas han sido insuficientes, dice, debido a que el país no atrae a la inversión extranjera.

Además, agrega Vargas, otros aspectos, como la demora en la obtención de licencias ambientales, permisos para el uso y reuso de agua, son trámites que complican el desarrollo de proyectos mineros que debieran atraer inversión.

Vargas también menciona que los cinco proyectos impulsados por el Gobierno (Fruta del Norte, Mirador, Loma Larga, Río Blanco y Panantza-San Carlos) tampoco se están materializando debido a que las condiciones técnicas y financieras no son atractivas.

La Cámara de Minería de Azuay considera necesaria una nueva revisión a esta ley, para así dinamizar la inversión nacional y para que en materia de competitividad, el país pueda ubicarse frente a países como Colombia y Perú.

La empresa china Ecuacorriente indicó que sí tiene un contrato de inversiones con el Gobierno ecuatoriano, pero no ofreció mayores detalles. De igual manera, se consultó a la Cámara de Minería del Ecuador pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Un sector que impulsa el cambio de la matriz productiva, sin acogerse necesariamente a la Ley de Incentivos, es el de cosméticos. La empresa René Chardon, con presencia de 40 años en el mercado ecuatoriano, elabora productos para el cabello y cosméticos.

Christian Donoso, CEO de la compañía, afirma que acogerse al cambio de la matriz productiva no ha significado una masiva apertura en cadenas de distribución del producto nacional.
Asimismo, esta firma ecuatoriana tiene otros beneficios en importación de maquinaria, por ejemplo. Aunque el crecimiento registrado de esta firma en este año del 18% está bajo el esquema gubernamental, Donoso dice que no ha sido un beneficio directo del Gobierno.

Según el Ministerio Coordinador de la Producción, entre enero y agosto de este año se aprobaron 29 contratos de inversión por un monto total USD 1 949 millones; de este capital más del 75% proviene del extranjero.

Asimismo, de estos 29 contratos, USD 749 millones (el 38% del total registrado en los contratos de inversión) se ubica en los sectores productivos no petroleros del país como turismo, alimentos industrializados, metalmecánica, petroquímica, energías renovables y fabricación de cemento.

Clasificación general de la Ley de Incentivos.  

Los incentivos de orden tributario son de tres clases: generales, que aplica a las inversiones que se ejecutan en cualquier parte del territorio nacional; los sectoriales y para el desarrollo regional equitativo, que se refieren al cambio de la matriz energética, sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones. Otra categoría es la exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas.

Sectores.  Las industrias que intervienen en este código son: producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; la cadena forestal y agroforestal (con productos elaborados); la metalmecánica; petroquímica; farmacéutica; turismo; energías renovables (incluida la bioenergía o energía de biomasa); servicios logísticos de comercio exterior; biotecnología y software aplicado, entre otros.

Infracciones y sanciones.  La ley establecería sanciones, en caso de comprobarse incumplimiento por parte de los inversionistas en caso de que no se ejecuten las condiciones mínimas de la inversión autorizadas, en los plazos previstos.

Objetivos. La iniciativa del Gobierno con esta ley es establecer incentivos para viabilizar y ofrecer sustentabilidad a sectores estratégicos e industrias básicas, en tema de políticas e infraestructura.

Incentivos. Para la inversión pública y privada tienen que cumplir los roles de complementación directa en los Sectores Estratégicos. Para esto también se requiere el fomento y promoción de los proyectos. Además de los beneficios tributarios que otorga la ley.